La trama de Santos Cerdán intentó hacerse con un contrato de carreteras en Cantabria

Antxón Alonso es el empresario vasco dueño de Servinabar –canalizadora del dinero de la trama– y amigo de Santos Cerdán. En su dúplex, la UCO encontró tanto bolsas de dinero negro –unos 16.000 euros en total bajo la cama– como el documento que probaría que Cerdán controlaba el 45% de Servinabar.

Vicente Pelegrini era el director de Construcción de Acciona durante los años en los que los dirigentes socialistas urdieron las presuntas mordidas a través de esta empresa. El instituto armado registró el pasado viernes hasta tres viviendas a su nombre, volcó todo el contenido de su correo personal y se incautó de un móvil y una tablet. El juez del Tribunal Supremo ha decidido imputarlo, junto a otros dos trabajadores del gigante de la construcción que eran sus subordinados.

Ambos tenían comunicación habitual en 2019. En una de esas conversaciones por videoconferencia es cuando aparece el nombre de Santander. Alonso fotografió la pantalla de un dispositivo informático justo en el momento en el que aparece un folio con anotaciones manuscritas (ver imagen que acompaña este artículo). Bajo el título de 'Conservación' se recogen los nombres de tres ciudades acompañadas de fechas o comentarios: Ávila, Córdoba y Santander. La Guardia Civil entiende que se trata de licitaciones de conservación de carreteras dependientes del Ministerio de Fomento.

La UCO cree que en el caso de Ávila, con la fecha 26 de julio de 2019 a su lado, se trata de unas operaciones de conservación y explotación de las carreteras de un sector de la provincia que, justo en esas fechas, abrían el periodo de ofertas del contrato. Acciona lo acabó perdiendo.

En el caso de Córdoba, la Guardia Civil identifica el contrato como el que se adjudicó, finalmente, a la empresa API Movilidad para mantener varias carreteras nacionales y autovías en la provincia.

En cuanto a Santander, no aparecen a su lado fechas. Solo un comentario en mayúsculas: «Muy mal». Aunque en el informe de la UCO no se profundiza en ello, un mes antes de esa conversación el Ministerio de Fomento había sacado a licitación en Cantabria un contrato de 17,6 millones de euros para conservar varias carreteras: el tramo Mataporquera-Torrelavega de la A-67 y cinco tramos de la N-611 entre Palencia y Cartes.

Y solo tres días antes de la videollamada en la que Alonso y Pelegrini califican de «muy mal» la situación en Santander, la Mesa de Contratación de la obra había calificado la oferta de Acciona como una de las peores –la 22 de las 24 presentadas– y le había adjudicado el contrato a una empresa filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

No es la primera vez que Cantabria aparece en los informes de la UCO sobre la trama corrupta en la cúpula del PSOE. El pasado mes de junio, la Guardia Civil encontró un 'pendrive' azul serigrafiado con el rótulo 'Gobierno de Cantabria. Consejería de Obras Públicas y Vivienda' durante el registro del domicilio de José Ruz. El constructor valenciano está acusado de pagar mordidas a cambio del amaño de obra pública y es el socio minoritario de Levantina Ingeniería, una constructora que pagó 2.600 euros mensuales entre diciembre de 2022 y junio de 2023 a Koldo García.

A raíz de eso, el Gobierno de Cantabria anunció que investigaría los contratos existentes con las empresas de la trama del PSOE, ya que Acciona tiene decenas de trabajos en la región desde hace años. Además, hay otra obra en Cantabria, esta vez encargada por Adif a Levantina Ingeniería, la empresa de Ruz: la mejora del viaducto de Raos, la infraestructura con la que la línea ferroviaria Bilbao-Santander sortea la ría, la autovía y las marismas de Alday.

También las obras de la autovía A-67 en el nudo de Torrelavega y la ampliación del tercer carril entre Polanco y Santander aparecen en la lista de mordidas del exministro de Fomento, según la documentación presentada en el Tribunal Supremo por el comisionista Aldama.