Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer
El exalcalde de Cartes pide a la presidenta regional que en el acto de conciliación del próximo 27 de noviembre le pida disculpas y se retracte de «atribuirme varios delitos» por su rivalidad política
Cuando el pasado mes de abril el rey emérito anunció a través de su abogada la interposición de una demanda de conciliación frente a Revilla ... por injurias y calumnias, además de solicitarle una rectificación que no llegó, Su Majestad le reclamó 50.000 euros de indemnización que en caso de abonarse irían destinadas a Cáritas. Siguiendo los mismos pasos, el secretario general de Organización del PSOE y exalcalde de Cartes, Agustín Molleda, reclama ahora a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, una cantidad «simbólica» de 1.000 euros que el socialista donaría a la Asociación de Padres de niños con Cáncer de Cantabria.
En la demanda de conciliación por calumnias a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, Molleda pide a Buruaga que le pida disculpas y se retracte de «atribuirme varios delitos» por su rivalidad política, en el acto que se celebrará el próximo 27 de noviembre, a las 10.30 horas, en la sala de vistas número 11 de la sede judicial de Las Salesas (Santander).
El exalcalde de Cartes pretende que la presidenta reconozca que el pasado 15 de octubre de 2025, en un escenario de máxima repercusión mediática, ante empresarios, lideres de opinión y representantes institucionales y civiles de todos los estamentos de la sociedad cántabra (el foro de El Diario Montañés), le imputó «concretas actuaciones delictivas» en el proceso de estabilización de empleo público seguido por el Ayuntamiento de Cartes, cuando era alcalde.
Tomando como base las imágenes del evento, Molleda recuerda que la presidenta verbalizó: «O sea, él decide convocar el concurso, nombra al Tribunal, él decide los méritos, se hace un traje a medida -saque un diez, como no-, y el resuelve las plazas: la suya y la de su hermana». Del mismo modo y con el mismo ánimo, manifestó que «(...) hay muchas formas de corrupción y esta es de libro (...)». «(...) Aquí no se estabilizan personas con nombre y apellidos, sino que se estabilizan plazas. Y lo normal es que eso se solvente mediante concursos de méritos para respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad». «¿Ustedes imaginan lo que tendríamos que estar escuchando si ese alcalde fuese del Partido Popular o de la ejecutiva de Buruaga?».
Partiendo de estas manifestaciones, el exalcalde insta a la presidenta que reconozca que estas afirmaciones «se apartan de la realidad de los hechos y fueron emitidas con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio a la verdad por motivos de rivalidad política, suponiendo la atribución varios delitos, lo que atenta contra mi honor».
Asimismo Molleda reclama a Buruaga, que en su condición de abogada y Presidenta del Gobierno de Cantabria, se avenga a reconocer que es conocedora de que él no fue quien decidió convocar un concurso de estabilización de empleo público en el Ayuntamiento de Cartes, «sino que es un imperativo legal ex artículo 2.2 y 3 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre. Que la articulación del proceso se ajustó estrictamente a la legalidad, contando con el informe favorable de la secretaria y el interventor municipal».
También le pide que verbalice que no fue él quien decidió la formula del concurso de méritos para la estabilización de empleo público, sino la Mesa General de Negociación de 16 de mayo de 2022 de la que no formaba parte. «Que el concurso de méritos, aunque excepcional, es un imperativo legal en aplicación de las disposiciones adicionales sexta de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, dado que las plazas a estabilizar habían estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. Y que no fue él quien decidió los criterios fijados en las bases para la valoración de los méritos que debían ponderarse en la consolidación de plazas, sino que su metraje viene asignado por el artículo 2.4 de la ley 20/2021 y sus bases se adoptaron a imagen y semejanza de las aprobadas por otros municipios cántabros, como las del Ayuntamiento de Valderredible, Medio Cudeyo, Peñarrubia, Comillas, Bareyo, Marina de Cudeyo y otros, que publicaron pliegos idénticos en el Boletín Oficial de Cantabria entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023».
Asimismo, el exalcalde solicita a Buruaga que admita que él tampoco fue quien decidió a quien nombrar como miembro del Tribunal «sino que, de conformidad con lo dispuesto a los informes obrantes en el expediente administrativo se designó a 5 funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cartes siempre de la máxima categoría y nivel dentro de la plantilla de ese Ayuntamiento, siendo el mismo Tribunal para todos los procesos selectivos que, por estabilización, se llevaron en el Ayuntamiento de Cartes».
Finalmente, exige a la presidenta que reconozca que no fue él quien resolvió las plazas consolidadas, apartándose y absteniéndose de tal decisión de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015, «sino que fue adoptada por la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartes en funciones de alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015. Que ese proceso selectivo fue ajustado a derecho y garantizó el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, ex artículo 2.4 de la Ley 20/2021. Y que situaciones análogas se han dado en otros municipios de Cantabria, como en el Excmo. Ayuntamiento de Noja, donde ha consolidado plaza una concejala del equipo de gobierno del Partido Popular».
Paso previo a una querella criminal
En caso de que no prospere el acto de conciliación, la representación jurídica de Molleda ya avanza en el escrito de demanda de conciliación que presentará una querella criminal por delito de calumnias (castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años, o una multa de 12 a 24 meses) y/o subsidiariamente de injurias (multa de 6 a 14 meses), que iría por la vía penal. Es decir, el asunto pasaría a manos de uno de los cinco juzgados de instrucción de Santander.
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