Tres años y medio de investigación

Fue una denuncia anónima la que en marzo de 2022 dio origen al mayor caso de corrupción en Cantabria que se recuerda. Una persona sin identificar alertó a la Delegación de la Agencia Tributaria (AEAT) en Cantabria de la posible participación de un alto funcionario del Ejecutivo regional -el jefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez- en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública. «Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos», avisaba este anónimo.

El área autonómica de Vigilancia Aduanera elaboró entonces un informe patrimonial relacionado con Miguel Ángel Diez al objeto de comprobar la existencia de posibles incrementos de patrimonio no justificados, tanto en el caso del funcionario como en el del resto de miembros de su familia, que pudieran estar relacionados con un posible delito de blanqueo de capitales. De ese estudio se desprendieron indicios delictivos.

En un primer momento, Vigilancia Aduanera determinó que la familia del funcionario -en cuya casa se hallaron 529.000 euros en una caja fuerte y una máquina de contar dinero- había experimentado un «importante incremento de patrimonio no justificado durante el periodo comprendido entre 2013 y 2022».

La AEAT formó un equipo conjunto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y se judicializó la investigación, pasando a manos de la magistrada Mercedes Compostizo, que, bajo secreto de sumario, ordenó la intervención de las llamadas telefónicas del funcionario y del resto de implicados. Esa diligencia fue la más esclarecedora y sobre la que se sustentó el caso.

El 22 de febrero de 2023, el caso salió a la palestra con la detención de ocho personas y los registros en la Consejería de Obras Públicas (en manos del PRC en aquel momento) y las sedes de las empresas implicadas. Un escándalo sin precedentes que tuvo importantes consecuencias políticas y que causó una crisis en el PRC que obligó a Miguel Ángel Revilla a cesar al consejero José Luis Gochicoa y al director general de Obras Públicas, Manuel del Jesus.

Tras las detenciones, el 24 de febrero la instructora acordó únicamente el ingreso en prisión provisional del jefe de Carreteras. Al resto de implicados les puso en libertad con cargos. Siete meses después, dejó libre al funcionario al considerar que ya no había riesgo de destrucción de pruebas.

En julio de 2024, los investigadores entregaron a la jueza sus conclusiones definitivas tras el análisis de toda la documentación y los ordenadores que requisaron cuando irrumpieron en la Consejería de Obras Públicas y las sedes de las empresas. Con todo ese material, la instructora amplió de ocho a diez la nómina de investigados, a los que tomó declaración, junto a testigos y peritos, en septiembre de 2024.

Entonces, el cabecilla de la trama, Miguel Ángel Diez, defendió su inocencia y aseguró que «alguien que quería echar a Revilla del Gobierno me ha usado como cabeza de turco». Defendió que todas las licitaciones en las que ha intervenido se han realizado «conforme a la ley» y que él «no decidía» a quién se adjudicaba cada contrato. Además, negó haber cobrado pagos de procedencia ilícita. Es más, dijo que el dinero que conforma su patrimonio procede de «los trabajos técnicos» que ha realizado al margen de su puesto de funcionario y de «los negocios inmobiliarios» de su mujer. Sin embargo, en septiembre de 2025, justo un año después de su declaración, cambió su estrategia y aceptó los cargos para reducir su pena, junto al resto de implicados.