El Gobierno incumple la mitad de las resoluciones del anterior debate del estado de la región

En el debate de 2024, la oposición logró sacar adelante 67 en ámbitos como la economía, la educación, la sanidad, el sector primario y la transparencia. De ellas, más de la mitad podrían volver a someterlas a votación el próximo 27 de junio porque no se han cumplido. Por ejemplo, el PRC instaba al Ejecutivo a enviar a la Cámara en el próximo periodo de sesiones -el que acaba ahora- la Ley de Reto Demográfico y Lucha contra la Despoblación y la aprobación del Plan Energético. No ha ocurrido. Quizás eran acciones ambiciosas, pero tampoco se ha avanzado en otras más concretas como la aprobación de una línea de becas para investigar, recopilar y clasificar la toponimia de Cantabria para incluirla en la cartografía oficial, y la instalación de placas solares en todos los edificios públicos de la comunidad autónoma.

El PSOE, que sí puede anotarse el punto de que animó a crear el Consejo de seguimiento de la actividad de los Entes del Sector Público Institucional que ya está en marcha, también puede echar en cara a Buruaga que no se conocen políticas contra la prostitución «estableciendo medidas que disuadan la demanda», sigue sin existir un Plan Estratégico de Juventud -tras la aprobación de la ley, ahora el Gobierno tiene seis meses más- ni de retorno de jóvenes del extranjero. Tampoco un Plan Estratégico de Cultura. Y Vox, que tiene entre sus obsesiones la eliminación de burocracia y la reducción de los organismos públicos, presentó hace un año un gran número de propuestas que iban en esa línea. Algunas el Gobierno las ha cumplido, como la presentación de la auditoría sobre el 'caso Obras Públicas' -está presentada, otra cosa es que guste el resultado- y el plan de atracción de inversiones extranjeras. Otras se han quedado en un cajón, como la publicación del plan de reestructuración del sector público institucional o el que tendría que servir para reducir los índices de absentismo laboral.

Eso respecto a los deberes que puso la oposición a la presidenta, pero también el PP registró propuestas de resolución que salieron adelante. De hecho, se aprobaron las treinta registradas, el máximo que se pusieron los grupos. Y aquí el grado de cumplimiento es más alto, con hasta una veintena de puntos aprobados, seis suspendidos y otros cuatro dudosos. También es verdad que parte de esas medidas tenían más que ver con La Moncloa que con Peña Herbosa. Bajo la fórmula de «instar al Gobierno de Cantabria a que inste al Gobierno de España», plantearon la necesidad de reivindicar al Estado las inversiones pendientes en materia de infraestructuras, presionar para sacar al lobo del Lespre y defender una postura clara contra un modelo de financiación perjudicial y la quita de la deuda.

Eso, se ha hecho, pero en cambio no se han dado pasos -sí en los despachos, pero no públicos- para la aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), la aprobación del decreto de pisos turísticos, la elaboración del Plan de Carreteras 2024-2032 o la remisión al Parlamento de la Ley de Vivienda, que aún está en fase de borrador.