PRC y Vox se abren a apoyar una Ley de Vivienda «mejorable» y el PSOE lo descarta

Donde no ven ningún margen es en el PSOE. Consideran que lo que intenta hacer el Ejecutivo de Buruaga con esta norma es una «enmienda a la totalidad»a las políticas de Pedro Sánchez «por cuestiones ideológicas» en vez de un proyecto que dé soluciones a los problemas a los cántabros. De hecho, el propio consejero confirmó que su norma va en la dirección contraria a la estatal: busca intervenir el mercado no poniendo límites a los precios, sino dando seguridad a los propietarios que tienen miedo a los impagos y a los okupas.

«Lo que necesitan los cántabros son ayudas autonómicas complementarias al bono de alquiler joven del Gobierno de Pedro Sánchez, limitar el precio de los alquileres, controlar el aumento de los pisos turísticos y ampliar el parque público de viviendas para poder acceder a una vivienda digna en la que desarrollar sus proyectos de vida. Y ninguno de esos ejes es una prioridad para el PP», reclama Pedro Casares. Para el líder socialista, el texto «no es el que necesita Cantabria, sino el que necesita Buruaga para demostrar a Feijóo que hace los deberes: generar ruido, desconfianza, incertidumbre y miedo a la ciudadanía».

¿Qué intentará mejorar el PSOE durante la tramitación parlamentaria? La creación de ayudas autonómicas complementarias al bono de alquiler joven del Gobierno de Sánchez, limitar el precio de los alquileres, controlar el aumento de los pisos turísticos y ampliar el parque público de viviendas. En su opinión, ninguno de esos ejes está en un anteproyecto que «siembra miedo con la okupación»y no pone límites sobre los grandes tenedores.

Desde luego, al PRC les suena mejor la ley de Media que la que preparó el PSOE cuando eran socios del bipartito la pasada legislatura. Por eso la frenaron. «En esta hay cosas razonables y otras muy genéricas», avanza el portavoz regionalista, Pedro Hernando, a falta de un estudio más profundo del documento. Les chirría la falta de apoyo presupuestario de la norma y la gran cantidad de planes de actuación que pretende poner en marcha sin partidas económicas definidas. Sin dinero, creen que la norma sería un brindis al sol.

Los regionalistas ponen el acento en la creación de una especie de seguros de pagos de alquiler públicos, de tal forma que el Gobierno de Cantabria garantizaría la renta mensual a los propietarios en caso de que el inquilino no cumpla. Aunque la medida suene bien, al PRC le preocupa el agujero económico que puede generar a la administración y también que esto se haga para respaldar a las empresas que gestionarán durante 50 años, mediante un contrato de colaboración público-privada, las nuevas viviendas de alquiler asequible. Que la verdadera intención sea aumentar los beneficios de estas empresas y hacer que tengan un «negocio seguro» sin ningún tipo de riesgo. Y un aspecto más:con independencia de lo acertado o no de la medida, dudan de que sea constitucional que el Gobierno de Cantabria dote de más capacidades a los cuerpos de Policía Local para desalojar a personas que protagonicen okupaciones flagrantes.

La lucha contra la okupación es una de las banderas de Vox, que considera que el de la vivienda es uno de los principales problemas de Cantabria, donde los jóvenes son los últimos de España en emanciparse. Sus recetas encajan con el contenido de la ley de Media. «Tenemos que liberar suelo, tenemos que facilitar el alquiler asequible, tenemos que facilitar las viviendas de protección oficial y, por supuesto, tenemos que ofrecer incentivos fiscales, y al mismo tiempo presionar al máximo para que se modifiquen aquellas leyes que no combaten rotundamente la okupación», afirma su portavoz, Leticia Díaz, que pide celeridad al Gobierno para aclarar cuál será el texto definitivo y para que llegue al Parlamento.

Como era de esperar, en el lado opuesto está Izquierda Unida. Desde Santander, su concejal Keruin Martínez apunta que la norma «no responde a la emergencia habitacional que Cantabria» y «opta por mantener los viejos esquemas que nos llevaron a la burbuja inmobiliaria de 2008». Avanza que presentarán alegaciones a un texto que dedica más espacio y medidas concretas a un fenómeno «marginal» como el de la okupación ilegal que a las causas reales de la crisis de vivienda.

Además, Martínez también cuestiona la definición de «alquiler asequible» que plantea el anteproyecto, que fija una rebaja de solo el 20% sobre el precio de mercado o que insista en el rechazo a las zonas de alquiler tensionado. En resumen, cree que servirá para «entregar el suelo público a la rentabilidad de las constructoras privadas».