La región cuenta con cerca de 47.000 casas desocupadas

Según los datos de este mismo organismo, correspondientes a 2020, hay en suelo cántabro un total de 366.442 viviendas. De ellas, 255.331 son hogares principales y 111.111 son no principales, donde podrían incluirse las alquiladas, las segundas residencias y las vacías.

Para hacerse una idea, el panorama es idéntico pasada una década, pues en 2011 había en la región 47.059 casas vacías. Es un dato que se corresponde con el estudio nacional que publica cada diez años el INE, y que este año reeditará con cifras actualizadas.

Por aquel entonces, el mayor número de estas casas cerradas se localizaba en Santander, que acumulaba el 22,72%. Le seguían los municipios de Torrelavega y Castro Urdiales. Sólo entre los tres sumaban el 37,85% del total de inmuebles desocupados en toda la región.

En el caso de la capital, donde más viviendas desocupadas pueden encontrarse, el Ayuntamiento defiende su negativa a aplicar la nueva norma, con una subida del IBI a los grandes propietarios que no alquilen sus inmuebles porque «ya hemos trabajado durante muchos años con el plan de promoción de viviendas protegidas», defiende la alcaldesa.

«La Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander (SVS) ha promovido desde 2007 más de 1.200 viviendas. En más de 1.000 de ellas ya tienen su hogar santanderinos: bien sean jóvenes, parejas o familias. Además, están en construcción otras 66 en la calle Alta, que estarán terminadas en agosto de 2022; y 120 más en San Román, que podrían entregarse a primeros del próximo año», resumió este miércoles el Consistorio.

Lo que aún no se sabe es en qué punto quedaría esta estrategia del Gobierno municipal de aplicarse la nueva norma, que contemplaría la reserva del 30% de las nuevas promociones para destinarse al parque público, siendo la mitad de este porcentaje destinado al alquiler social. Así, un edificio con 100 pisos deberá destinar 30 para este fin. Además, una parte de este porcentaje deberá también ofrecerse en condiciones de alquiler social.

En todo caso lo aplicarán los municipios que sufran en mayor medida esta problemática. Lo que en Madrid han denominado municipios tensionados. O sea, donde el precio medio del alquiler en la zona sea más del 30% de los ingresos medios de los habitantes del barrio en cuestión. Una estadística que suele encajar bastante con la realidad laboral de los más jóvenes, que a día de hoy, ven impotentes cómo las cuentas no cuadran cuando barajan independizarse.

Si la adquisición de un inmueble es una transacción prohibitiva para los jóvenes, tampoco el alquiler es una alternativa fácil. «Por un lado los jóvenes no pueden dedicar 500 euros al pago de una renta si cobran 1.000», resume Antonio Avilés, de Inmobiliaria Mikeli. «Pero lo que tampoco podemos pretender es que los propietarios regalen las rentas y cobren una cuantía que no les permita ni siquiera cubrir gastos», afirma.

«Es la hipoteca, son los gastos normales, los impuestos anuales, la reparación y el mantenimiento... Al final, si fijan unos topes para el precio del alquiler, lo que va a ocurrir es que los grandes inversores van a salir despavoridos». Una situación que podría traer un abaratamiento del mercado de compraventa.

El cheque de 250 euros para los jóvenes entre los 18 y los 35 años, con ingresos anuales brutos inferiores a 23.725 euros, puede servir de acicate para el mercado, pero no será la panacea, pues hay que pagar los gastos y a muchos las cuentas no les cuadrarán.