El Gobierno central sólo gastó el 44% del dinero presupuestado para Cantabria en 2017

Cantabria fue la comunidad autónoma en la que el Gobierno de España gastó menos dinero en inversiones del comprometido el año pasado. Según el último informe de la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, el grado de ejecución de los recursos destinados a actuaciones estatales en la región se quedó en el 44,4%, el más bajo del país, junto a Baleares (55,2%) y La Rioja (65,7%).

Con todo, este parámetro mejora sensiblemente respecto al ejercicio de 2016, en el que las inversiones reales acometidas por el Estado en Cantabria fueron tan sólo del 14,7%, frente a Baleares o País Vasco, donde el grado de ejecución fue inferior (6% y 8,9% respectivamente).

La cifra del año 2017, junto a la del ejercicio anterior, constituyen las más bajas observadas en la región en los últimos siete ejercicios y están muy por debajo del porcentaje de inversiones reales realizadas por el Estado en Cantabria en 2012, cuando se alcanzó el 166,8%, el máximo de todo ese periodo, y muy por encima de la media estatal (105,9%).

En términos absolutos, la cuantía de las inversiones reales acometidas por los diferentes ministerios en Cantabria el año pasado ascendió 45,4 millones de euros, 56,94 millones menos que los estimados (102,35 millones). Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 consignaron para Cantabria un total de 200 millones de euros (199,93) de inversiones directas de los diferentes ministerios y sociedades y empresas públicas, un 2,6% menos que en 2016, y no contemplaron ninguna partida para Valdecilla, pese el compromiso personal del entonces presidente de Gobierno Mariano Rajoy de financiar el coste íntegro de las obras, lo que suscitó las críticas del Gobierno regional.

Según las Cuentas de 2017, y sin tener en cuenta las transferencias corrientes, el Ministerio de Fomento, que hasta la moción de censura socialista de Pedro Sánchez presidió el exalcalde de Santander Íñigo de la Serna, es el más inversor, con un compromiso de gasto en 2017 de 86,04 millones de euros, aunque únicamente se han gastado 36,70 millones (un 42,7% de gasto real).

Así, según el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Ministerio había previsto en los presupuestos del año pasado 493.000 euros para la Alta Velocidad, de los que no se ha gastado ni un euro todavía. La ejecución del tren de Alta Velocidad entre Aguilar de Campoo y Reinosa está en fase muy incipiente. El estudio informativo saldrá a información pública este verano, según anunció De la Serna el pasado 6 de mayo en la capital de Campoo, en un acto público y rodeado de alcaldes de la zona, en el que avanzó que la ejecución del proyecto tendrá una inversión de «entre 436 y 460 millones de euros» (dependiendo de la alternativa que finalmente se elija), cien millones más de la previsión inicial, y supondrá un ahorro de tiempo a Madrid de 65 minutos.

Por su parte, Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias de Fomento, estimó una inversión en 2017 de 43,9 millones, de los que gastó sólo 20,7 millones (el 47,2%); el grupo Renfe-Operadora invirtió 3,69 millones de los 5,36 millones previstos; la inversión real de Puertos del Estado ascendió a 2,8 millones frente a los 23,15 millones estipulados (sólo ejecutó un 12,4%), y el Grupo Enaire, gestor de la Fundación del mismo nombre, gastó el 36,7% de la inversión estipulada, de manera que de los 1,8 millones registrados en las Cuentas de 2017 únicamente utilizó 661.270 euros.

El año pasado la Fundación Enaire y la Autoridad Portuaria de Santander firmaron un contrato de cesión de uso de las naves de Gamazo para convertirse en una sala de exposiciones de la Colección Enaire, por un plazo máximo de 20 años, prorrogable por períodos quinquenales sucesivos hasta un máximo de 50 años. El proyecto impulsado por Fomento cuenta con una inversión de dos millones de euros y una actuación sobre una superficie de 800 metros cuadrados. El objetivo es que la doble nave pueda abrir sus puertas como sede de la Colección en los primeros meses de 2019, salvo que el nuevo jefe de la cartera de Fomento diga lo contrario.

Tras Fomento, el Ministerio más inversor fue el de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Con una inversión prevista en el texto presupuestario de 17,30 millones de euros, sólo utilizó 4,46 millones, lo que supone el 25,8% de lo presupuestado. La partida inversora del Ministerio del Interior en Cantabria sumó 60 millones de euros, pero únicamente se emplearon 448.050 euros. El departamento de Defensa tenía previsto invertir 180.630 euros, aunque sólo gastó 58.129 euros.

Por el contrario, de acuerdo con el mismo informe, hubo inversiones que se ejecutaron al cien por cien, incluso superando la partida consignada. Es el caso del Ministerio de Educación, que tenía previsto invertir 27.540 euros y gastó casi el doble, un total de 43.918 euros.

Según el informe de Intervención, y en términos absolutos, el ejercicio en el que mayor importe alcanzó el gasto real de los diferentes ministerios en Cantabria fue el de 2015, con 143,3 millones de euros, cantidad muy superior a la presupuestada (108,88 millones).

Sin embargo, fue en 2016 cuando el Estado consignó la inversión más elevada, (121,91 millones de euros), aunque finalmente sólo se desembolsaron 17,89 millones, un famélico 14,7% de lo presupuestado, el porcentaje más bajo de la serie de los últimos siete años.

El ejercicio con el presupuesto más restringido para actuaciones de titularidad estatal en Cantabria fue el de 2012, con tan sólo 50,43 millones de euros previstos. Sin embargo fue el año en el que mayor grado de ejecución se alcanzó, con el 166,8%.

Por comunidades autónomas, Murcia es la región en la que el grado de ejecución presupuestaria fue el más alto el año pasado, con un ratio del 275,6%. En otras once autonomías, el Estado invirtió más dinero del consignado en la ley presupuestaria, entre ellas, en Madrid que registró un grado de ejecución del 233,8%; la comunidad foral de Navarra (236,8%), Canarias (151%), Castilla y León (139,1%) y el País Vasco (138,4%).