Santander se rebela ante la futura ley y no penalizará las viviendas vacías

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, fue ayer contundente al valorar el avance hecho público a inicios de semana por Pedro Sánchez: «Nosotros no lo vamos a aplicar. No vamos a incrementar impuestos en esa línea en Santander;porque no hace falta y porque ya tenemos nuestra estrategia con la promoción de vivienda protegida», zanjó Gema Igual, tajante, en la línea que ha seguido el Partido Popular a escala nacional, pues Pablo Casado ya ha advertido que recurrirá la futura Ley al Tribunal Constitucional.

En el Gobierno cántabro, con el presidente guardando silencio por cautela «hasta que conozcamos mejor lo que se va a hacer» –dijo Miguel Ángel Revilla– fue la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego, quien salió ayer a la palestra para dar una de cal y otra de arena. «Queremos hacer un valoración muy positiva de lo que será la primera ley de vivienda de la democracia», aclaró. «Las medidas dadas a conocer ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están totalmente alineadas con lo que será la Ley de Vivienda de Cantabria, que está actualmente en tramitación»;pero hay que leer la letra pequeña, pues el Ejecutivo regional no contempla, «al menos en estos momentos», intervenir sobre los propietarios particulares. «Sólo se aplicará la norma a las personas jurídicas:fondos y empresas», añadió Gómez de Diego.

La directora general insistió, no obstante, en que aún es pronto para valorar una iniciativa cuyos principios se conocieron a inicios de semana y de manera verbal. Precisamente por eso ayer muchos regidores prefirieron no pronunciarse al respecto de unas medidas que todavía no son claras y que en todo caso dejarían a su juicio incrementar hasta un 150% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a grandes tenedores que mantengan sus viviendas vacías.

«No sé qué vamos a hacer porque tampoco sé qué va a contener la nueva norma ni cómo van a querer que lo apliquemos», resolvió ayer el socialista Dionisio Luguera, alcalde de San Vicente de la Barquera. Uno de tantos municipios costeros cántabros donde puede presentarse esta problemática.

«Sería un despropósito subir hasta un 150% el IBI de los vecinos que tienen segunda residencia en el pueblo;pero todavía hay que esperar y ser cautelosos porque no podemos juzgar algo que no existe», se cuidó el regidor de Noja, Miguel Ángel Ruiz, que llegó a juzgar de «despropósito» que algo así pudiera llegar a aplicarse. «Es un anuncio más mediático que realizable», expresó.

Tampoco en El Astillero se baraja adoptar medida semejante:«No deja de ser una ocurrencia, me parece;pero quiero pensar que no tenemos ninguna información aún y que el texto final tendrá más sentido», expresó Javier Fernández Soberón, alcalde por Ciudadanos en El Astillero.

En Camargo prefirieron no pronunciarse, lo mismo que en Castro Urdiales o Comillas. Sin nada concluyente, mejor no opinar, pensaron. En todo caso, la medida afectaría sólo a los llamados municipios tensionados, esto es, los que mayores dificultades presentan en el acceso a la vivienda de alquiler. Según este primer esbozo de la norma, aquellos donde el precio medio del alquiler en la zona sea más del 30% de los ingresos medios de los habitantes del barrio en cuestión.

Bien es cierto que Cantabria tampoco presenta la misma problemática que Madrid o Barcelona:«Sí que hemos visto que el precio de los alquileres ha sufrido una subida importante en los últimos años, lo que reduce las posibilidades de las personas con sueldos más precarios», indicó Eugenia Gómez de Diego. Una circunstancia por la que es «partidaria de adoptar medidas inminentes».