La Federación Cántabra de Fútbol presenta un contencioso contra el Ayuntamiento de Santander

Se trata de la segunda acción legal, tras la citada denuncia ante la Fiscalía, que la RFCF emprende contra la fundación, que no atendió la llamada de El Diario Montañés, y sus actividades. Solicita además la adopción de «medidas cautelares 'inaudita parte'» para que el Instituto Municipal de Deportes, dependiente de la Casona, no pueda acoger este tipo de ligas en sus instalaciones.

El recurso está fundamentado en que tales actuaciones constituyen una vía de hecho contraria a Derecho, al vulnerar las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la RFCF« que establecen que »toda competición deportiva que implique la participación de dos o más entidades requiere autorización previa de la federación correspondiente, cuya función pública delegada incluye la tutela de la legalidad, la seguridad y la cobertura aseguradora«.

Ya el 1 de octubre la Federación denegó la autorización para la disputa de las competiciones de fútbol, fútbol 5 y fútbol 7 en Cantabria, varias de ellas bajo la marca 'Fútbol Rápido' por no acreditar los requisitos de «aseguramiento, responsabilidad civil, atención sanitaria y medidas de seguridad», situación que puso, siempre según la propia RFCF, en conocimiento del Ayuntamiento de Santander al día siguiente, 2 de octubre, sin haber obtenido respuesta. Al contrario, se han seguido disputando las competiciones, lo que considera «una actuación administrativa irregular contraria a la legalidad vigente», además de invadir competencias federativas y «poner en riesgo la seguridad de los deportistas».

En la polémica subyace la preocupación de la Federación Cántabra y su presidente, José Ángel Peláez, porque no se estén abonando adecuadamente los pagos de los seguros, lo que dejaría en una situación de desprotección a los futbolistas. Así lo explicaba en un comunicado emitido el pasado 9 de octubre: «Como consecuencia de la información recabada en los últimos meses sobre las competiciones organizadas por la Fundación Martinus, desarrolladas en Cantabria y en el País Vasco bajo la denominación Fútbol Rápido o similares, la Real Federación Cántabra de Fútbol ha acordado remitir los hechos a la Fiscalía para su análisis y las actuaciones que en derecho correspondan. La decisión se adopta ante la posible existencia de irregularidades económicas y de aseguramiento en las competiciones organizadas por dicha fundación que podrían afectar a miles de jugadores y equipos», señala el comunicado emitido desde Marqués de La Hermida.

Siempre «con la máxima prudencia y respeto al principio de presunción de inocencia de todas las personas o entidades mencionadas», argumenta que la entidad puede haber «cobrado a cada jugador una cantidad de 65 euros en concepto de seguro obligatorio pese a que el coste real de la póliza asciende a 56 por participante», y asegura que «el número de jugadores asegurados no coincide con los pagos efectuados ni con el volumen real de participantes, estimado en torno a 4.500 futbolistas entre ambas comunidades autónomas. Las pólizas contratadas, según la documentación aportada, tan solo cubrirían a unos mil jugadores, dejando por tanto a la mayoría de los participantes sin la cobertura obligatoria exigida por la normativa deportiva vigente».