El 'caso Molleda' asturiano: el PSOE sí lo denuncia y un juez lo declara ilegal

«¿Cómo es posible que el alcalde de Ribadesella haya conseguido para sí mismo una plaza en su propio ayuntamiento?», se pregunta el secretario de Organización del PSOE asturiano, Luis Ramón Fernández Huerga, precisamente el mismo puesto que ocupa Molleda en Cantabria. «El alcalde debió haberse abstenido en todo momento al ser juez y parte. Este tipo de comportamientos son absolutamente inadmisibles en política», añadió.

Unas palabras que contrastan con la defensa acérrima que Pedro Casares, secretario general del PSOE cántabro, ha hecho de Molleda en ese mismo escenario: «Es totalmente transparente y totalmente legal. No veo polémica. Tiene mi total apoyo».

Fue el pasado mes de abril cuando el regidor de Ribadesella consiguió por sorteo la plaza de encargado de obras. El PSOE lo denunció y los tribunales dejan ahora claro que el alcalde «no se abstuvo de intervenir en el proceso debido a su interés personal como aspirante», por lo que invalida los actos en los que participó al ser contrarios a los «principios de igualdad, transparencia y buena administración», ya que fue el propio alcalde el adjudicatario del puesto de trabajo.

En el caso de Cartes, el propio Molleda firmó las bases reguladoras, la composición de los miembros del tribunal, la lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos y los anuncios de resolución de nombramiento de su propio puesto (jefe de mantenimiento) y el de su hermana (monitora de tiempo libre).

El Contencioso nº4 de Oviedo considera, además, que el alcalde de Ribadesella tuvo un papel «decisivo y determinante debido a su rol en la designación del tribunal», integrado por funcionarios municipales dependientes del alcalde, algo que «compromete su imparcialidad».

En Cartes, el tribunal estuvo formado por el coordinador deportivo, Gustavo Saiz; el ingeniero municipal, Sergio Franco; una auxiliar administrativa, Luz María Oviedo; el interventor, Íñigo Echegoyen; y la secretaria del Consistorio, María José Peña. Todos ellos designados por el propio Molleda, tal y como se puede leer en las bases del concurso.

Según el PSOE asturiano, la sentencia judicial también hace hincapié en que el alcalde de Ribadesella «maniobró para conseguir un puesto de trabajo en su propio Ayuntamiento, interviniendo en un proceso que solo buscaba asegurar su futuro».

En Cartes, el Ayuntamiento otorgó un 80% de la nota a haber desempeñado ese mismo puesto con anterioridad. Y con un matiz añadido que le daba clara ventaja a Molleda sobre otros candidatos: diez puntos por cada año trabajado en ese mismo cargo en el Ayuntamiento de Cartes frente a solo dos puntos por haber hecho lo mismo en otro municipio distinto. Algo que claramente beneficiaba al propio alcalde.

Ese sistema de puntuación cuenta con numerosa jurisprudencia en contra, y que se han considerado ilegales por el Supremo y el Constitucional en 1993, 2022 y 2024.

En el caso asturiano, el secretario de Organización socialista ha instado al presidente del PP asturiano a elegir entre «seguir apoyando a un compañero que la justicia dice que usó su condición de alcalde para aumentar sus opciones en todo este proceso» o «defender la transparencia en la política municipal».

Mientras tanto, en Cantabria, Molleda ha llegado a denunciar a la presidenta de la comunidad por presuntas injurias y calumnias al denunciar lo ocurrido en Cartes. María José Sáenz de Buruaga dijo hace tres semanas que el número dos del PSOE regional «solo tiene un camino digno, decente y honesto, que es coger la puerta y marcharse. Y también creo que hay muchas formas de corrupción y esta es de libro».

El exalcalde de Cartes exige a la presidenta regional que rectifique y pague 1.000 euros –que ha asegurado que donará para la investigación del cáncer infantil– en un acto de conciliación que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre (un jueves) en el complejo judicial de Las Salesas, de Santander.