Santiago Lago: «La realidad cambia y el sistema fiscal está casi inmóvil desde que se creó»

-¿Cuál es el objetivo de la reforma fiscal y qué premisas les ha marcado el Ministerio?

-El objetivo general es fundamentar una reforma del sistema que es necesaria porque llevamos bastante tiempo sin reformas de calado. Hubo otro grupo de expertos con Montoro que hizo un informe, pero apenas se aplicó. Tenemos un sistema fiscal que no ha cambiado mucho, inmóvil, y una realidad que sí que ha cambiado mucho. El divorcio entre la realidad (comercio online, medio ambiente, digitalización) y el sistema es cada vez mayor. El Gobierno nos pide consejo sobre qué hacer, con especial interés en la tributación ambiental y la energía. Esas son las premisas, junto a ideas sobre los impuestos de Patrimonio y Sucesiones.

-¿Por qué hay que acometer esta reforma en este momento? ¿Cuál es la foto fija del sistema español y qué diferencias presenta respecto a los del resto de Europa?

-Veníamos de un sistema fiscal de la dictadura que estaba totalmente desfasado. En la democracia nos embarcamos en construir un sistema fiscal como los que había en Europa. Se hizo hasta la llegada del IVA en 1985. Se pusieron las bases también para la imposición local... Nuestro sistema actual bebe de eso. Se han hecho reformas, pero siempre parciales. Ahora tenemos que volver a adaptarnos a esa nueva realidad. Es cierto que en términos de recaudación, nuestro sistema recauda menos que la media de la Unión Europea. No porque tengamos tipos impositivos más bajos, sino porque hay muchas exenciones, como ocurre con los tipos reducidos del IVA. Eso explica el diferencial, junto al fraude fiscal. Aunque no hay datos oficiales, parece que es algo superior a la media.

-Entonces, ¿la recomendación irá por la línea de converger con Europa para aumentar la recaudación?

-Planteamos propuestas en abierto. El comité no decide si hay que bajar o subir impuestos. El nivel de impuestos lo tienen que decidir los ciudadanos a través de los políticos, no los técnicos. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de recomendar cambios para que el sistema sea más eficiente y que, si el Gobierno de turno quiere recaudar más, pueda hacerlo, y viceversa. Nosotros decidimos cómo tiene que construirse el coche, pero no a dónde tiene que llegar.

-Si apuestan por subir impuestos les acusarán de apoyar las tesis de la izquierda y si no, de lo contrario. ¿Es imposible tener una visión técnica más allá de las posiciones partidistas?

-Todo lo que planteamos en el informe es válido para un Gobierno de un signo político o de otro. Sería un error que un comité de expertos tome decisiones políticas como el nivel de impuestos. Siguiendo con el símil del coche, lo que tenemos es que diseñar una herramienta que permita al Estado ir a 120 kilómetros por hora si quiere, pero también a 60. Está claro que ahora en España gastamos más de lo que ingresamos. Eso hay que cerrarlo, y se puede hacer aumentando ingresos y reduciendo gastos. El sistema fiscal tiene que ser capaz de adaptarse a lo que quiera hacer el político en cada momento. Nosotros nos tenemos que ocupar de que en ambos escenarios no surjan problemas y que el reparto de los esfuerzos sea igualitario.

-El Gobierno ha dado un primer paso al establecer un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. ¿Tendrá efecto? ¿Debía haber esperado al informe?

-La decisión la ha tomado el Gobierno antes de que nosotros emitamos el informe y es algo absolutamente legítimo. Realmente, la mayoría de las empresas ya tributan por encima de eso. Por eso la recaudación estimada de la medida es de 400 millones, que es prácticamente nada en términos macroeconómicos. Es importante que sigue la línea de lo que se plantea en línea global, pero no tendrán una gran incidencia. Las empresas medianas y grandes de España ya pagan eso, aunque sí es enormemente relevante a escala internacional para empresas como Amazon o Facebook.

-¿Incluirán alguna recomendación en materia de lucha contra el fraude fiscal?

-Muy poquito. Es una cuestión de la que hay que hablar, pero no está dentro de la encomienda que nos ha hecho el Ministerio. Algo diremos, pero no será el asunto central.

-Más allá de ese informe que está por llegar, ¿España hace lo suficiente en este ámbito?

-El Gobierno ha hecho una cosa muy buena en la ley contra el fraude de julio, y ahí se recoge la necesidad de crear una especie de observatorio y estudiar esto en detalle. Necesitamos estimaciones oficiales y grupos de trabajo para trabajar sobre ello, para conocer mejor la realidad y atacar el problema. Existe en todos los países del mundo. El fraude fiscal cero es imposible, como es imposible el delito cero. Pero hay que atajarlo porque genera un agravio comparativo entre los que cumplimos y los que no.

-¿Habrá recomendaciones sobre la financiación autonómica en ese informe? ¿Parece imposible encontrar un punto de encuentro entre ambas posturas?

-Sí que se puede. Hay dos factores que distorsionan: el sistema foral, que es algo raro en el mundo y que genera sensación de agravio comparativo, y Cataluña, que reclama cosas que son difíciles casar con las regiones del régimen común. Yo no veo el escenario insalvable. En el caso de Cantabria, que aparentemente está muy bien tratada por el sistema, creo que es un tanto ilusorio. No está tan bien como parece, fundamentalmente por su tamaño. Todos aceptamos, porque se votó, que hubiera comunidades autónomas uniprovinciales y que todas las comunidades autónomas tuvieran las mismas competencias. Eso genera un problema de economía de escala. No es que gestionen peor, es que hay una serie de gastos fijos que cuando hay mucha población se pueden asumir mejor y cuando hay menos gente es más complicado. El nuevo modelo debe seguir teniendo eso en cuenta.