El sindicato reclama una comisión de investigación en el Parlamento sobre la «trama de corruptelas»
El sindicato Comisiones Obreras aprovechó su comparecencia de ayer para responder al consejero de Turismo sobre el caso de 'sabotaje' en los coches de Cabárceno ... para hacer una radiografía completa de la situación que arrastra desde hace años la empresa pública Cantur. Además de las «corruptelas laborales» en la contratación que vienen de legislaturas anteriores, CC OO se refirió a la existencia de «vacas sagradas» que han acumulado mucho poder en Cantur y que relacionan con lo ocurrido con los vehículos del Parque de la Naturaleza. «En estos casos no va a estar implicado ni un camarero, ni un operario. Seguro», apuntaron ayer desde el sindicato, que puso el acento en que esta «trama» y otras irregularidades se han denunciado sin éxito en los órganos internos. También que no fueron los representantes de los trabajadores los que acudieron a los medios de comunicación hasta que tuvieron que responder la versión de Turismo.
En esa enumeración de anomalías incluyeron la venta de coches de Cabárceno y Alto Campoo que Cantur iba a enviar al desguace por su antigüedad, un asunto por el que se abrió un «expediente informativo» a la persona que supuestamente tramitó esta transacción y del que el Comité de Empresa no ha vuelto a tener noticias pese a que consideran que pudo producirse un caso de prevaricación.
En este sentido, lo que reclama CC OO a los partidos es que ponga en marcha en el Parlamento de Cantabria una comisión de investigación sobre Cantur. Y aunque reconocen que los problemas vienen de muy atrás, responsabilizan al actual consejero de ser en este momento el «principal culpable y consentidor de lo que está pasando» en la empresa pública.
En este contexto encuadran el cese el pasado mayo de Patricia Arteaga cuando llevaba solo tres meses como responsable de Recursos Humanos de Cantur. «Estamos comprobando que era la persona que estaba decidida» a acabar con algunas de estas situaciones y que «estaba dispuesta a llegar hasta el fondo de la cuestión». A la Fiscalía y la Guardia Civil le piden que investiguen y no descartan acudir a la Justicia por la «vulneración del derecho a la información como representante legal de los trabajadores».
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