78 de los 102 municipios cántabros no tienen un Plan General adaptado a la normativa
Obras Públicas espera aprobar en esta legislatura 17 de los documentosque están en proceso de tramitación y prioriza a los ayuntamientos con sentencias de derribo
Daniel Martínez
Santander
Lunes, 24 de febrero 2020, 07:14
El ciudadano medio no es consciente de cómo se encuentran las normas urbanísticas de su municipio. Entra dentro de la lógica. Sí le preocupa cuando ... la industria que crea puestos de trabajo se va de su localidad, cuando una que quería asentarse no tiene suelo disponible o cuando su pueblo no deja de perder población y por lo tanto también recursos y servicios. Más le toca si en una finca de su propiedad en la que no debería haber ninguna restricción para levantar una vivienda no puede hacerlo porque su ayuntamiento no ha hecho los deberes. En todo ello entra de lleno un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el encargado de establecer cómo tiene que desarrollarse un municipio para –en teoría– mejorar la vida de la gente y a la vez preservar el patrimonio cultural y natural. En qué barrio deben ir hogares unifamiliares, en cuál bloques de pisos, dónde una zona comercial, dónde puede instalarse una ganadería...
Cuando no hay un PGOU no es que la actividad se paralice por completo, pero en todos los asuntos anteriores aparecen muchas limitaciones. En esa situación se encuentran en este momento 78 de los 102 municipios de Cantabria, que estrictamente no se encuentran en situación de ilegalidad, pero tampoco han adaptado sus documentos a la ley nacional que se puso en marcha en 2001. Lo llamativo de esta relación es que en ella aparecen las localidades más relevantes. Por diversos motivos están, entre otras, Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Laredo, Reinosa y Piélagos, que juntas concentran el 80% de toda la población de la comunidad autónoma. Toda una anomalía.
El estado de los pgou
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Sin avances. Cabuérniga, Entrambasaguas, Lamasón, Miera, Peñarrubia, Pesaguero, Polaciones, Potes, Rasines, Ramales de la Victoria, Reinosa, Ribamontán al Monte, Las Rozas de Valdearroyo, Ruente, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Soba, Tresviso, Tudanca, Valdeprado del Río, El Astillero, Castro Urdiales, Hazas de Cesto y Soba.
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Falta aprobación inicial. Campoo de Yuso, Ruiloba, Selaya, Valdeolea, Vega de Liébana, Villaescusa, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Camaleño, Castañeda, Cillorigo, Colindres, Comillas, Corvera de Toranzo, Guriezo, Hermandad de Campoo de Suso, Limpias, Marina de Cudeyo, Mazcuerras, Noja, Penagos, Reinosa, Riotuerto, Santa María de Cayón, Santiurde de Toranzo, Santoña, Saro, Udías, Valdáliga, Val de San Vicente, Vega de Pas y Villacarriedo.
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Falta la aprobación provisional. Liérganes, Rionansa, Valle de Villaverde, Arredondo, Cartes y Reocín.
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Tramitación avanzada. Ampuero, Bárcena de Cicero, Camargo, Reinosa, Santiurde de Toranzo, Suances, Torrelavega, Voto.
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Tramitación muy avanzada. Argoños, Bareyo, Cabezón de la Sal, Escalante, Meruelo, Piélagos, Ribamontán al Mar, Ruesga, Santa Cruz de Bezana.
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Aprobados. Alfoz de Lloredo, Arnuero, Cabezón De Liébana, Cieza, Los Corrales de Buelna, Herrerías, Liendo, Medio Cudeyo, Miengo, Molledo, Pesquera, Polanco, Puente Viesgo, San Felices de Buelna, San Miguel de Aguayo, Santillana del Mar, San Vicente de La Barquera, Solórzano, Valderredible y Campoo de Enmedio.
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Anulados. Cabezón de la Sal, Laredo y Santander.
«Todos los municipios tienen algo. El problema es de cuándo data y qué tipo de instrumento es», explica el consejero de Obras Públicas y Urbanismo, José Luis Gochicoa, que señala que aquellos más pequeños pueden resistir sin mayores trastornos con una simple delimitación de suelo urbano que diga si se puede construir no. Ya disponen de este instrumento básico Luena, San Pedro del Romeral, Los Tojos y Villafufre. El resto de ayuntamientos, quitando los 18 que ya tienen un PGOU aprobado, se encuentran en distintos momentos del proceso para cumplir con la normativa. Algunos a punto de conseguirlo y otros aún dando los primeros pasos.
No están al día las cinco localidades más grandes de la región, que suman el 80%de la población
Los más relevantes
Desde el Gobierno de Cantabria recuerdan que, a pesar de que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) se encarga de dar el último visto bueno a los papeles, la planificación municipal es una competencia de los ayuntamientos. Son ellos los que tienen que impulsar la redacción de los PGOU, aunque la consejería está empeñada en dar un impulso al asunto a lo largo de esta legislatura.
En concreto, la intención del Ejecutivo pasa por doblar la cifra actual y aprobar antes de verano de 2023 otros 17 planes. Los de Argoños, Bareyo, Cabezón de la Sal, Escalante, Meruelo, Piélagos, Ribamontán al Mar, Ruesga y Santa Cruz de Bezana, que están más avanzados, deberían ir en una primera tanda, y posteriormente los de Ampuero, Bárcena de Cicero, Camargo, Reinosa, Santiurde de Toranzo, Suances, Torrelavega y Voto. Aquí aparecen los municipios en los que existen todavía decenas de sentencias de derribo, a los que la Consejería quiere dar «prioridad absoluta» para tratar de legalizar el máximo de viviendas posibles y agilizar los procesos de sustitución cuando no es posible lo anterior.
Obras Públicas prepara instrumentos para facilitar a los ayuntamientos el trámite de la redacción
IMPULSO
Gochicoa considera muy negativo que los municipios, especialmente los grandes y los costeros –los que más han crecido–, no cuenten con un PGOU y responsabiliza a todas las administraciones de ello. «Es cierto que habría que haber hecho un mayor esfuerzo, pero también que todo se ha complicado muchísimo. Antes la tramitación era rápida y ahora es todo un viacrucis. En algunos casos hacen falta hasta 30 informes sectoriales, que tienen que revisarse y salir a información pública cada vez que hay un pequeño cambio en el texto», detalla el consejero.
Nuevas herramientas
Para meter una marcha más a la aprobación de estos documentos urbanísticos, Obras Públicas ha puesto en marcha nuevos instrumentos. Por ejemplo, se ha creado un grupo de trabajo específico formado por los departamentos de la administración autonómica encargados de los asuntos ambientales y urbanísticos que se analizan en un PGOU y que antes trabajan por separado. Ahora están juntos –también las subvenciones municipales para la redacción de los planes– y asesorarán a los municipios e irán de su mano en cada uno de los pasos. Además, el Gobierno espera que la aprobación de la nueva Ley del Suelo también allane el camino.
Entre los ayuntamientos sin plan en vigor está Santander por su anulación en los tribunales. El Consistorio, sabedor de los perjuicios que supone, se ha puesto las pilas para redactar el nuevo plan y está previsto que este mes salga el pliego del concurso del proceso participativo. «Creo que hay un error en la ley que estaba previsto que cambiara pero no se ha hecho por la falta de Gobierno. No puede ser que en un documento con 2.000 páginas y cientos de planos, por un error en un párrafo, como en el caso de Laredo con un matiz sobre las telecomunicaciones, se invalide todo el PGOU y no solo ese punto», concluye Gochicoa.
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