El Gobierno destina 25,8 millones para que los municipios contraten a 2.300 parados

Las condiciones tampoco cambian. La mayoría de estos contratos tendrán una vigencia de seis meses -excepcionalmente hay programas de 90 días- y los consistorios tienen libertad para elegir las actividades y la distribución de los peones a lo largo del año. ¿A partir de cuándo? Las primeras incorporaciones llegarán el 1 de julio. Normalmente, el 60% de los trabajadores se suele incorporar en los seis primeros meses porque los municipios tienen mayores necesidades durante le verano. Después dan el testigo al 40% restante, que trabaja entre enero y junio.

Las oficinas de empleo serán las encargadas de enviar a cada municipio beneficiario un listado de, siempre que sea posible, cuatro personas candidatas por puesto de trabajo. Posteriormente, las corporaciones podrán elegir entre dos procedimientos: realizar ellas mismas la selección final de los candidatos o, por el contrario, delegar esta función en la oficina de empleo correspondiente. En cualquier caso, la selección final habrá de realizarse entre las personas preseleccionadas por la oficina de empleo. Aunque la forma de puntuar cada perfil es un poco más compleja, tendrán prioridad los parados de larga duración y los mayores de 45 años.

Aunque el grueso de los trabajadores se integra en plantillas para realizar tareas de limpieza, mantenimiento de espacios públicos y jardinería, con estos recursos humanos adicionales también se refuerza la capacidad de ludotecas y campamentos de verano. Y hay espacio para puestos técnicos y titulados de distintas ramas. Por ejemplo, en la convocatoria que está a punto de acabar, Santander incluyó guías turísticos, archiveros, educadores ambientales, informáticos, trabajadores sociales, arquitectos, psicólogos e ingenieros de obras.

«Estas ayudas proporcionarán a las entidades locales beneficiarias el refuerzo de personal necesario para los servicios municipales, al tiempo que aportan a las personas trabajadoras seleccionadas una experiencia laboral y un apoyo en su inserción laboral», defendía ayer el consejero responsable del área, Eduardo Arasti.

No hay cambios porque los que prometió el PP respecto a la etapa del bipartito PRC-PSOE se implementaron hace un año. Hace doce meses, la Consejería «mejoró» las bases atendiendo a las peticiones de los ayuntamientos y mancomunidades a las que van dirigidas las ayudas. Así, la convocatoria pasó de ser bianual a anual, lo que permitió a un mismo desempleado ser contratado dos años seguidos, no como con el sistema anterior. Además, se facilitó la contratación a las mancomunidades con el objetivo de que no quedaran puestos sin cubrir. Hasta entonces, estas entidades solo podían contratar a desempleados que fueran de larga duración y eso llevaba a que algunos puestos quedaran sin cubrir a pesar de que existían perfiles demandantes de empleo.

En esta convocatoria, son 101 los ayuntamientos cántabros que recibirán la subvención de la orden de corporaciones locales para la contratación de desempleados. Todos menos uno. Se ha quedado fuera el municipio de Ribamontán al Monte. Según explican desde la Consejería de Industria y Empleo, el funcionario municipal que envió la documentación lo hizo fuera de plazo. Aunque el Gobierno de Cantabria ha intentado corregir este error humano en conversaciones con la Alcaldía, al tratarse de un procedimiento competitivo, los jurídicos no han dado el visto bueno.

Además de los consistorios, se beneficiarán quince mancomunidades y dos asociaciones de municipios. Al contrario de lo que venía siendo habitual, en esta ocasión Torrelavega (1,3 millones) no es el ayuntamiento que recibirá más dinero pese a que se mantiene la discriminación positiva a la comarca del Besaya por sus peores datos de paro. Le adelanta Santander (1,5 millones). El tercero es Castro Urdiales con 864.300 euros.