Los jóvenes tendrán reservado un cupo de viviendas en las promociones autonómicas

Además de la gratuidad de la matrícula universitaria a los estudiantes con mejores notas, otra de las áreas con más peso es la que tiene que ver con el favorecimiento del acceso a la vivienda. Se «hará a través de planes específicos, ayudas y programas de actuación ajustados a la realidad social y económica». Todo eso tiene que bajar aún más al suelo a través del reglamento que desarrollará la norma y de un Plan Integral de Juventud. Lo primero tendrá que estar listo tres meses después de la aprobación y lo segundo a los seis meses. Ahí deberá aparecer también qué expedientes universitarios se consideran «de excelencia» y, por tanto, tienen acceso a la gratuidad.

Algo que ya es seguro es que el Gobierno de Cantabria quedará obligado a reservar un cupo mínimo de viviendas para los jóvenes –en este, como en otros ámbitos, se contempla elevar la edad máxima de los beneficiados hasta los 35 años– cuando se pongan en marcha promociones públicas, ya sea de alquiler asequible o de viviendas de protección oficial (VPO) para su venta.

«Ese es el objetivo fundamental de esta ley, que tengan acceso a la vivienda, las mismas oportunidades vivan donde vivan, que puedan formar una familia si así lo desean y desarrollar su proyecto de vida en Cantabria», explicó ayer la diputada del PRC y próxima candidata del partido a la Presidencia autonómica, Paula Fernández, que recordó que la región tendrá esta norma porque las Juventudes Regionalistas la redactaron. En su opinión, la ley marcará «un antes y un después» porque contribuirá a «recuperar lentamente la confianza de los jóvenes en la clase política» y a «evitar que se vayan de esta tierra».

Otra de las aportaciones tiene que ver con la obligación de bonificar el transporte a los jóvenes para que «tienda a la gratuidad» en todos los ámbitos. Si hay que empezar por algún sitio, los regionalistas quieren que sea por las zonas rurales y los municipios en riesgo de despoblación, que tienen que hacer frente a más gastos de desplazamiento.

Por su parte, el secretario general de Juventudes Regionalistas, Alejandro Pascual, aseguró que la aprobación de esta ley es «el primer paso y el más importante», pero «lo difícil viene ahora, que hay que ponerla en marcha». Básicamente, porque la norma no servirá de nada si en el Presupuesto de 2026 no aparecen las partidas económicas para desarrollar estas políticas: «Tenemos que ir revisando milímetro a milímetro, paso a paso, que todas esas cuestiones que están recogidas en la ley se vayan cumpliendo en plazo y con los recursos que hay que poner encima de la mesa para que puedan salir adelante».

Las medidas que destacó Fernández saldrán adelante porque PRC y PP tienen mayoría en el Parlamento, pero desde la oposición ponen varias pegas al texto. Por ejemplo, en el PSOE no ven con buenos ojos que la gratuidad de la matrícula universitaria no esté ligada al nivel de renta de la familia. «Queremos que la situación económica nunca sea un obstáculo para ir a la universidad», defendía ayer la portavoz de la Ejecutiva socialista, Ainoa Quiñones, que pone en duda el criterio elegido.

En esto coincide el diputado no adscrito –ex de Vox– Cristóbal Palacio, que opina que no se puede legislar con privilegios por edad y sin garantizar la eficacia del gasto público. «No es justo tratar igual a quien está en una posición estable y con recursos que a quien sufre una situación de vulnerabilidad real. Este enfoque puede terminar perjudicando a otros colectivos igualmente necesitados, como los mayores de 45 años o familias con cargas económicas», concluye.