Los grandes municipios han aprobado ya la ordenanza para aplicar el 'tasazo' de basuras

La transposición de la norma comunitaria se tradujo en la Ley nacional de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que se publicó el 9 de abril de 2022 y que obligaba a que la medida estuviera en vigor en abril de este 2025, pero pocos ayuntamientos llegaron a tiempo. Torrelavega es la excepción, pues desde el pasado mes de abril repercute el coste de la factura al ciudadano. Para el resto de municipios se concedió una moratoria, y ahora todos corren para ultimar las ordenanzas con las que llevar a la práctica el nuevo régimen impositivo, que deberá estar definitivamente operativo a partir del próximo 1 de enero.

La mayoría de los consistorios grandes han hecho los deberes, pero hay otros tantos, sobre todo los más pequeños, que lo tienen todavía pendiente. No es una cuestión sencilla porque la ley nacional obliga a cobrar el montante pero no dice cómo calcularlo. Unos han optado por aplicar una media ponderada por producción de residuos, cobrando a todas las casas por igual, pero otros discriminarán según el tipo de hogar. Y ahí es donde reside la problemática. Unos calcularán el importe basándose en el valor catastral de la vivienda, otros valorarán el número de residentes, o el consumo de agua... «No hay un sistema totalmente justo», aclara Javier Camino, alcalde de Mazcuerras y además presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).

Él está en el grupo de los regidores que consideran la nueva norma una «intromisión» en sus competencias. «Lo que no es de recibo es que al final nos obliguen a cargar sobre la gente impuestos que, en algunos casos, habíamos asumido los propios consistorios». En Mazcuerras, el Ayuntamiento se hace cargo a día de hoy de buena parte de la factura de basuras, pues abona un sobrecoste de hasta 30.000 euros anuales que no carga en los recibos a los hogares,pero la ley le obligará a repercutir a los ciudadanos todo ese montante.

«No tiene sentido que hagan esto porque puede haber ayuntamientos pequeños que asumen íntegramente esa cuantía y que ahora van a tener que cobrársela a la gente. Ellos son los que más lo van a notar porque pasarán de cobrar nada a cobrarlo todo», acredita el actual responsable de la Federación de Municipios.

A todo ello se suma el incremento de precios de la empresa pública MARE, que se ocupa del tratamiento de las basuras, pues desde el pasado mes de abril actualizó los costes, que pasan de 85,28 euros por reciclaje de la tonelada de residuos a 105,64 euros. Todo suma en el incremento de la cuantía del recibo, que llegará a partir de 2026 a los hogares de Cantabria.

Lo peor, según otros alcaldes, puede ser la reacción de protesta de los vecinos. Hay quien opina que el nuevo impuesto puede desencadenar una reacción contraria a la buscada por la norma. Precisamente que el ciudadano, incómodo con el nuevo cargo, opte por la rebeldía y deje de reciclar. «Esperemos que no se dé ninguno de esos escenarios, pero esto es algo muy delicado cuyos efectos veremos en el futuro», concreta Pablo Diestro, alcalde de Reocín y expresidente de la FMC, que explica su caso.

«Lo más complicado ha sido decidir cómo cobrar la tasa. En nuestro caso barajamos varios escenarios, entre ellos atendiendo al consumo de agua, al valor catastral de la vivienda o a otros factores, pero nos dimos cuenta de que iba a ser una decisión injusta porque es muy complicado definir qué vecinos contaminan más y quienes menos». Por eso se decidió imponer una cuantía igualitaria a todos. «Si al final se recicla más y se reduce el coste del tratamiento de las basuras, también lo notaremos de manera general, porque eso llevará a que el próximo año podamos reducir la tasa», argumenta el regidor.

La Universidad de Cantabria (UC) realizó un estudio para orientar a los consistorios sobre cómo implantar el 'tasazo'. Algunos, entre los que se encuentra Santander, aguardaron a preparar su ordenanza a conocer este informe.

Los expertos en la materia tienen claro que para muchos ayuntamientos resulta imposible poner en marcha el cobro de la nueva tasa de manera inmediata: «Requeriría sistemas que, por ejemplo, permitieran pesar la bolsa de basura, pero es algo irreal», expone Amaya Lobo, catedrática del Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente de la Escuela de Caminos de la Universidad de Cantabria (UC). «Cada ayuntamiento tiene sus particularidades, dependiendo de la cantidad de contenedores de reciclaje que tiene, de si cuenta o no con punto limpio... La clave es atender a las características de cada uno», zanja la académica.