San Pedro del Romeral marca el camino

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que avala la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de San Pedro del Romeral que fija una tasa a las compañías eléctricas por el uso y explotación del suelo municipal abre la puerta a que otras localidades hagan lo mismo y cobren un impuesto a las grandes compañías energéticas por el uso del terreno donde se asientan las torres eléctricas o por donde transcurren las canalizaciones de gas. El alto tribunal ha rechazado el recurso de Red Eléctrica de España en el que pedía que se impugnara la ordenanza del municipio pasiego que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), en marzo de 2015, y también un anexo, de agosto de 2017.

«A lo largo de estos años he recibido muchas llamadas de alcaldes de Cantabria y de fuera que tenían intención de poner en marcha estas tasas para conocer cómo lo habíamos gestionado nosotros», explica el exalcalde de San Pedro del Romeral, Pedro Gómez (PRC), que fue el que inició la 'batalla', allá por 2011.

Por el momento, es Soba es el que más avanzado tiene los trámites. Así lo reconoce su alcalde, Julián Fuentecilla, también del PRC. «Hemos llegado a un acuerdo con las Juntas Vecinales, propietarias de los terrenos, para que nos cedan al Ayuntamiento la gestión del cobro», explica. También tienen redactado ya el estudio de terrenos afectados y la previsión es someter la ordenanza a la aprobación del Pleno municipal entre finales de este año y principios del próximo, «para empezar a cobrar en 2019». Otros municipios «con posibilidades» valoran dar este paso adelante. Incluso el propio PRC anunció el pasado año que iba a promover en todos los ayuntamientos, a través de ordenanzas en aquellos que gobierna y mociones donde no lo hace, el cobro de esas tasas.

Entre los argumentos a favor, un buen pellizco económico para las arcas locales y una jurisprudencia que da la razón a los municipios. Porque a la sentencia del TSJC se suman las dictadas desde el año pasado por el Supremo: más de una decena de casos en distintas comunidades autónomas en los que se ha dado la razón a los ayuntamientos. Sentencias que sientan doctrina y dan luz a un largo enfrentamiento entre municipios y compañías, que se negaban a pagar esta tasa, bien porque no la reconocían o porque consideraban que era desproporcionada. La cuota se sitúa en una horquilla entre 3.000 y 12.000 euros por metro lineal, según el tipo de tensión -baja, media o alta, la más gravada-.

Pero también hay ayuntamientos que han frenado sus intenciones, porque no reunían las características necesarias para que les compensase económicamente -los beneficios son mayores cuanto más suelo público 'libre' esté explotado por las compañías o cuantas más instalaciones de alta tensión haya- o porque no han querido enfrentarse a un proceso que es «muy complejo», «laborioso» y «costoso» y que incluye una batalla jurídica contra las eléctricas. San Pedro, por ejemplo, no ha cobrado aún ni un euro pese a que aprobase la ordenanza en 2012.

San Pedro del Romeral fue el primer ayuntamiento cántabro en iniciar la redacción de una ordenanza para reclamar esta tasa que grava a las suministradoras por el uso del dominio público. «Consideramos que era injusto y nos empezamos a mover», explica Gómez. Primero tuvieron que elaborar un informe técnico en el que se determinaban los terrenos de dominio y utilidad pública del municipio, y, con posterioridad, una orden de precios en función de los tipos de ocupación de las compañías en esos espacios (torres, centros de transformación, líneas áreas y subterráneas...). En su caso, sólo hay redes de Red Eléctrica y Viesgo.

La Administración local contrató a continuación a un equipo de ingeniería para que realizara un inventariado de la ocupación de terreno por parte de ambas empresas, identificar «perfectamente» sus instalaciones y calcular así los metros cuadrados de cada una, descontando además los enclaves particulares o los que tengan ya un uso público (caminos, carreteras...).

Una vez elaborados los estudios, en diciembre de 2012 se aprobó la correspondiente ordenanza en el Pleno municipal y se publicó después en el BOC, para someterse así a información pública durante un mes, periodo en el que no recibió ninguna alegación. La regulación entró en vigor en enero de 2013 con la que era la primera versión de la tasa en vigor: Red Eléctrica debía abonar 231.136 euros al año y E.ON (denominación con la que se conocía a Viesgo en aquel momento), otros 202.136. En total, 433.403 euros.

Con posterioridad, en 2015 se publicó una modificación que afectaba «exclusivamente a la valoración del suelo de monte público, no al resto de la normativa», según explica el exalcalde. Siguiendo los criterios del resto de ayuntamientos nacionales que trabajaban en esta línea, que habían sido advertidos por los tribunales de que la valoración del suelo que habían hecho era alta, en San Pedro del Romeral realizaron una modificación a la baja de las tarifas. Pero, debido a «un error de envío electrónico», esa nueva valoración no se publicó en el BOC. De ahí que tuviera que realizarse ese anexo publicado en 2017.

El proceso ha supuesto para las arcas del municipio pasiego una inversión global de 100.000 euros. Y hasta la fecha no ha podido cobrar ni un céntimo de la tasa. Pedro Gómez considera que, tras las distintas sentencias, la batalla ya está al «final del camino» y que se podrá cobrar «en breve» la millonaria cantidad adeudada desde 2013. Una visión que no comparte la actual alcaldesa, Azucena Escudero (PP). Estima que no será tan pronto, porque prevé que, tras la sentencia del TSJC, Red Eléctrica recurra ahora la tarificación de la normativa; y que tampoco será tanto dinero, porque, en su opinión, la «nefasta gestión» y los «errores» de su antecesor impiden cobrar los años anteriores y el Ayuntamiento sólo empezará a percibir dinero a partir del presente ejercicio 2018 gracias a una nueva ordenanza. Según explica, serán 80.000 euros al año, lejos de los más de 400.000 anunciados por el regionalista. Así, la alcaldesa dice que la normativa de 2013 nunca entró en vigor puesto que fue derogada por otra al año siguiente y que se publicó además de forma errónea en el BOC, lo que ha hecho que «perdamos el derecho a cobrar las tasas entre 2015 y 2017».

A todo esto Escudero añade otras decisiones tomadas por Gómez, como el «allanamiento» del Ayuntamiento en el proceso judicial contra E.ON, que impide reclamar unos 200.000 euros a esta compañía. Desde el PRC han asegurado que estas acusaciones «no se sostienen». Pero esta ya es otra batalla...