Partidos e instituciones no logran un frente común para exigir que los nuevos Cercanías estén en 2026

Ahora que lo firmado está en revisión, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, reclama renovar ese compromiso doble en un nuevo acuerdo bilateral con el que despejar cualquier duda y fijar un calendario de cumplimiento claro con un Ministerio «en el que el 'donde dije digo, digo Diego', empieza a ser lo habitual». «¡Que no me obliguen a replantear las relaciones con el Ministerio de Transportes, porque lo haré!», afirmó ayer la presidenta, visiblemente enojada, durante su intervención en la Junta Directiva Regional del PP.

«Todo se reescribe, todo se reinterpreta o todos los demás, pobrecitos, lo entendimos mal», ironizó Buruaga en referencia a las palabras del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que el pasado lunes señaló que el compromiso era que los trenes estuvieran en 2026 para su posterior homologación y no en funcionamiento, algo que no se corresponde con la realidad. Eso sí, la intención de hacer fuerza con un frente común de los partidos cántabros parece lejana a juzgar por el cruce de reproches entre todos ellos. Incluso las Mesas de Movilidad, que ven en este retraso una mala noticia, entienden que el PP es incluso más responsable de la situación del servicio de Cercanías que el Ministerio dada su falta de inversión durante sus años de mandato –de 2011 a 2018–, el momento en el que tocaba renovar los 21 trenes de la flota cántabra al alcanzar la edad máxima de 30 años.

A Santano, Buruaga le echó en cara que haya estado tres veces en Cantabria sin celebrar una reunión de trabajo con su homólogo autonómico, Roberto Media. Y concluyó que «con los trenes pasa como con lo demás, que aquí no gobierna nadie y que no se enteran porque están a otras cosas».

Eso mismo es lo que le echaron ayer en cara a Buruaga desde el PRC. Su portavoz, Pedro Hernando, recordó cómo la popular responsabilizó al expresidente Miguel Ángel Revilla cuando en 2023 trascendió el primer retraso con los trenes de Cercanías. Fue cuando este periódico destapó que llegarían tres años más tarde porque los diseñados inicialmente no cabían por los túneles de la red regional. Entonces, el PP defendía la tesis de que, aunque la culpa principal era del Gobierno central, también el bipartito PRC-PSOE había hecho dejación de funciones por no vigilar el cumplimiento del contrato.

«Nos tememos que, con Buruaga a la cabeza, no tendremos ni tren con Bilbao ni trenes con Piélagos», vaticinó Hernando, que reprocha el silencio de la presidenta y considera «una vergüenza» que haya tardado dos semanas en pronunciarse. «¿Dónde están los responsables de hacer seguimiento del proyecto?», subrayó. Responsables como el consejero de Fomento, que cuestionó la demora que ya había avanzado Paula Fernández. Entonces, recuerda ahora el PRC, Media afirmó que no tenía «por qué dudar de lo que dicen los representantes del Ministerio».

¿Y qué dicen el resto de grupos con representación en el Parlamento autonómico? Si Buruaga quiere formar un frente común contra el Ministerio, el PSOE se desmarca y compra la tesis de Madrid. Dice que el compromiso era que los trenes llegaran en 2026 para su posterior homologación –que tardará varios meses– y no a principios del año que viene para su entrada en funcionamiento. «La mejora y modernización de la red de Cercanías en Cantabria que está acometiendo el Gobierno de Sánchez no lo ha hecho nadie antes. En siete años, ha invertido 700 millones, frente a los cero euros de Rajoy. Lo importante es que los trenes van a llegar», opina la portavoz de la Ejecutiva socialista, Ainoa Quiñones.

En Vox lamentan que la palabra del Ministerio no tenga valor e incumple una y otra vez. «Mientras otras comunidades modernizan sus redes ferroviarias, Cantabria sigue a la cola», dice la portavoz del partido, Leticia Díaz, para quien lo peor es la «tomadura de pelo», ya que un año después de que se dijera que había comenzado la fabricación, aún no había arrancado. «Es el reflejo de una política que posterga y que trata a Cantabria como el pobre de la periferia», apuntan en el partido, que también reprocha que Buruaga no hace su trabajo de exigir y no tenga garantías por escrito para acudir incluso a los tribunales.

«Un retraso no es una buena noticia y queremos que vengan, pero sobre todo queremos que vengan bien. Si hemos esperado diez años, podemos esperar once», apunta Javier Polanco, portavoz de los usuarios, que opina que el PP «instrumentaliza el debate» cuando fueron sus ministros quienes se olvidaron de invertir cuando tocaba. Añade que hay que hablar también del diseño de los trenes, que llegarán con una puerta por vagón y no dos, lo que implicará más tiempo de espera en las estaciones en las horas punta. También recuerda los seis trenes comprometidos para la línea de ancho ibérico, de los que no se tienen noticias.

Y de los usuarios a la patronal. Aunque la apuesta estratégica de la CEOE es la conexión a Europa a través de Bilbao que incluya un tren de mercancías y la llegada de la alta velocidad, también defiende la mejora de las Cercanías para fijar población y promover nuevos flujos económicos, además de reducir las emisiones al ser una forma de transporte sostenible. En ese sentido, su presidente, Enrique Conde, considera que el retraso es negativo por las consecuencias para los trabajadores que sufren cada día las averías de los trenes –y llegan tarde a su puesto– y por lo que implica en cuanto al incumplimiento de los compromisos: «No respetar el acuerdo es faltar al respeto a la otra parte y a los que esta representa. Y esto está ocurriendo en Cantabria con demasiada frecuencia. Ni la ciudadanía ni los empresarios –que formamos parte de la sociedad civil– podemos aceptar ni resignarnos a que desde el Gobierno de España se nos considere ciudadanos de segunda».

l genocidio que Israel comete sobre Palestina se ha convertido también en temas capitales del debate en la política vasca. Es así por el polémico contrato que la empresa CAF, la compañía que se está encargando de la construcción de los nuevos trenes de Cercanías de Cantabria, mantiene activo con Israel. La máxima responsable de la Diputación de Guipúzcoa, Eider Mendoza (PNV), advirtió a aquellos que piden la cancelación del contrato que esa decisión «podría suponer el cierre de la empresa o llevársela fuera» de Beasain.

Desde Podemos insisten en la rescisión del contrato que firmó con el Gobierno de Netanyahu la empresa vasca, que cuenta con más de 16.000 trabajadores por todo el mundo, unos 3.000 de ellos repartidos en Guipúzcoa entre sus plantas de Beasain e Irún. Su portavoz puso en duda que CAF no pueda cancelar ese acuerdo y considera que si desde la Diputación defienden que siga adelante con la fabricación de los trenes israelíes significa que«no han entendido nada de lo que ocurre en el mundo».

Unas declaraciones que no gustaron nada a la jefa del Gobierno foral formado por PNV y PSE. «Es un ejercicio de ligereza económica», apuntó Mendoza, para aclarar que la firma del contrato «se realizó en 2019 con todas las garantías». Además, pidió que «no se atribuya a los demás responsabilidades que no les corresponden» porque es una cuestión «de gran complejidad ética y jurídica». Y exigió que no se señale a empresas ni instituciones, como ya hizo el lehendakari Imanol Pradales hace dos semanas en el Parlamento vasco.

Como avanzó El Diario Montañés, aunque el acto en el que se oficializó la construcción de los 21 nuevos trenes de Cercanías de Cantabria –y los diez que irán a Asturias– tuvo lugar en la fábrica de CAF en Beasain, posteriormente se ha decidido trasladar su producción a la factoría de Zaragoza. Aunque la empresa no explica si tiene que ver, este movimiento coincide con la confirmación del retraso en la llegada de las nuevas unidades a ambas comunidades autónomas, previsto para principios de 2026.