«He tenido que negarme a muchas cosas, pero nunca he recibido presiones políticas»

–He preguntado por usted a varios alcaldes y constructores, algunos en activo y otros ya retirados, y muchos han coincidido en calificarle como «íntegro y honesto». ¿Es una sorpresa encontrar una persona así en el mundo del urbanismo?

–(Se ríe) No, no... es muy sencillo. Me siento identificado con esa definición. Por supuesto que sí.

–Entonces, habrá tenido que negarse a muchas cosas durante los cuarenta años que ha estado en la primera línea de la gestión urbanística de todo tipo de gobiernos.

–Muchas veces, claro. Siempre he intentado, durante todo ese tiempo, buscar soluciones a los problemas que me ha planteado la gente, pero cuando hay que decir no, pues se dice que no. No se puede ir en contra de lo que legalmente es posible. Sí he buscado posibles interpretaciones jurídicas que, efectivamente, podían solucionar algún caso. Pero ir en contra de la ley, por supuesto que no. Nunca.

–¿Ha recibido muchas presiones políticas?

–Ninguna.

–¿Ninguna en estos cuarenta años? Ha vivido los gobiernos de Hormaechea, Blanco, Sieso, Revilla, Diego, Buruaga... ¿Y nada?

–Te pueden llamar para preguntarte para ver si alguna cosa puede salir adelante, a ver cómo lo veo yo... Les he podido decir que no, que sí... Pero presiones de gobiernos no, de ninguno.

–¿Eso se destila más en los ayuntamientos y en las promotoras privadas?

–No lo sé, pero en todos estos años ningún consejero, director general o presidente me ha dicho: «Oye, esto hay que hacerlo sí o sí». Si se podía, se hacía, y si no se podía, no se hacía.

–¿Realmente ha cambiado mucho el urbanismo de Cantabria desde que empezó a trabajar o seguimos funcionando como en los años 80 en algunas cosas?

–El cambio fue drástico desde 1991, cuando empezamos a evaluar ambientalmente los planes generales y las modificaciones puntuales. Pero en aquel entonces no tenían la mentalidad que tenemos ahora. Y tampoco había los medios actuales ni se analizaba todo tanto. Es decir, los técnicos se creían lo que los ayuntamientos planteaban en los documentos. Ahora tenemos herramientas que nos permiten comprobar, parcela por parcela, las protecciones, los riesgos que existen... Luego llegó otro momento clave con la primera ley ambiental, creo que en 2006. Eso sí que motivó, realmente, planes mucho más sostenibles y que el crecimiento no fuese como el de los aprobados antes de 2001.

–Pero eso da igual porque el 60% de los ayuntamientos de Cantabria sigue funcionando con planes generales de los años 80 y 90. No los han renovado desde entonces. ¿Por qué hay tanta resistencia a hacerlo?

–Es un tema muy complicado porque, ahora mismo, hacer un Plan General lleva entre siete u ocho años. Entiendo que haya alcaldes que no quieran meterse en semejante aventura que dura más de una legislatura. Cada vez que algún organismo modifica alguna norma afecta a los planes generales. Antes solo lo hacían Costas, Carreteras y la Confederación Hidrográfica. Ahora hay que pedir 25 informes sectoriales cada vez.

–Aún así, los ayuntamientos están obligados por ley a hacerlo. No es una cuestión de que apetezca más o menos. Y hay situaciones muy llamativas, como que Colindres tenga un Plan General de 1967 o que solo dos de los diez municipios más grandes hayan reformado su PGOU en los últimos 25 años. ¿Se trata solo de burocracia o de miedo a molestar y perder elecciones?

–Hay que tener en cuenta que el planeamiento aprobado en los 80 y 90 es mucho más permisivo con la construcción que los actuales. Por eso también cuesta más.

–¿Y esa es también la razón por la que todos los gobiernos prometen aprobar el PROT y ninguno lo acaba haciendo?

–No, vamos a ver... estoy convencido de que se aprobará pronto. Lo estamos elaborando ahora mismo. La idea que tiene la Dirección General de Urbanismo es tener para finales de año un documento de aprobación inicial.

–Pero eso mismo se lo hemos escuchado antes a todos los gobiernos y luego nada.

–Le puedo decir que ahora está muy avanzado y estoy convencido de que esta vez va a ser que sí.

–Si no han sido los ayuntamientos, ¿qué es lo que ha salvado a Cantabria de convertirse en la costa levantina? ¿El Plan de Ordenación del Litoral (POL)?

–Sí, por una parte el POL. Y, por otra, que tampoco hemos sufrido una explosión urbanística como en aquella zona, salvo en esa horquilla entre 2001 y 2008 y en sitios muy concretos, como en Castro Urdiales. En los territorios pequeños no ha habido ninguna operación de esas que puedas decir que han destrozado un pueblo.

–¿Y no es peligroso permitir construir en suelo rústico como hacen los últimos cambios de la Ley del Suelo?

–No lo es con el volumen de construcciones que se han autorizado hasta ahora en suelo rústico. Para mí es mucho más peligroso exigir que en pequeñas localidades se crezca en suelo urbanizable a través de un plan parcial, porque destruyes la configuración del núcleo urbano. En los casos de desarrollos de 40 viviendas en pueblos, es preferible construir solo cuatro o cinco casas parecidas a las que ya existen a hacer un plan parcial con todos los chalets idénticos y perder la identidad del territorio.

–Eso lo vemos ya en algunos pueblos con bloques de edificios con fachadas de colores junto a casas montañesas.

–Eso es lo que hemos pretendido evitar con la modificación de la Ley del Suelo y la construcción de vivienda unifamiliar en terrenos rústicos. Algo que, por cierto, también se contemplaba en la primera versión del POL de 2004. Pero luego se cambió.

–¿Quiénes son los culpables de lo ocurrido con las sentencias de derribo en Cantabria y las décadas de espera sin solución para los afectados?

–Todos lo somos por el empecinamiento de querer salvar todas las casas posibles. Desde el primer momento hemos intentado legalizar lo máximo que se pudiera con la aprobación de un nuevo Plan General, y en eso hemos centrado el trabajo desde el Gobierno y los ayuntamientos. Pero nos hemos encontrado con unos tiempos muy largos para tramitarlo y las anulaciones en los juzgados que te devuelven a la casilla de salida. Ahora se están buscando terrenos para realojar a los afectados que quieran. Pero, en definitiva, la culpa de que se haya demorado tanto en el tiempo este problema ha sido el empeño por intentar salvar el máximo de viviendas posibles.

–Uno de los mayores problemas que tenemos ahora en Cantabria y en toda España es el tema de la vivienda. ¿Hay alguna solución mejor que otra?

–Con la ley actual de vivienda desde luego que no. Es una normativa que protege al okupa, y no facilita ni garantiza al propietario de la vivienda la disponibilidad de su casa. Es decir, habría que terminar con la okupación, y eso provocaría que la gente sacase muchas más viviendas al mercado.

–Sin embargo, lo que está tirando fuerte ahora mismo del sector de la construcción son las segundas residencias para la gente que viene de fuera, no las casas para los cántabros.

–Puede haber tres o cuatro ayuntamientos en los que, efectivamente, haya una demanda de vivienda por parte de gente que viene, sobre todo, de Madrid. Pero en el resto no.

–¿No cree, entonces, que exista masificación turística en Cantabria? Habrá oído hablar de algún interés empresarial por convertirla en la 'Ibiza del Norte'.

–Entre los 102 ayuntamientos de la región puede haber una situación de mucha demanda en ocho o nueve municipios. Y tampoco es, de momento, excesiva. En la inmensa mayoría, nada. Y hay que tener en cuenta una cosa: la construcción en suelo rústico está limitada a que no puedas crecer más de las viviendas que existen en el núcleo, con lo cual nunca se va a producir esa masificación, por decirlo así.

–Tampoco ayuda que los gestores públicos no sean capaces de solucionar problemas históricos, como el Cabildo, en Santander. ¿Por qué un barrio tan céntrico lleva décadas abandonado? ¿Falta voluntad política?

–El problema del Cabildo es, por una parte, que no ha habido intención de buscar una figura urbanística que permitiera poner a la Administración al frente de la operación. Lo que sí va a intentar el Gobierno es buscar alguna fórmula de regeneración y renovación urbana que lo ponga en marcha. Creo que hay negociaciones bastante avanzadas para, en un plazo relativamente corto, acometer de forma parcial una parte de la reforma del barrio.

–Echando un vistazo atrás a su larga carrera en la Crotu, ¿hay algún momento que recuerde como el más complicado o más destacado?

–Yo me siento orgulloso de haber participado en la redacción de la Ley del Suelo de 2022. La hicimos para intentar solucionar los problemas con los que nos enfrentábamos día a día y que la normativa anterior no resolvía. A pesar de que la ley de 2001 era formidable, a través del trabajo diario veías cosas que había que cambiar. La que hicimos en 2022 no cambiaba mucho respecto a la de veinte años antes, pero era muy técnica y muy práctica para nosotros y los técnicos.

–¿Y la última modificación del año pasado no cambia el espíritu de esa ley?

–No, no, para nada. Todas las modificaciones que se han introducido con la Ley de Medidas siguen siempre en esa línea de intentar solucionar temas con los que nos encontramos.

–¿A qué se va a dedicar ahora tras la jubilación? No me diga que a visitar obras...

–(Se ríe) No, no... Tengo intención, si puedo, de seguir colaborando con la Administración para seguir trabajando en los temas que tenemos en marcha e intentar terminarlos. Y también seguir activo profesionalmente desde la iniciativa privada vinculada al urbanismo.