El Gobierno cántabro quiere multar con 2.000 euros la exhibición de símbolos franquistas

Operarios retiran el año pasado el monumento franquista instalado en el paseo de Reina Victoria de Santander./Roberto Ruiz
Operarios retiran el año pasado el monumento franquista instalado en el paseo de Reina Victoria de Santander. / Roberto Ruiz

El anteproyecto de ley que prepara el PSOE, que en septiembre saldrá a información pública, recoge la creación de una Dirección General de Memoria Histórica y una Comisión de La Verdad

Gonzalo Sellers
GONZALO SELLERSSantander

Mientras la tumba de Franco en el Valle de los Caídos acapara los focos mediáticos en Madrid, Cantabria prepara una Ley de Memoria Histórica que castigará la exhibición de símbolos franquistas, llevará a las aulas una asignatura que «dignifica» a las víctimas y creará una dirección general dedicada en exclusiva a encontrar y proteger las fosas ocultas todavía en la región, entre otras medidas.

La llegada del PSOE a La Moncloa ha resucitado el interés por desenterrar uno de los capítulos más oscuros de la historia de España y, sobre todo, la urgencia por hacer desaparecer cualquier homenaje al bando nacional, aunque eso suponga poner del revés el callejero de muchas ciudades o derribar un puñado de monumentos. Una iniciativa que ya arrancó con Rodríguez Zapatero, se desinfló durante el mandato de Mariano Rajoy y, ahora, Pedro Sánchez ha colocado en los primeros puestos de su agenda política.

Algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE llevan tiempo trabajando en una legislación específica sobre la Memoria Histórica, como Baleares, Asturias y, ahora, Cantabria. Aquí, fue el exconsejero de Educación y Cultura Ramón Ruiz el que encargó el año pasado a la Universidad de Cantabria elaborar un documento que, tras su destitución, adoptó su sucesor en el cargo, Francisco Fernández Mañanes.

Uno de los capítulos más llamativos del anteproyecto en el que trabaja el Gobierno es el que recoge «la prohibición de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, y de los actos de exaltación al franquismo». Es decir, ya no se podrán portar y mostrar en público escudos, insignias o banderas que se puedan identificar con la dictadura. Las sanciones en estos casos serán consideradas leves y las multas irán desde los 200 hasta los 2.000 euros. Pero en caso de reincidencia, esas faltas se convertirían en graves o muy graves, con castigo de hasta 150.000 euros. El propio Gobierno tendrá una base de datos para «seguir y comprobar» a las personas o instituciones que hayan sido sancionadas en algún momento.

Los símbolos preconstitucionales no son ilegales en España. Ni los utilizados durante el régimen de Franco ni los anteriores, ya sean democráticos (como los de la I y la II República) o totalitarios. De hecho, el Código Penal no castiga el uso de los símbolos asociados al régimen. El delito de apología del franquismo no existe, pero sí hay una excepción con las figuras públicas. Un alcalde, por ejemplo, no podría poner una bandera franquista en el Ayuntamiento y alegar libertad de expresión. En este caso, la enseña iría en detrimento de los símbolos constitucionales y se podría llegar a acusar al alcalde de prevaricación.

El PSOE regional sigue, en este caso, los pasos dados antes por Asturias o Baleares. En el Principado aprobarán el próximo mes una Ley de Memoria Histórica que sanciona los mismos casos y con las mismas cantidades que lo recogido en el anteproyecto cántabro. En Baleares, la normativa ya vigente prevé multas más duras, de hasta 10.000 euros.

Una nueva asignatura con una «visión objetiva» de la guerra

El Gobierno cántabro llevará a las escuelas y los institutos la memoria histórica de las víctimas del franquismo. Los alumnos de Secundaria y Bachillerato tendrán como materia de estudio obligatoria una asignatura con los contenidos de la futura ley regional, que entre otros objetivos se propone recuperar la dignidad de las víctimas de la dictadura franquista y cerrar heridas con vistas al futuro. El anteproyecto define esta nueva materia como «el desarrollo de contenidos que permitan a los alumnos adquirir una visión objetiva y ponderada de las circunstancias históricas que desembocaron en la Guerra Civil y la ulterior represión en la postguerra».

El Gobierno cántabro también pondrá todos sus medios para evitar cualquier acto público que «exalte el golpe militar o el franquismo, el homenaje o la concesión de distinciones a personas que apoyaron la dictadura». Esto afecta directamente a las celebraciones del 18-J (aniversario del Alzamiento), 1-A (el llamado día de la Victoria) y el 20-N (fallecimiento de Franco), que todos los años suelen reunir en algunas localidades a nostálgicos del régimen.

Al anteproyecto todavía le queda un largo proceso burocrático antes de convertirse en Ley y aprobarse, a pesar de que el delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, aseguró el pasado enero que la normativa «se aprobará esta legislatura». Una vez que el documento tenga luz verde –en septiembre saldrá a información pública– se abre un escenario de tiempos que pasa por remitir el texto al Consejo de Gobierno, que es quien tiene que aprobar la ley para su presentación en la Cámara regional, previo consenso con los regionalistas, con los que el PSOE gobierna en coalición. Los socialistas no saben cuándo llegará la normativa sobre Memoria Histórica al Ejecutivo, aunque fuentes del partido aseguran que tratará de pisar el acelerador y acortar los tiempos.

Una vez que el Consejo del Gobierno dé el visto bueno al documento, lo remitirá al Parlamento para su aprobación definitiva, pero socialistas y regionalistas tendrán que consensuar el texto con los grupos de la oposición, ya que carecen de mayoría absoluta en el hemiciclo.

Tres nuevos organismos

Para poner en marcha todas las medidas recogidas en la futura ley, el PSOE considera necesario crear tres nuevos organismos. El primero, una Dirección General de la Memoria Histórica y Democrática, dependiente de una Consejería del Gobierno, que establecerá planes de búsqueda de desaparecidos con carácter cuatrienal; contará con un presupuesto propio para el cumplimiento de sus fines, y con trabajadores públicos expertos en materias relacionadas con el derecho, la arqueología y la antropología forense.

Del mismo modo, se creará el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática como órgano colegiado, consultivo y de participación del movimiento asociativo memorialista de Cantabria. Y en tercer lugar, la bautizada como Comisión de la Verdad, un ente independiente de carácter temporal , con la finalidad de «conocer la verdad de lo ocurrido», contribuir al «esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos y las graves infracciones cometidas».

Esta comisión estará integrada por profesionales de distintas disciplinas, como juristas historiadores, psicólogos, investigadores, expertos en violencia de género, defensores de derechos humanos, y miembros de grupos memorialistas, entre otros, que cuenten con una amplia trayectoria personal y reconocido prestigio.

Un mapa de fosas para recuperar e identificar los restos

El anteproyecto de ley que prepara el Gobierno cántabro presta especial atención a las fosas comunes que existen en la región. La Consejería de Educación y Cultura considera urgente elaborar un mapa oficial para saber dónde reposan los cántabros de izquierdas fusilados o paseados durante la represión franquista, además de marcar un protocolo de exhumaciones de cuerpos en las fosas comunes. Según sus estimaciones, sólo en Cantabria hay alrededor de 7.000 familias que no saben dónde están enterrados sus muertos víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

La futura ley amplía el concepto legal de víctima de la represión, como ya hicieron en Navarra o Andalucía, al incluir no sólo a quien la padeció directamente, sino también a sus familiares. De ahí que la parte central de la Ley, y la más costosa, es la que tiene que ver con los procesos de exhumación de las víctimas del franquismo.

El Ejecutivo, en colaboración con los municipios y las otras entidades públicas, privadas y particulares, recabará la información oportuna, incluida la facilitada por los familiares directos –documentos, testimonios y la realización de pruebas genéticas–. Asimismo se prevé, con la preceptiva autorización judicial, la entrega a los familiares directos de las personas identificadas. En resumen, que se localicen todas las fosas comunes todavía ocultas en la región, se abran y se cuente con presupuesto fijo cada año para poder llevar a cabo todas las medidas previstas.

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