El PP lleva al Congreso la polémica supresión de un juzgado ordinario para crear otro de mujer

Los diputados Noriega y De las Cuevas lamentan que se haya decidido sin consenso y preguntan al ministro si ha valorado los efectos negativos y el aumento de la carga de trabajo

Santander

Sábado, 21 de junio 2025, 07:30

Salvo que el Ministerio de Justicia rectifique, Santander perderá uno de los cinco juzgados de Instrucción con los que cuenta la ciudad para convertirlo en uno de Violencia sobre la Mujer dentro de la estrategia nacional para reforzar la respuesta a esta problemática social. Esa rectificación es la que busca el Partido Popular, que a través de sus diputados Javier Noriega y Félix de las Cuevas llevará el asunto al Congreso con la tesis de que la creación del nuevo órgano no debe hacerse en detrimento de otro. Que no es razonable que los jueces instructores, que ya tienen una carga de trabajo considerable, vean cómo se incrementa en un 25% –si cada uno de ellos se reparte de forma proporcional los asuntos del Juzgado 5– su labor diaria. Si las estadísticas demuestran que los juzgados de la capital están ya saturados, consideran que esta novedad solo aumentará el problema.

«¿Van a asumir ustedes ante los ciudadanos los nuevos retrasos que se van a ocasionar en la tramitación de los procedimientos penales, tras la caprichosa eliminación de un Juzgado de Instrucción en la ciudad de Santander?», preguntan los populares en la batería de cuestiones que han registrado en la Cámara Baja y que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que responder por escrito. También quieren saber si en Madrid, el equipo del ministro Félix Bolaños es conscientes de que al aumentar correlativamente el número de guardias de cada uno de los cuatro juzgados de Instrucción subsistentes se dispondrán de muchos menos días para celebrar juicios y practicar declaraciones.

Más allá de los efectos prácticas, entre los argumentos del PP se encuentra que la decisión, recogida a través de un real decreto publicado a comienzos de junio, va en contra del Pacto para la Justicia de Cantabria, que se firmó en julio del año pasado y en el que el Gobierno autonómico y los diferentes profesionales e instituciones del sector coincidían en la necesidad de crear nuevas unidades judiciales, pero «nunca a costa de eliminar uno de los cinco juzgados de Instrucción que actualmente hay en la ciudad».

En el escrito presentado en el Congreso, los diputados subrayan que todos los operadores jurídicos y entidades relacionadas con la Justicia de Cantabria se han mostrado ya radicalmente en contra de la eliminación del juzgado de Instrucción. La Consejería de Presidencia y Justicia, el Colegio de Abogados y hasta los propios afectados.

Un «capricho» del Gobierno

El PP considera que el decreto del Ministerio de Justicia «protegerá a unas víctimas concretas para desproteger a otras»

Firmado hace un año

Los diputados populares recuerdan que la medida va en contra del Pacto Regional para la Justicia y de la opinión de los jueces

Noriega y De las Cuevas recuerdan que los propios jueces y magistrados han dicho que la decisión ministerial tendrá efectos gravemente perjudiciales para la Justicia penal en Santander, ya que este tipo de procedimientos se van a alargar en el tiempo, «existiendo mayor riesgo de impunidad al ser mucho más dificultoso controlar los plazos de instrucción». Hablan de un aumento de la desprotección sobre las víctimas de delitos que no sean violencia de género y violencia sexual.

«¿Es consciente el Gobierno de España de que no se puede proteger a unas víctimas concretas y desproteger a otras?», cuestionan los populares, que creen que el decreto va en la dirección contraria a «afianzar el acceso a la Justicia y a consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos».

Los retrasos en la obra de Aguayo se debatirán también en Madrid

Al mismo tiempo, el PP también ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que urge al Gobierno de España a prolongar la concesión de la central hidroeléctrica de Aguayo a la empresa Repsol y a establecer el marco regulatorio necesario para el desarrollo de centrales hidroeléctricas reversibles como la que se pretende ampliar en Cantabria. Estos son los dos motivos por los que la compañía energética aún no ha comenzado esta millonaria obra.

Sobre el primero de los asuntos, el diputado De las Cuevas, que defenderá la iniciativa en la Comisión de Industria, lamenta que la concesión, que parecía resuelta, vuelve a estar atascada. El otro punto tiene que ver con la creación de un sistema de incentivos «para garantizar la viabilidad económica del proyecto, con el fin de que Aguayo II sea una realidad cuanto antes».