La huelga docente no cierra colegios e institutos, pero deja las clases bajo mínimos

Los porcentajes de seguimiento de la huelga no son el único indicador que pone negro sobre blanco las diferencias entre los sindicatos docentes y la Administración educativa. También lo es la forma de obtener los datos: incluso antes de comenzar el horario escolar, la Junta de Personal Docente criticó la instrucción de la Consejería hacia los equipos directivos de contabilizar al personal de vacaciones, con permisos o incapacidad temporal como «efectivos de plantilla», cuando deberían «estar excluidos por no tener obligación de asistir a su puesto de trabajo». Por contra, en su estimación, los sindicatos solo han tenido en cuenta los docentes que tenían que ir a su centro educativo y no lo han hecho.

Los datos de la Consejería de Educación provienen del registro oficial en Yedra del total de centros de Cantabria: dicen que 2.765 docentes hicieron huelga de los 7.696 que tenían derecho a ejercerla, lo que supone ese 35,9%. Mientras, los sindicatos, después de cerrar sus datos por la tarde y consultar al 82% de los centros, estimaron que el paro fue secundado por unos 2.500 docentes, que podrían ser más de 3.000 entre la totalidad de los mismos, lo que elevaría el porcentaje hasta el 51,6%.

La huelga ha llegado tras una negociación salarial estancada y deja claro, para las organizaciones sindicales, «el respaldo masivo de los profesores a las reivindicaciones salariales y laborales». Mientras, la Consejería asegura que mantiene la oferta que puso el viernes encima de la mesa en la última reunión: «Sigue vigente, incluso, después de la huelga», a pesar de que el documento en el que se planteaba supeditaba su validez a la desconvocatoria del paro. Aún así, Silva cree que «las oportunidades hay que aprovecharlas y vamos a mantener la oferta todo el tiempo que sea posible».

Con el incremento salarial ofrecido por Educación, los docentes cántabros serían «los segundos mejor pagados y los mejores formados de España», algo que «es bueno para el profesorado y más que bueno para la sociedad en general», incidió el consejero. Sin embargo, los sindicatos rechazaron –y siguen rechazando– los 150,23 euros más al mes que se completarían en 2028 y el aumento por sexenios. Ambas cuestiones protagonizaron las críticas en las concentraciones y protestas de ayer, porque para la Junta de Personal la oferta de Silva se aleja de sus requisitos: una subida lineal y no condicionada.

Los sindicatos celebraron el «éxito total y absoluto» de la jornada, que se demuestra en «la cifra significativa –de seguimiento– si se tiene en cuenta que se desarrolla bajo unas condiciones anómalas, impuestas, con servicios mínimos abusivos e irracionales». De hecho, también estuvieron en el foco de las críticas hacia el Gobierno. Los sindicatos aseguraron que «coartaban el derecho a huelga», mientras que, a juicio de Silva, «responden al momento en el que se celebra la huelga». Replicó que se ha abordado la situación «con una mirada especial para atender a los alumnos de 2º de Bachillerato, que solo tienen esta oportunidad –en referencia a la PAU–. Si nos equivocáramos, el perjuicio para ellos sería irremediable».

Y es que las fechas eran la principal preocupación de la Administración. Precisamente para evitar esa incertidumbre, el Ejecutivo decretó unos servicios mínimos más amplios que los de la anterior huelga. En la del 3 de abril, «eran de alrededor de 1.000 docentes, mientras que en esta convocatoria ascienden a 1.700». El aumento se debe tanto a la obligación de trabajar de la totalidad del profesorado de 2º de Bachillerato de cara a la preparación de la PAU como a la excepcionalidad de los centros de Educación Especial.

A pesar de todo, las clases transcurrieron con «normalidad» y «sin incidentes» mayoritariamente. Los alumnos de 2º de Bachillerato pudieron recibir sus clases de preparación de las pruebas de acceso a la universidad tal y como establecen las indicaciones de final de curso. Tan solo se registró un problema en el IES La Albericia de Santander, donde los padres de los alumnos a punto de presentarse a la PAU alertaron de que sus hijos no habían recibido la clase de Lengua Castellana y Literatura que tenían programada desde la semana pasada, a pesar de que no se aclararon los motivos de la ausencia. «Los chicos han ido para nada, era la única asignatura que tenían y nadie les ha explicado las razones para cancelar la clase», remarcaron las familias. Temen que hoy –segunda jornada consecutiva de huelga– se vuelva a repetir la situación, ya que tienen otras dos horas planificadas.

Asimismo, la jornada estuvo marcada por ocho concentraciones «descentralizadas» de los sindicatos docentes en Cantabria. Cientos de docentes salieron a la calle en Castro Urdiales, Laredo, Santander, Torrelavega, Reocín, Alceda, Potes y Cabezón de la Sal. Las movilizaciones continúan hoy con una manifestación por las calles de Santander. Recorrerá la ciudad desde la Consejería, en el Río de la Pila, de donde saldrá a las 17.30 horas, hasta llegar a Correos, con una parada en la sede del Gobierno en Peña Herbosa para reivindicar la subida salarial, la disminución de las ratios y evitar el cierre de centros públicos, entre otras peticiones.

La huelga docente llega tras varios intentos de desconvocatoria. La Consejería trató de acercarse a la Junta aumentando 30 euros mensuales su propuesta. Y los sindicatos rebajaron su petición a 240 euros más al mes. A menos de una semana de la huelga no llegaron al acuerdo. Sin embargo, Silva anunció que intentó «mantener un contacto 'in extremis'» con los sindicatos los días previos a la huelga. Una información que la presidenta de la Junta de Personal, Rus Trueba, desmintió rotundamente: «No hemos tenido ninguna comunicación desde que se levantó de la mesa tras una propuesta inaceptable y sin moverse un milímetro». Una versión del fin de la reunión que tampoco comparte Silva: «No nos hemos levantado de ninguna mesa como dicen los sindicatos» y «jamás vamos a estar fuera del diálogo». A pesar de las intenciones de la Consejería de continuar con la negociación, los sindicatos pretenden que la siguiente mesa de diálogo sea con la presidenta del Gobierno. Consideran que Silva «no tiene capacidad negociadora» y, por lo tanto, apelan a Buruaga para que sea ella quien «tome las riendas» del conflicto. Una petición que Silva lamentó, recordando que la presidenta «ha sido clara en este asunto; dijo que es el consejero del área quien debe ocuparse de la negociación y me parece que es lo más razonable». «Entiendo que es la estrategia o la postura para escalar el debate a una instancia política superior, pero no es necesario y no ayuda a que lleguemos al entendimiento», concluyó Silva.