Manuel Marchena

Magistrado del Tribunal Supremo

«La Justicia está amenazada por la tensión a la que la someten los políticos»

Esta entrevista a Marchena es un cuestionario cerrado sin opción de repreguntar ya que, al estar en activo, «toda opinión o silencio ante alguna pregunta puede ser motivo de recusación», según trasladan desde la editorial que ha publicado su libro.

-¿Cuáles son los principales problemas de la Justicia española?

-No es fácil sintetizar en una respuesta los grandes problemas de la Justicia en España. Algunos de ellos hunden sus raíces en la historia. Lo importante creo que es identificar esos problemas y ofrecer algunas soluciones. Eso es lo que yo he intentado en el libro. Lo hago a partir de la experiencia de mi trabajo durante más de cuarenta años como abogado, como fiscal y como magistrado del Tribunal Supremo. Pero a esos problemas históricos se ha sumado uno bien reciente. Me refiero a la más que preocupante descalificación sistemática de los jueces por el poder político. Afecta a los pilares esenciales de la función judicial.

-¿Por quién está amenazada la Justicia?

-Por la tensión a la que históricamente le somete el poder político, un poder que vive más confortable liberándose de cualquier instrumento de control o fiscalización. Y en la actualidad está siendo amenazada por quienes ven en las investigaciones judiciales en marcha una maniobra política ajena a la función que la ley nos reserva a los jueces.

-¿Hay alguna forma de parar los ataques de la clase política?

-Es un problema de cultura democrática. Las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica... ¡faltaría más! El derecho no es como las matemáticas, maneja conceptos normativos sometidos a interpretación que puede o no compartirse. El problema es la crítica que sugiere que el sentido de una decisión judicial es fruto de una estrategia política a la que se suma intencionadamente un juez. Esto es inasumible y genera un daño irreversible. Una sociedad no puede sobrevivir si no confía en aquellos profesionales que están llamados a resolver con imparcialidad los conflictos jurídicos.

-Si a esto le sumamos la influencia política en la elección del CGPJ, ¿entiende que la ciudadanía cree cada vez menos en la Justicia?

-Mire, cada día se celebran centenares de juicios en España. Al año se incoan más de un millón de procedimientos penales. Nadie cuestiona la profesionalidad de los jueces. El problema se plantea en relación con los diez o quince procedimientos que, por una u otra razón, afectan al poder político. Es aquí donde la crítica demoledora de los responsables políticos alienta la desconfianza ciudadana. Sin embargo, las encuestas que preguntan a aquellos que han vivido de cerca un procedimiento judicial no arrojan el resultado negativo que parece formar parte de la opinión pública.

-¿Qué opina del proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos que prevé el Gobierno? ¿Cree que está justificada la huelga?

-Más allá de la opinión que cada uno suscriba sobre la procedencia de la huelga, lo que creo que es absolutamente censurable es que se emprenda una reforma que afecta a la estructura de uno de los poderes del Estado y se haga por la vía de urgencia en un momento en el que nadie va a pensar que esas reformas están encaminadas a hacer realidad el ideal de imparcialidad que debe formar parte de nuestro trabajo. En momentos de crisis tan profunda como los que estamos viviendo, las reformas judiciales viables solo serían aquellas que se promueven fruto del consenso político.

-¿Está de acuerdo con que los fiscales asuman las instrucciones de las causas penales?

-Es el modelo que existe en toda Europa. Sin embargo, vuelvo a reiterar la idea de que una reforma profunda de la estructura del Ministerio Fiscal no debe abordarse en el momento actual, con un escenario absolutamente insólito e inimaginable.