Sin rastro de las nuevas patrulleras de vigilancia aduanera

Entre estas acciones, destacan desde la Agencia Tributaria las salidas con naves de menor porte que realizan reconocimientos de embarcaciones en la zona y labores de inteligencia. También han puesto en marcha servicios de apoyo con desplazamientos de patrulleros de otras bases y vigilancias con helicóptero. Además existe un plan de control de puertos y embarcaciones para captar información con agentes marítimos. Por su parte la Oficina de Inteligencia Marítima (OIM) se encarga de hacer un seguimiento de buques. También se han intensificado las labores de los funcionarios que realizan trabajo de campo e investigan en puertos deportivos, amarres, etcétera. Se han puesto en marcha actividades de vigilancia tecnológica, analizando desplazamientos de embarcaciones desde posibles zonas de carga a la zona del Cantábrico. La Agencia Tributaria además, coopera con otras instituciones en materia aeronaval para la vigilancia marítima. También se están llevando a cabo fondeos y reconocimientos de buques mercantes sospechosos; controles radiológicos en ferris y contenedores, y operaciones de vigilancia en las costas con drones y cámaras térmicas.

Fue el 31 de marzo cuando la Agencia Tributaria decidió dejar en puerto cinco patrulleras que operaban en Santander, Bilbao, Gijón y Ribadeo, tras encontrar fibras de amianto, material contaminante prohibido desde 2002. La paralización afecta, por lo tanto a País Vasco, Cantabria, Asturias y la Mariña Lucense.

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Fran García, responsable nacional de Vigilancia Aduanera de CSIF explica que, «La información que manejamos es que la Agencia Tributaria tiene la intención de que vayan otros barcos a sustituir la embarcación afectada de Santander pero los que quiere poner tienen más de 30 años y estaban inoperativos desde hace tiempo. Es un parche», califica. Desde la Agencia Tributaria desmienten este extremo y explican que aún se está analizando el plan de sustitución. En cualquier caso, explican que no se contempla el introducir una nave inoperativa. Respecto a la antigüedad informan de que, «no es nada extraño que una patrullera tenga 30 años de uso, con los cuidados, mantenimiento y reparaciones adecuadas».

Respecto al problema de salud que puede suponer para los trabajadores, la AEAT informa de que los primeros análisis que se han realizado de amianto en atmósfera han dado negativos. La Agencia Tributaria está terminando de recopilar la información de todos los funcionarios que en algún momento tripularon esas embarcaciones para luego iniciar las revisiones médicas que el Servicio de Prevención de Riesgos establezca. «Lo que solicitamos fundamentalmente es que se dote de embarcaciones modernas y operativas a todo el Cantábrico y que no se introduzcan barcos de 30 años y dudosa operatividad«, considera García.