El Ministerio estima en 148 más las plazas para menas que Cantabria debería tener según su población

Eso no quiere decir que Cantabria esté incumpliendo alguna norma por el número de plazas que tiene. No es así porque no existe un mínimo legal -el sistema cántabro es flexible según las necesidades de cada momento- y porque la cifra varía cada día en función de las llegadas de nuevos menores. Pero también porque la relación entre el número de plazas ocupadas y las que tendrían que tener por población tampoco será el criterio de reparto que utilice el Gobierno de España cuando ponga en marcha el mecanismo para aliviar a los territorios más tensionados. En principio, será la próxima semana cuando, en una Conferencia Sectorial de Infancia, el Ministerio aporte, ya sí, la cifra de menores migrantes que recibirá cada autonomía.

El Ejecutivo central trasladó ayer esta tabla, elaborada con los datos que maneja después de haber recabado los transmitidos por las comunidades sobre el número de menores que acoge cada una. Aunque Cantabria y otros territorios consideran que los cálculos están mal hechos y han pedido una nueva elaboración, las autonomías que presentan más diferencia respecto a lo que les correspondería por población y lo que realmente acogen son Andalucía (1.372 menos de lo que le toca), Comunidad Valenciana (1.216) y Galicia (620).

En la otra cara de la moneda está Canarias, a la que le correspondería tutelar 718 jóvenes y acoge 5.566 (una diferencia de 4.848), Ceuta (que tiene 526 y debería, por población, tener 27), Baleares (622 frente a 396) y Melilla (193 frente a 28). A través de estos cálculos, el Ministerio fija la capacidad ordinaria del sistema de acogida nacional en 32 menores por 100.000 habitantes, indicador que será clave para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Gobierno que declare la contingencia migratoria y comenzar con las derivaciones.

Este mecanismo de reparto se pone en marcha después de la aprobación en el Congreso de los Diputados de un nuevo real decreto ley que Cantabria rechaza. Por varios motivos. Primero, porque se acaba con la recepción de menores voluntaria y se convierte en obligatoria. Aunque la redacción es confusa, el Estado se arroga la capacidad para decidir los criterios de reparto y las cifras en caso de que no haya unanimidad entre todas las autonomías. Además, al contrario de lo que ocurría cuando el procedimiento se hacía de forma voluntaria, el Ministerio no transferirá a las autonomías receptoras los recursos para asumir los costes, según lamentan desde la Consejería de Inclusión Social. Tampoco se establece unos tiempos mínimos de aviso para poder preparar la llegada.

Desde que se aprobó este mecanismo, las comunidades presididas por el PP han mostrado su rechazo frontal. Madrid, Aragón, Extremadura y Cantabria, incluso, han llevado el decreto al Tribunal Constitucional, que ha aceptado estudiar el caso.