Las medidas fiscales para luchar contra la despoblación incluyen 56 municipios

Las deducciones aparecían recogidas en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañaba a los Presupuestos de 2020. Lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales para combatir «uno de los grandes desafíos de la Comunidad» (según podía leerse ayer en el BOC). Posiblemente, la medida más llamativa del Gobierno en cuanto a política fiscal. Faltaba, una vez aprobadas las cuentas (y la ley de acompañamiento), que se delimitaran las zonas. Justo esa lista de 56 municipios a la que Economía y Hacienda dio ayer el visto bueno (y que aparece en el encabezamiento de esta información). Los ahorros podrán incluirse en la declaración de la renta de los contribuyentes del año próximo (la que resumirá el ejercicio de 2020) y será la Consejería la que, cada año, actualice la lista de municipios que pueden beneficiarse de estas deducciones. En este sentido, ayer precisaban desde Presidencia y Justicia (la consejería que coordina la política del Ejecutivo en materia de despoblación) que estos 56 ayuntamientos son los que cumplen los parámetros para beneficiarse de estas ayudas concretas, pero que no significa que la zona fijada en Cantabria como área con riesgo de despoblamiento se corresponda exactamente con esta lista. Al hilo de esta explicación, otras medidas puntuales de otras consejerías (Educación, por ejemplo) han delimitado en base a otros criterios el territorio regional.

¿Quiénes pueden beneficiarse de estas ayudas? ¿En qué podrían deducir en concreto? Las medidas tienen el objetivo de contribuir a fijar población, por un lado, y, por otro, a favorecer el traslado de personas de otros lugares a estas áreas rurales de Cantabria. En este sentido, se ofrecen deducciones en los contratos de arrendamiento de viviendas tanto a arrendatarios como a arrendadores, siempre que uno y otro tengan su residencia habitual en el municipio con riesgo de despoblación. Además, se pretende facilitar a los menores de 35 años que puedan quedarse a vivir en sus pueblos, que no se marchen, a través de una deducción de 1.000 euros para favorecer el autoempleo. Que su bautismo laboral sea cerca de casa. También se estipulan ayudas para el pago de la guardería por cada hijo menor de tres años y, por último, rebajas fiscales a los que se trasladen a vivir desde cualquier punto de España a uno de estos municipios por motivos laborales. Es decir, vivienda, empleo juvenil y familia (en el sentido de contar con críos) centran la estrategia de la medida -las ayudas concretas están detalladas en el cuadro adjunto en esta página-. Además, optar a estas ayudas es compatible con beneficiarse de otras genéricas sobre empleo o cualquier otro ámbito (y una misma persona puede optar, a la vez, a las distintas propuestas de este paquete de acciones).

Sobre el efecto que puede tener, y con todas las reservas, desde Economía y Hacienda facilitaban ayer a este periódico ese cálculo aproximado de beneficiarios y cantidades. Los 3.150 posibles declarantes y los 1,6 millones de euros de ahorro para ellos en caso de acogerse al paquete de medidas. La cuenta se ha hecho teniendo en cuenta los habitantes o las edades medias en esos 56 municipios de Cantabria tomando como base los datos del Instituto Cántabro de Estadística. Teniendo en cuenta, en todo caso, que se trata del primer año de aplicación -aclaran, de hecho, que en sucesivos años, y en función de la acogida que tengan las deducciones en este estreno, se podrían variar los parámetros en las convocatorias sucesivas-.

Desde la propia consejería confirmaban ayer el carácter novedoso que supone aplicar estas medidas e, incluso, el interés que habían despertado en otras comunidades autónomas. En concreto, comentaban que desde Asturias se habían puesto en contacto con ellos para estudiar los parámetros que se iban a aplicar en Cantabria.

Todo, en el marco de la lucha contra el despoblamiento, que el Ejecutivo regional ha puesto «en el centro de su agenda política». Para hacer más efectiva esa tarea creó a finales de 2019 el Consejo Asesor y llevó a Bruselas un plan para impulsar una alianza europea contra el problema. A través de la oficina del Gobierno de Cantabria en la capital belga, la comunidad pretende estar presente en la comisión de Política Social, Educación, Empleo y Cultura (Sedec), la que aborda el asunto en el Comité de las Regiones. Recientemente, además, se creó aquí la Comisión Especializada sobre Cohesión Territorial y Despoblamiento, que deriva de la Mesa del Diálogo Social. Tanto es así, que en esa idea de una actuación «transversal», en este organismo están presentes las diferentes consejerías, los sindicatos y la patronal.