Vilar niega la acusación de apropiación indebida tras no admitirse su solicitud de prescripción
La Federación Cántabra de Fútbol solicita una pena de tres años de prisión, mientras que la Fiscalía pide dos años y una indemnización de más de 148.000 euros
Alberto Vilar lo niega todo o lo atribuye a errores. Quien fue presidente de la Federación Cántabra de Fútbol durante 22 años niega «haber cobrado ... ningún dinero». Justo lo contrario que ese mismo organismo que dirigió entre 1990, y que ahora preside José Ángel Peláez, el mismo que a su llegada llevó a cabo la auditoría en la que se basa la acusación de apropiación indebida contra su antecesor. «Este es el día más feliz de mi vida, porque llevó diez años diciendo lo mismo», ha manifestado el encausado después de que se denegara su libre absolución por la prescripción de los hechos. Después ha respondido a las preguntas sobre los supuestos cargos a las cuentas federativas, que no ha negado, sino achacado a diferentes errores.
Es la propia Federación, representada por Manolo Higuera en un proceso impulsado por Peláez, la que se persona en el proceso como acusación particular, y solicita Vilar una pena de tres años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y cuatro por otro de estafa. La Fiscalía, por su parte, pide una pena de dos años de prisión por apropiación indebida y una indemnización de 148.888,83 euros.
La vista oral, que se prolongará hasta este jueves 27, ha arrancado esta mañana en la sala 3 de la Audiencia de Cantabria con una primera estrategia que estaba abocada al fracaso: la libre absolución basándose en la prescripción de los hechos en cuanto a la apropiación indebida y la ausencia de denuncia en tiempo y forma respecto a la acusación de administración desleal y estafa. Argumentos que, como estaba previsto, no aceptó el tribunal, que denegó por lo tanto la solicitud de suspensión del juicio sin cargos contra Vilar.
Por su parte, la acusación particular aportó documentación que a su entender prueba la existencia de dos planes de pensiones suscritos por el propio Vilar con cargo a la Federación que el encausado rescató posteriormente para sí.
A preguntas tanto de la Fiscalía como de Higuera y de su defensa, el expresidente ha negado su responsabilidad en todos los hechos. «Siempre se aprobó todo en asamblea. Si hay alguna circunstancia que no aparece en los actas es algo que desconozco y debería ser el secretario y la contable la que podría dar la explicaciones oportunas», ha sostenido el exdirigente en una larga declaración.
Ha ido más allá al asegurar que nunca recibió ningún tipo de contraprestación económica durante un largo periodo durante el que su hija, que no está acusada en este proceso pero cuyas retribuciones también investigó la Federación con el cambio de presidente, fue asimismo empleada federativa. «Nunca tuve un sueldo por parte de la Federación y las dietas que se cobraron estaban perfectamente justificadas. En el caso de mi hija, Eva Vilar, sí es cierto que cobrase unas dietas que se le aportaban desde la Federación y que correspondían a los gastos por los desplazamientos que hacía para llevarme a mí al aeropuerto de Santander con motivo de mis viajes a Madrid», ha argumentado.
En cuanto a los planes de pensiones suscritos con la Federación como tomador y con él mismo como beneficiario, Vilar ha manifestado que el hecho de que «durante los años 2010, 2011 y 2012» se domiciliara los recibos en la cuenta de la Federación «debió ser un error». «Existen gastos que corresponden a plantas, reformas y demás que en su caso siempre se cargaron de manera diferenciada –ha añadido–; las que eran de la Federación iban por la cuenta de la Federación y las que eran mías personales iban a mi cuenta».
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han cuestionado a Vilar por el procedimiento del rescate de los planes de pensiones. «Yo rescaté los planes, como allí estaba expuesto, en 2007, con motivo de que ese mismo año cumplía 65 años, la edad de mi jubilación», ha contestado el acusado.
En este sentido, cobra especial importancia el acta de la asamblea general de 1999, en la que la defensa sostiene que se aprobó la contratación de los planes de pensiones y ahorro. Sin embargo, el acta lo refleja en un inciso impreso desde un ordenador y no escrito a máquina, como lo está el resto del documento. Y es precisamente este apartado el único que aparece diferenciado en la documentación relativa a aquel día. «Es algo que debería preguntar al secretario», se ha limitado a responder en su declaración en condición de investigado.
También ha sido interrogado por el pago de las cuotas de de los seguros de su casa particular con cargo asimismo a la cuenta federativa, lo que ha atribuido, como con los planes de pensiones, a otra equivocación: «Fue un error –ha insistido–que se cargara a la Federación la cuota de los seguros mi casa. En cuanto pude lo subsané y se lo comuniqué a las empresas».
«Es curioso que se haya destruido la documentación de los años de Vilar y no la de anteriores»
Muy diferente es la versión ofrecida por el actual presidente de la Federación, José Ángel Peláez, que ha declarado en condición de testigo de la acusación, y que se ha referido en primer lugar a la auditoría que encargó a su toma de posesión del cargo en 2012, que según ha manifestado reiteradamente a lo largo de esta última década Peláez revela importante irregularidades. «La mandamos porque intuimos en todo momento que durante los años anteriores se habían cometido irregularidades. En el acta de esa asamblea de 1999 se añadía a ordenador esas anotaciones y está claro que debió hacerse por medio de otro procedimiento, ya que en la Federación no había ordenadores».
Peláez ha ido más allá al manifestar que «es curioso que se haya destruido toda la documentación referida a los años Vilar fue presidente y siga existiendo la de años anteriores». El actual presidente no ha abundado más en este asunto, consciente de que no eran esos los hechos que se juzgan, y no ha lanzado ninguna acusación directa, pero con sus palabras hacía en la práctica alusión a una desmantelación deliberada de la documentación con una destructora de papel y quema.
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