USO pide la dimisión del director del Puerto tras reducir la sanción interna a la trabajadora que se inventó un acoso sexual

En un comunicado, la secretaria de Igualdad del sindicato, Arancha Navarro Mazón, subraya que este caso es especialmente grave desde la perspectiva feminista y de igualdad: «Una denuncia falsa por un delito tan grave como el acoso sexual no solo destruye la vida de la persona acusada: también daña a todas las mujeres. Dificulta que las verdaderas víctimas sean creídas, mina la confianza en los protocolos de igualdad y genera un retroceso colectivo intolerable. Una falsa denuncia de acoso sexual es un ataque directo a las mujeres», lamenta.

Según traslada la organización en un comunicado, «desde USO Cantabria se recuerda que el objetivo de los protocolos de acoso sexual es proteger a las mujeres, garantizar espacios laborales seguros y evitar la impunidad del machismo. Sin embargo, el comportamiento de la Autoridad Portuaria demuestra —según la sentencia— una gestión 'irresponsable contra el trabajador que recibió la denuncia falsa'. Para el juez, la afirmación de la Autoridad Portuaria de que 'no se habían provocado daños reputacionales al trabajador' para justificar la rebaja de dos años de empleo y sueldo a la trabajadora por falsa acusación propuesta por el instructor, a sólo dos meses que impuso la dirección de la empresa, resultó ser 'ignominiosa'. Esta indisimulada y grotesca maniobra deja en evidencia que el director del Puerto ha protegido a esta trabajadora a sabiendas de la gravedad de los hechos y que hubiera significado, de no haber podido acreditarse la falsedad, el despido del líder del sindicato USO en la Autoridad Portuaria, único sindicato crítico con su gestión en los últimos años», traslada.

Como ya explicó este periódico, la sentencia señala no solo la falsedad de las denuncias, sino también la actuación negligente e «ignominiosa» del Puerto, que adoptó medidas contra el trabajador sin indicios, sin escucharlo y vulnerando sus derechos fundamentales. Entre estas actuaciones se incluye su traslado forzoso a otro edificio, a más de dos kilómetros, sin prueba alguna que justificara tal medida.

De hecho, las grabaciones de las cámaras de seguridad del Edificio Sotoliva, en el Barrio Pesquero, acreditaron que una de las denuncias de P.C.A. no es ya que careciera de indicios, sino que era rotundamente falsa toda vez que el denunciado ni siquiera subió a la planta donde la empleada tenía su despacho.

Por ello, y especialmente por la reacción de la entidad portuaria, a juicio de la Secretaría de Igualdad de USO «estas actuaciones comprometen la credibilidad de los protocolos de igualdad y demuestran una dirección incapaz de gestionarlos con rigor. Una Dirección que aplica un protocolo de igualdad sin garantías, sin imparcialidad y sin respeto básico a los derechos fundamentales es una Dirección que no puede seguir al frente de una institución pública».

En paralelo, el sindicato exige medidas de reparación interna para minimizar el daño causado a la imagen y a la actividad sindical del trabajador falsamente acusado y una formación obligatoria en igualdad para todo el personal directivo y mandos intermedios. La sentencia, aunque aún se puede recurrir, reprueba duramente al Puerto y por ello le condena de forma solidaria a pagar los 42.500 euros junto a P.C.A..