El Parlamento destapa las primeras diferencias entre PRC y PSOE antes de las elecciones

Los regionalistas recriminan a Zuloaga que no haya tenido la valentía de otros barones socialistas, como Ximo Puig (Valencia) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), para enfrentarse a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y exigirle el pago de los 175 millones que el Gobierno central debe a la región.

Tampoco entienden en Peña Herbosa que el PSOE cántabro haya votado en contra de pedir la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para solucionar este problema que el Estado tiene con todas las autonomías, una reclamación presentada por el PP y apoyada por el PRC en Cantabria. Sobre todo cuando en otras comunidades, como Andalucía y Castilla-La Mancha, el PSOE sí ha votado a favor y se ha adherido a esta propuesta, tachada aquí por Zuloaga como «mascarada electoralista» del PP.

«Cuando Montoro, en 2018, vinculó la financiación autonómica a la aprobación del Presupuesto, todo el socialismo salió en tromba a calificarlo de chantaje intolerable. Ahora no, ahora lo normalizan», se quejan en el PRC. Incluso en el propio PSOE tienen sus dudas sobre si hicieron bien votando en contra. «Quizás debimos abstenernos», comentó uno de sus diputados tras el Pleno del pasado martes.

Tampoco ha ayudado a relajar los ánimos la carta que la consejera de Economía, María Sánchez, ha enviado a Madrid. El documento se limita a recoger escrupulosamente el acuerdo aprobado en el Parlamento con los votos en contra del PSOE. Un escrito técnico y aséptico en el que la consejera no muestra ni la más mínima queja a la ministra por el retraso en el dinero que el Estado debe a Cantabria. «Transmiten la voluntad del Parlamento y lo han hecho rápido», decía anteayer con cierta ironía el portavoz del PRC en la Cámara, Pedro Hernando.

No sólo los asuntos de trascendencia nacional separan a PRC y PSOE. También mantienen posturas encontradas en algunas de las primeras leyes que llegarán al Parlamento esta legislatura. Los socialistas tienen previsto tramitar el próximo mes de octubre tres de las normativas que se quedaron en un cajón antes de las elecciones por falta de tiempo: Memoria Histórica, LGTBI y Vivienda. El PRC tiene serias discrepancias con su socio en las dos últimas.

Según ha podido saber este periódico, el PSOE quiere crear una dirección general exclusiva de LGTBI –adherida a una Consejería del Gobierno–, además de exigir informes de género en todos los proyectos que ponga en marcha el Ejecutivo. Los regionalistas, aunque están a favor de regular los derechos de estas personas, tienen muchas dudas de la necesidad de esos dos puntos. Por eso, antes de dar luz verde a la ley tienen previsto solicitar una batería de comparecencias para que distintos profesionales aporten su opinión.

La Ley de Vivienda también será motivo de discusión. Esta normativa de iniciativa popular es una vieja conocida del Parlamento. Ya en la pasada legislatura, la Plataforma Antidesahucios (PAH) consiguió que PSOE y Podemos iniciaran su tramitación en el hemiciclo. El PRC lo aprobó por «buena voluntad», a sabiendas de que no llegaría a ningún lado porque sólo faltaban dos meses para las elecciones. Ahora los socialistas volverán a retomarlo, pero los regionalistas tienen previsto bloquearlo.

En el PRC creen que debe ser el Gobierno el que diseñe y tenga la iniciativa en una ley tan importante. Y tampoco gustan algunos de los artículos clave que la PAH incluye en la normativa. Como, por ejemplo, el polémico 27.2 que también aterra a PP, Ciudadanos y Vox. En él se dice que si una vivienda permanece desocupada durante dos años podrá ser expropiada por el Gobierno.