El PSOE cántabro cierra filas con Pedro Sánchez

El Diario Montañés se puso en contacto con diez miembros destacados del PSOE regional, entre ellos, alcaldes y miembros actuales y pasados de la Ejecutiva, para hacerles cuatro preguntas: ¿se siente decepcionado con su partido?, ¿cree que es necesario un adelanto electoral?, ¿debe Pedro Sánchez convocar un Congreso extraordinario para elegir un nuevo secretario general?, ¿considera suficientes las medidas tomadas hasta ahora?

Pero la respuesta fue casi unánime: «El mensaje es uno y no hay diferentes voces para decir lo mismo». El PSOE cántabro quiere evitar, de esta manera, conatos de disidencia, dobles lecturas o salidas de tono, como la del secretario de Organización, Agustín Molleda, la semana pasada, cuando remarcó los vínculos de Pablo Zuloaga con Santos Cerdán.

Solo la delegada del Gobierno y miembro de la Ejecutiva Federal, Eugenia Gómez de Diego, y la vicesecretaria cántabra y alcaldesa de Castro, Susana Herrán, escaparon de ese cortafuegos de su partido, además, claro, de su máximo representante, Pedro Casares, que despachó las preguntas con un escueto mensaje en el que no contestó directamente a ninguna de ellas. «La posición del PSOE de Cantabria será expuesta y defendida en los órganos internos del partido y, a su vez, en el próximo comité Federal», se limitó a decir Casares, que sí mostró su «absoluto rechazo y decepción por la conducta inadmisible de un grupo de personas que para nada representan los valores del PSOE».

Precisamente, ese comité Federal propuesto por Sánchez ha sido objeto de discusión en el seno interno del PSOE por considerarlo insuficiente. En el propio partido supo a muy poco la solución de urgencia articulada por el presidente del Gobierno el día de autos: una «profunda» reestructuración de la ejecutiva elegida en el congreso que la formación celebró el pasado diciembre –cuando Sánchez ratificó a Cerdán pese a las sospechas que ya se cernían sobre él– y una auditoría externa sobre la cuentas del partido para descartar la financiación irregular.

Solo hay una cántabra en esa Ejecutiva que pretende remodelar Sánchez. La delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, entró en la dirección nacional del partido como vocal, al mismo tiempo que salía Casares tras siete años en ella, lo que se entendió, en su día, como un apoyo de Ferraz a la candidatura de Pablo Zuloaga en las primarias cántabras.

Recién llegada de Madrid para asistir a la reunión de la Ejecutiva de cuatro horas previa a la rueda de prensa de Sánchez, Gómez de Diego defendió el liderazgo del presidente del Gobierno –«no está en cuestión»– y rechazó el adelanto electoral que exigen PP, Vox y algunas voces internas de su propio partido. «Este presunto caso de corrupción no afecta a la acción del gobierno. La acción de gobierno no va a parar. Ya lo hemos dicho, habrá elecciones cuando toque, en 2027. Que no haya ninguna duda: el Gobierno de coalición progresista va a continuar con su trabajo para seguir con avances sociales», aseguró, en la misma línea que se había posicionado Sánchez poco tiempo antes.

La delegada, lejos de estar decepcionada con su partido, dijo sentirse «orgullosa» y defendió las «medidas contundentes tomadas desde el primer momento». «El PSOE lo afronta, da la cara, toma medidas desde el primer momento, colabora con la justicia. El PP no puede decir lo mismo. El PSOE somos una organización limpia», aseguró de manera similar a cómo lo había hecho momentos antes Pedro Casares. A quienes no les parece bastante con estas medidas son a los críticos con Sánchez, que reclaman, algunos en voz alta y otros fuera de micrófono, un congreso federal extraordinario y que el actual secretario general no se presente.

Emiliano García Page, Felipe González, Alfonso Guerra, Javier Lambán, Eduardo Madina, Susana Díaz, Juan Lobato, Luis Tudanca, Nicolás Redondo, Tomás Gómez o Joaquín Leguina son algunos de los que reclaman más mano dura tras el demoledor informe de la UCO sobre quien ha manejado en los últimos años la vida interna del PSOE, primero como número dos de Ábalos –imputado por el Tribunal Supremo el pasado noviembre por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación– y después en primera persona.

Otros, como el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, han defendido los postulados de Ferraz, tanto las medidas anunciadas por Sánchez para limpiar el partido como agotar la legislatura y no convocar elecciones hasta 2027.

Sin decirlo directamente, la alcaldesa de Castro Urdiales también defendió los postulados de Ferraz, es decir, no a un adelanto electoral y luz verde a las medidas anunciadas por Sánchez. «No vamos a permitir que se utilicen estos casos para desacreditar a un Gobierno honesto, ni para dañar la imagen de miles de cargos socialistas que trabajamos cada día con limpieza y compromiso, desde lo local hasta lo estatal», señaló.

«En este partido no se protege a nadie que traicione la confianza pública. Cuando hay indicios, actuamos. Cuando hay responsabilidades, se asumen. Y cuando hay que depurar, se depura. Sin matices y sin excusas», defendió Herrán.