El Gobierno encontrará en el PRC un aliado para aprobar la Ley de Vivienda

Una de las principales medidas con las que el Gobierno quiere agitar el mercado inmobiliario en la región será autonombrarse intermediario entre el propietario de una vivienda y el inquilino. Lo que hará este plan es dar garantías máximas al dueño de la casa, que durante el tiempo que ceda su vivienda a Gesvican, por un periodo mínimo de siete años, recibirá el pago mensual -en valor de mercado- siempre que la vivienda esté alquilada. Esta herramienta es similar, aunque con algunos cambios, a la que dejó aprobada el bipartito a finales de la pasada legislatura y que no tuvo mucho éxito.

Aquí es donde el PRC quiere introducir una modificación en el texto original que el Gobierno llevará al Parlamento. El PP defiende que tanto las personas físicas como las jurídicas puedan acogerse a esta herramienta, ya que una bolsa importante de las viviendas vacías son propiedad de empresas, no de particulares. Los regionalistas, sin embargo, no quieren que los grandes tenedores puedan beneficiarse de esta medida. «Las empresas tienen otros medios para garantizar el pago, enmendaremos la ley para corregir ese problema», avanzó el portavoz del PRC, Pedro Hernando, quien también pedirá un mayor enfoque en la construcción de primeras residencias frente a las primeras, así como ayudas para que los constructores apuesten más por las VPO.

Por lo demás, los cálculos de los regionalistas son los mismos que hace la Consejería de Fomento. Si solo el 10% de esas 50.000 viviendas vacías consigue salir al mercado, se frenaría la escalada de precios de los alquileres. «Y si a eso le sumas otro porcentaje de pisos turísticos sería un empujón muy importante», destacó Hernando.

Más allá de esa diferencia en el plan de movilización de vivienda vacía, la sintonía entre PRC y PP es casi total. También en el capítulo de dar mayores garantías a los propietarios frente a la okupación, otro de los puntales del anteproyecto que maneja el Gobierno. La clave aquí estará en la colaboración con los ayuntamientos y las policías locales, a las que se les dará la potestad para actuar en caso de 'okupaciones flagrantes'. Es decir, podrán intervenir para desalojar a los ilegales en los episodios que se acaban de producir o «inmediatamente después».

Este enfoque le gusta muy poco al PSOE, como dejó ayer claro el delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares. Frente a la nueva ley autonómica que prepara el PP, Casares elogió el Plan Estatal ofrecido por Pedro Sánchez y que incluye «pasar de 30 millones de euros de inversión en vivienda en Cantabria a casi 130 millones en los próximos años».

El dirigente del PSOE no comparte la filosofía del documento que el Consejo de Gobierno aprobará este mes de septiembre. «El problema de los cántabros no es el impago de alquileres o la okupación de vivienda, que son asuntos residuales tanto en la región como en el conjunto del país. El Ejecutivo de Buruaga pone mal el foco, el problema real es que los ciudadanos no pueden acceder a una vivienda y no pueden alquilar o comprar una», señaló el delegado del Gobierno.

La solución pasa, dijo, por triplicar la inversión en vivienda pública en los próximos años, controlar la masificación de pisos turísticos y crear zonas tensionadas, que «han pedido ya algunos ayuntamientos, como Comillas o Castro Urdiales, y el Gobierno de Cantabria sigue dando la espalda», denunció Casares.