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Santander pierde un juzgado de instrucción por la creación de otro de Violencia sobre la Mujer

Malestar entre los jueces cántabros porque el anuncio del Gobierno hablaba de la creación de un nuevo órgano pero no de la supresión de un juzgado

Abel Verano

Santander

Martes, 3 de junio 2025

El Ministerio de Justicia mantiene su decisión de transformar un juzgado de instrucción de Santander en uno de Violencia sobre la Mujer, a pesar de que el martes anunció la creación de un nuevo órgano y no hizo mención a la supresión de otro. Los jueces cántabros se llevaron una desagradable sorpresa cuando ayer comprobaron en el BOE que uno de los cinco juzgados de instrucción de Santander se convertirá a partir del 31 de diciembre en uno de Violencia sobre la Mujer. Todo ello a pesar de la oposición del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del Gobierno de Cantabria y del TSJC, que informaron negativamente sobre la previsión del Gobierno central.

Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria, se informó el martes de que el Consejo de Gobierno había aprobado la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados en violencia sobre la mujer en toda España. Y, en el caso de Cantabria, esta medida suponía la creación de una nueva sección especializada en Violencia sobre la Mujer en Santander. Esta unidad se suma al Juzgado de Violencia sobre la Mujer actualmente existente en Cantabria (dirigido por el magistrado Fernando Vegas), que pasará a integrarse como Sección especializada dentro de los nuevos Tribunales de Instancia, tal como establece la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Sin embargo, en esa nota no hacia ninguna alusión a que la creación se esa unidad supondrá la supresión del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, cuya titular es la magistrada Mercedes Compostizo.

«La nota de Delegación es confusa»

Tanto el presidente del TSJC, José Luis López del Moral, como el decano de los Juzgados de Santander, Jaime Anta, manifestaron el mismo martes su «satisfacción» y «agradecimiento» por «la sensibilidad mostrada ante nuestra preocupación», después de hacerse eco de la información trasladada por el Ministerio de Justicia. De hecho, en el seno del CGPJ daban por hecho que se había atendido la petición de no suprimir un juzgado para la creación de otro de Violencia sobre la Mujer.

«La nota de Delegación de Gobierno es confusa», se limitó a señalar este miércoles el decano de los Juzgados de Santander, Jaime Anta, disgustado y preocupado por los efectos que va a tener esta medida. De hecho, el pasado 15 de abril la Junta de Jueces de Instrucción de Santander expresó su «total oposición» a la conversión del Juzgado de Instrucción Número 5 en un órgano de Violencia sobre la Mujer «por ser gravísimamente perjudicial para la Justicia penal». El acta de una reciente reunión en la que participaron los titulares de los órganos de Instrucción y el juez decano reflejó el rechazo a la propuesta del Ministerio de Justicia de transformar los juzgados más recientes en especializados en violencia de género. Los magistrados solicitaron entonces «la inmediata paralización de la tramitación» del Real Decreto que lo prevé y piden que sean escuchadas las Juntas de Jueces.

En este sentido, proponían que se mantengan las cinco plazas que actualmente prestan servicio en Santander «sin perjuicio de la creación de nuevas plazas de las Secciones de Violencia sobre la Mujer». Además, advertían de que, si se aprueba el texto en los términos ahora previstos, los magistrados de instrucción no se harán «responsables de los retrasos en la tramitación de los procedimientos que, de seguro, se van a generar». También apuntaban a la «desprotección que se pueda causar a las víctimas de los delitos que no sean de violencia de género y violencia sexual».

El acta de la Junta explicaba que la carga de trabajo de los actuales juzgados que se derivará al futuro juzgado o sección de Violencia sobre la Mujer representa «apenas un 2,36% del total» (unos treinta asuntos de violencia sexual por juzgado). Por el contrario, la consecuencia de eliminar uno de los cinco juzgados supondrá que el resto tendrá que asumir «una media de 600 asuntos de golpe» por órgano judicial. Ello afectará «tanto a los tiempos de respuesta judicial como a la calidad de dicha respuesta».

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