«La nueva normativa maquilla 4 años de abandono a las personas dependientes»

A su juicio, «con la publicación de la nueva normativa, sólo se persigue maquillar los últimos 4 años de abandono y de absoluta inoperancia en los que han dejado en la estacada a las personas de este colectivo en Cantabria». Critican que «en el tiempo de descuento la Consejería ha aprobado unas órdenes en las que hablan de decoración de habitaciones, de elección de opciones de ocio y de internet gratuito en los centros... cuando continúan sin resolver nuestros problemas endémicos». En este sentido, apuntan que «en las reuniones mantenidas con el Ejecutivo se han expuesto de forma recurrente las dificultades en la actividad y el deterioro de la calidad en la atención a los usuarios, derivados de la falta de coordinación socio-sanitaria, la inseguridad jurídica, la sobrecarga burocrática, la desigualdad en la prestación del servicio, etc».

Sin embargo, el Gobierno da por cumplidas las reivindicaciones del sector: «Venían demandando más dinero, más personal y menos burocracia; y ya lo tienen con esta normativa y con este incremento aprobado de los precios públicos», señaló Tezanos. La vicepresidenta destacó que, con el cambio de modelo impulsado, «avanzamos y apostamos por centros lo más parecidos a los hogares, donde las personas mayores y con discapacidad reciban una atención más personalizada, en las que se dé más relevancia a sus necesidades y deseos».

Pero las tres entidades opinan que «resulta incomprensible» que el Gobierno hable de los beneficios de la atención centrada en la persona «como algo novedoso y se atribuyan su concepción, cuando está plasmado en la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria de 2007 y los centros ya operan en base a ese modelo. Pretender adjudicarse la idea de 'respeto a la dignidad y a los derechos de la persona' es vender humo a dos meses de concluir su legislatura». Respecto a la subida de precios del 10%, interpretan que «es ficticia porque en ese porcentaje está incluido el IPC, luego no se trata de una inversión, sino de una adecuación a los costes de mercado». En cualquier caso, señalan que «ese incremento no alcanza a compensar la bajada de precios que se realizó durante la crisis, ya que hubo plazas cuyo coste cayó hasta un 19%». En cuanto al refuerzo de personal, medida en la que el sector ha venido insistiendo desde el inicio de legislatura, añaden «no se puede calcular una ratio adecuada sin revisar los grados de los usuarios, cuestión que sólo se ha abordado para aumentar el copago».

De otro lado, añaden que «la falta de criterio de los responsables de la nueva norma queda de manifiesto cuando hablan de aumentar el ancho de los pasillos de 120 a 150 centímetros cuando, en la actualidad, la norma ya exige que estos sean de 220. No es de extrañar entonces que el único centro residencial que ha abierto sus puertas esta legislatura no cumpla con el Código Técnico de Edificación, por lo cual el sector ha emprendido acciones legales».

Las asociaciones de dependencia avanzan que van a instar a los partidos políticos a que «adopten las medidas oportunas para solicitar al Parlamento de Cantabria la derogación de las presentes normativas». Y el respaldo del PP ya lo tienen. La diputada regional Isabel Urrutia criticó ayer que al Ejecutivo «le han entrado las prisas al final de la legislatura y para poder contestar a la proposición no de ley presentada por el Partido Popular, y que se debatirá el lunes, 18, en el pleno del Parlamento, han metido bajo cuerda en el Consejo de Gobierno un Decreto que no cumple con el procedimiento normativo aprobado en la Ley».

En opinión de Urrutia, esto es «una auténtica barbaridad, además de una irresponsabilidad manifiesta» porque se aprueba, además de «a espaldas» del sector, «saltándose todos los trámites legales». Para los populares, el balance de esta legislatura en materia de dependencia «es el de retroceso, incumplimiento e imposición, con la parálisis en la gestión y la voladura del diálogo y el trabajo conjunto con el sector».