Clave en el avance constitucional

La ilustre entidad cuenta con una monografía que redactó quien fuera uno de sus más ilustres miembros, Mario García-Oliva, titulada 'La Abogacía en Cantabria. Notas para la historia del Ilustre Colegio de Abogados (1838-1991)', con presentación de quien en 1993 era decano del mismo, Eduardo Casanueva Piñeiro, y un prólogo redactado por Joaquín Ruiz-Giménez. Es verdad que el libro es un acercamiento con abundantes comentarios de primera mano, pero no creo que los colegios de abogados de otras jurisdicciones españolas gocen de una monografía semejante, cuajada de datos y referencias que habrán de ser útiles a quien quiera conocer no sólo la historia de la abogacía en la región, sino muchos intríngulis de la historia general de Cantabria y aun de España.

1838 fue el año de constitución del Colegio de Abogados, al tiempo que el Instituto Cantábrico del que tuvimos ocasión de escribir la pasada semana. Eran aquellos unos años complicados, en plena primera guerra carlista y con una reciente epidemia de cólera. En abril de 1830 la Secretaría del Real Acuerdo de la Chancillería de Valladolid daba orden al gobernador político y militar para recabar datos sobre los abogados que ejercían en la jurisdicción, entre los cuales había significados defensores de la causa isabelina frente a la carlista, como Domingo de Agüera Bustamante, Gervasio Eguaras Galván y Luis María de la Sierra. El 28 de mayo de 1838 el regente de la Real Audiencia de Burgos recibió la orden de aplicación del decreto de 11 de julio de 1837 para la creación en las capitales de provincia de un colegio de abogados. El primer decano del santanderino, constituido en junio de 1838, fue el letrado de mayor antigüedad, Antonio Pérez del Hoyo. Entre los primeros dieciocho abogados que formaron la asociación figuraban Ramón Carrera Estrada (que sería presidente de la Diputación), Joaquín de Castanedo Palacio (alcalde de Santander), Ramón de Solano Alvear (diputado provincial) y Francisco Guillermo del Collado (padre del poeta Casimiro del Collado). La primera lista de abogados la publicó la imprenta Martínez al año siguiente. Por entonces hubo en Cantabria otro colegio de abogados, el del partido judicial de Entrambasaguas, ya que este territorio, que comprendía diecinueve municipios, cumplía con una de las condiciones para ello, que era contar con más de veinte abogados residentes. Entre las polémicas que se vivieron en aquellas primeras décadas estuvo la obligatoriedad de la colegiación para ejercer dentro o fuera del partido de residencia. Hay que recordar además sonados casos que hoy llamaríamos 'mediáticos', como el conocido 'crimen de Miera', en 1883. Justo por entonces se creó la Audiencia Provincial en la calle Calderón de la Barca, cuyo primer presidente fue Lope Ovejas y Garcés de los Fallos (no es broma el nombre). Esta sede fue aniquilada diez años más tarde por la explosión del «Cabo Machichaco», que segó la vida de varios abogados y autoridades. Una nota curiosa, entre otras muchas, leemos en el libro de García-Oliva, y es que en los tranvías de mulas que hubo en Santander desde 1883 magistrados, abogados y fiscales tenían pase gratis.

En 1992, el Colegio de Abogados, en colaboración con el Gobierno de Cantabria y otras instituciones, puso en marcha la Escuela de Práctica Jurídica, para la formación de los letrados que inician su andadura profesional. Es curioso porque este dato remite a otro de hace más de un siglo: la Escuela de Derecho que a finales del XIX se estableció en el 2º piso del actual Paseo de Pereda, 34, para preparar a los jóvenes en sus inicios académicos.

Entre los abogados que aparecen en distintos años de la historia del colegio puede mencionarse a Marcelino Sanz de Sautuola, Sinforoso Quintanilla, Adolfo de la Fuente, Antonio del Diestro, Tomás C. de Agüero, José María de Quijano, Manuel y Buenaventura Rodríguez Parets, Gregorio Mazarrasa, Emilio de Alvear, Avelino Zorrilla, Arturo Casanueva, César Silió, Luis Jiménez de Asúa, Fernando Quintanal, Francisco de Nárdiz y Julio Arce. Pero son cientos a lo largo de estos 184 años de existencia de la entidad, muchos de ellos vinculados de manera relevante a la política y la empresa.

El Colegio ha tenido varias sedes sucesivas: la calle de Calderón de la Barca, la plaza del Martillo (donde luego se levantara el teatro Pereda), la Plaza Vieja (antigua sede consistorial), un apartado del Ayuntamiento (tras el incendio de 1941), otra zona del edificio de la Caja de Ahorros en Tantín y, desde 1951, la calle Lealtad 12. En 1962 se trasladó al Palacio de Justicia que se había levantado en la calle Alta, cerca de la cárcel.

En 1946 el ámbito del Colegio pasó a comprender toda la provincia de Santander y dos años más tarde estrenó nuevos estatutos, en sustitución de los de 1895. La primera mujer que se inscribió en el Colegio fue María Soledad Boo Domínguez, en octubre de 1960. García-Oliva, colegiado también entonces, se implica en su libro especialmente en los años que mejor conoce y, así, por ejemplo, recuerda que en junio de 1962 dos abogados del Colegio participaron en el llamado 'Contubernio de Munich', Ignacio Fernández de Castro y José Manuel Martínez de la Pedraja.

Sus páginas son un breve repaso de los letrados cántabros que participaron en los avances hacia la democracia en nuestro país, que tal vez a algún indocumentado le parezca que ha sido consecuencia de un camino fácil y sin mérito.