El Gobierno dota al nuevo Plan de Emergencia Social con 93,7 millones

Imagen de archivo de un grupo de personas esperando para acceder a la Cocina Económica./Sane
Imagen de archivo de un grupo de personas esperando para acceder a la Cocina Económica. / Sane

El departamento de Eva Díaz Tezanos diseña un proyecto a tres años con 126 medidas que implican a varias consejerías para «atender a los que no cuentan con recursos económicos suficientes»

Enrique Munárriz
ENRIQUE MUNÁRRIZSantander

Aunque todos los indicadores avanzan una «lenta» recuperación en las tasas de pobreza y exclusión, el Gobierno de Cantabria «no baja la guardia» y ha diseñado un nuevo Plan de Emergencia Social hasta 2020 con 126 medidas que permitan atender a las personas y familias que no cuentan con ingresos económicos estables o que, en la mayoría de los casos, estos ya no resultan suficientes para hacer frente a esas necesidades. La estrategia, que incluye medidas de prácticamente todas la consejerías, cuenta para este año con una dotación de 93,7 millones de euros frente a los 85,7 millones de 2017, lo que supone un incremento presupuestario de ocho millones.

Este nuevo plan 2018-2020 surge del «compromiso que, como Gobierno, tenemos con todas las personas y familias que están viviendo una situación de vulnerabilidad económica y social», destaca la vicepresidenta y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, quien asegura que «no se trata de hacer un catálogo de prestaciones económicas o de servicios públicos, sino de ir mejorando en la orientación de las políticas públicas, en el modelo con el que intervenimos para prevenir la exclusión social, con qué respuesta queremos que reciban las personas que peor los están pasando, con una respuesta adecuada y digna».

Este nuevo Plan de Emergencia Social incorpora cinco líneas estratégicas para garantizar unos ingresos mínimos y el acceso a los recursos básicos -alimentos, vivienda y suministros básicos- y facilitar la inserción laboral y comunitaria, así como garantizar el acceso a los servicios de salud y la movilidad. El proyecto, el segundo de la legislatura, mantiene todas las medidas que han ayudado a «disminuir considerablemente» el número de hogares que se encuentra «en una situación de carencia material severa» por no poder permitirse una alimentación adecuada, hacer frente a los gastos relacionados con su vivienda (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o afrontar gastos imprevistos, que ha pasado del 16,7% al 4,8%, según el Icane.

La principal cuantía va destinada a la Renta Social Básica con 31,5 millones de euros, un 10,8% más que el año pasado. La directora de Política Social, Ana Isabel Méndez, explica que la Consejería está trabajando para agilizar el «proceso de acceso a las ayudas, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera». Además, también se harán modificaciones para que llegue a «todos los perceptores que realmente lo necesitan».

Ley de renta social

Uno de los pilares será la aprobación de la Ley de Renta Social Básica, que se remitirá en breve a todas las consejerías para que presenten alegaciones y que «convertirá esta prestación en un derecho, en la línea de otras comunidades autónomas». En la práctica, no implicará grandes cambios, pero sí dará mayor seguridad jurídica a los beneficiarios.

La dotación para apoyar programas de incorporación social de adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social del Sistema de Protección de la Infancia y Adolescencia incrementarán su dotación hasta los 1.611.000 euros.

Por su parte, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte contemplaba una partida destinada a reforzar las becas de comedor en centros de educación Infantil y Primaria, que ha visto incrementada su dotación desde los 1,6 millones de euros, que tiene crédito ampliable en función de las necesidades.

En materia de empleo el Servicio Cántabro incrementará los programas específicos para la formación de las personas con necesidades formativas especiales o que tengan dificultades con nuevas plazas para su inserción o recualificación profesional, y se mantendrá con 31 millones de dotación la línea por la que se prioriza a las personas desempleadas de larga duración que no perciban prestaciones o subsidios por desempleo en el programa de colaboración con las entidades locales de Cantabria para la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social. Además, se lanzará una línea de ayudas para pagar el carné de conducir a las personas con mayores dificultades para su inserción laboral.

«Se repiten algunas medidas que son de permanencia y funcionan, pero hay cosas nuevas como la regulación de varios instrumentos de inclusión social», detalla Méndez, quien destaca la implantación del 'Housing First' como fórmula para sacar de la calle a los 'sintecho'. La receta consiste en facilitar un piso a las personas que viven en la calle con la premisa de que la vivienda es un derecho y que, con la intimidad y seguridad que proporciona, es palanca del proceso de reinserción. La idea es «llevarlo a los ayuntamientos», dice, para reducir el número de personas sin hogar y, con el doble objetivo de luchar contra el chabolismo.

Seguimiento a los menores

El Gobierno también apostará por reforzar el apoyo a los menores tutelados o los extutelados con la implantación de un programa de apoyo a la vida independiente con la prolongación de su estancia en centros públicos, apoyo a la emancipación o un programa de cooperación educativa entre la Universidad de Cantabria y el Gobierno regional para facilitar el acceso a estudios universitarios.

El documento, que ya ha sido aprobado por la comisión interdepartamental y está a la espera de recibir luz verde del Consejo de Gobierno, contempla equiparar a las familias monoparentales con las numerosas, como quedará recogido también en la Ley de Renta Social. Así, se les incluirá entre los colectivos preferentes en el Plan de Vivienda, se aprobará un decreto por el que se regulan distintos beneficios y se creará una tarjeta con «una serie de ventajas en educación, sanidad, cultura y el tema social».

Méndez también destaca la creación de un programa de mentores con emprendedores de éxito para ayudar a buscar empleo y otro de mentoría social para jóvenes con problemas en los ayuntamientos.

Asimismo, se incorporan otro grupo de actuaciones transversales que inciden y dan apoyo a todas las líneas anteriores como la red cántabra de apoyo a las personas y familias en situación de emergencia social, desarrollo socialmente sostenible, actuaciones específicas para la detención y la lucha contra la pobreza infantil. Para ello, el Ejecutivo también ha encargado un barómetro de la pobreza infantil, del que no existe ningún dato fiable, para hacer un radiografía a la hora de combatirla.

El proyecto se encuentra en fase de licitación con una empresa que realice una encuesta cualitativa y cuantitativa con las familias con al menos 1.400 muestras.

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