El Gobierno mantendrá la Ley de Espectáculos pese a la polémica por su aplicación

Imagen de la tradicional procesión de la Virgen de Valvanuz, en Selaya. /R. Ruiz
Imagen de la tradicional procesión de la Virgen de Valvanuz, en Selaya. / R. Ruiz

PP y Podemos buscarán cambiar la norma en el Parlamento y la Federación de Municipios pedirá por carta «flexibilizar» algunos aspectos

Álvaro Machín
ÁLVARO MACHÍNSantander

«Es clara y no aporta nada que no estuviese en otras normativas».. En consecuencia, «por el momento», no se plantean realizar modificaciones en el articulado de la Ley de Espectáculos, salvo las mejoras que se puedan introducir en los desarrollos en los que se trabaja. Entienden que ha sintetizado en un único texto legal toda la normativa sectorial de obligado cumplimiento que se encontraba dispersa y que las dudas que han surgido son consecuencia de «informaciones erróneas». O sea, que le achacan a la norma cuestiones que nada tienen que ver con ella. También que hay ayuntamientos que sí han hecho los deberes y que no han tenido ningún problema y que, en todo caso, para aquellos colectivos que tengan dudas, se van a convocar «unas sesiones informativas especiales». «Seguridad» y «modernidad», repiten desde el Ejecutivo. Porque todo lo anterior es el resumen de la respuesta del Gobierno sobre la aplicación de la Ley de Espectáculos.

Por ahora, no se modifica. Una posición que contrasta con la del Partido Popular o Podemos, que ya anuncian movimientos en el Parlamento en busca de cambios. Y no son los únicos. Desde la Federación de Municipios –su presidente es Pablo Diestro (PRC)– aseguran que van a mandar una carta al consejero (Rafael de la Sierra, también regionalista) para que «haga lo posible por flexibilizarla de cara a facilitar su cumplimiento a las asociaciones de vecinos y colectivos con un interés social, pero sin ánimo de lucro». Dicen que a ellos «sí les está costando aplicarla».

Desde la Asociación de Vecinos de Cueto explicaron hace días que el «nivel de exigencias estaba tan alto» que no se atrevían con la organización de las fiestas del barrio. Con el verano a la vuelta de la esquina y una cascada de programas festivos en el horizonte por toda la región, más de uno se ha puesto a temblar. El asunto fue a más cuando el Pleno del Ayuntamiento de Santander aprobó reclamar al Gobierno cambiar la «mala» Ley de Espectáculos para hacerla «más flexible». Y este mismo fin de semana se achacó a la normativa que no se produjera el tradicional izado de las banderas en el Día Infantil de Cantabria.

El Ejecutivo salió ayer al paso a preguntas de este periódico. La nueva norma «no detalla requisitos concretos que se deben exigir», apunta el consejero De la Sierra. O sea, que no entra en «las medidas y características de un determinado mástil de una bandera o de un escenario de unas fiestas o una atracción infantil, sino que remite a la normativa sectorial en vigor». Por eso, «no se puede instar a una modificación de la actual Ley de Espectáculos para que se exima del cumplimiento de estos requisitos y condiciones de seguridad que exigen ya otras leyes y normativas». Según el responsable de Presidencia, «no obliga a los ayuntamientos a nada que no les obligaran ya otras normas sectoriales».

Ver más

Desde el Ejecutivo insisten en que los consistorios han tenido un año para adaptarse «e incluso, a través de sus ordenanzas y reglamentos propios, las corporaciones locales han podido flexibilizar las exigencias legales para adaptarlas a cada tipo de evento, exceptuando el ámbito de la seguridad». Y justo ahí se muestran más firmes. «En la protección de los bienes y las personas no se puede mirar para otro lado, no cabe flexibilización alguna». Ponen de ejemplo el «buen hacer» de ayuntamientos como el de «Laredo, Astillero, Suances, Torrelavega, Ampuero, Camargo o Piélagos». En la lista no meten a Santander.

El Ejecutivo recuerda que la Ley «pone fin a veinte años de vacío legal», que «contó con un amplio proceso de participación pública» y que, en todo caso, se «convocará en próximas fechas a ayuntamientos, asociaciones de vecinos y colectivos sociales para clarificar los aspectos legales y salvaguardar su correcta aplicación». Para evitar las dudas de esas «malas informaciones». Del mismo modo que en la actualidad se trabaja en los desarrollos normativos en cuanto a horarios de los establecimientos públicos y celebración de pruebas deportivas. Y también que «se ha empezado» con «un borrador de Decreto que regule el seguro de responsabilidad civil obligatorio». «Si hay cosas que se pueden mejorar, pues se mejorarán», afirma De la Sierra, pero ceñido a estas tareas.

Hoy, en el Parlamento

En el Partido Popular van mucho más lejos. «No puedes pedir los mismos requisitos para un mimo en la plaza del pueblo que para los conciertos de La Campa», pone de ejemplo la diputada Isabel Urrutia, que cree que el asunto «no es un problema que plantea Santander, es un problema para todos los ayuntamientos». «Y vamos a tener 102 formas de regular los espectáculos», advierte. Por eso, hoy mismo tiene previsto registrar una proposición no de ley en el Parlamento «para pedir al Gobierno la modificación». En concreto, «en contra de que no se pueda hacer una declaración responsable y se obligue a los ayuntamiento a cargar con todo» y a favor de una «reducción de las trabas administrativas». Entienden que el Gobierno debe unificar unos criterios mínimos para todos, «para que la seguridad no vaya por barrios» porque, en última instancia, «la atribución de competencias en materia de espectáculos corresponde a las comunidades autónomas».

«Desde Podemos estamos trabajando en una modificación que dé respiro a asociaciones vecinales, colectivos sociales, peñas, organizaciones benéficas, clubes deportivos... para que puedan continuar celebrando pequeños eventos y fiestas populares con normalidad», señala el diputado Alberto Bolado, que también anuncia para hoy mismo «una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para tratar de consensuar una modificación» y, en paralelo, la presentación de otra proposición para que «se aprueben unas líneas de ayudas económicas que aseguren que estas pequeñas entidades puedan disponer de medios económicos que les permitan recibir el adecuado asesoramiento jurídico y técnico para dar cumplimiento a los requisitos de la Ley».

«Desde Ciudadanos Cantabria –añade su portavoz, Rubén Gómez– no votamos a favor de esta Ley cuando se aprobó (se abstuvieron) porque se había hecho de espaldas a los vecinos. Lo que pasa cuando se formula una Ley de estas características sin el respaldo de los ciudadanos es que en vez de solucionar problemas, los genera».