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El sector de la construcción de Cantabria se vio sobresaltado la semana pasada cuando trabajadores de la Comisión Nacional de los Mercados y de la ... Competencia irrumpieron en las oficinas de varias compañías regionales. La visita, que se prolongó durante dos días y se produjo evidentemente sin previo aviso, tenía como finalidad obtener documentación suficiente sobre diversas licitaciones públicas. En concreto, según ha podido saber El Diario Montañés, las pesquisas se centran sobre los contratos menores de los últimos años.
Según explica Competencia en un comunicado, investiga un posible reparto en diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción en Cantabria convocadas por organismos públicos nacionales, autonómicos y locales. «Entre el 25 y el 27 de marzo, la CNMC inspeccionó las sedes de varias compañías del sector. Estas inspecciones suponen un paso previo al posible inicio de un expediente sancionador, y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas afectadas», recalca la Comisión.
Los empleados de la CNMC, en ningún caso policías y vestidos de paisano, un rumor que corrió en los últimos días a pie de calle, centraron su búsqueda en los diferentes contratos menores que las constructoras han firmado con las administraciones de Cantabria en los últimos tiempos. Las indagaciones se remontan sobre trabajos acometidos hace más de un lustro y han tenido lugar en las dependencias de las principales constructoras de la región.
El detalle de contrato menor no es baladí, pues este tipo de trabajos en el ámbito de la construcción son los que se limitan a 40.000 euros, IVA aparte. En este tipo de procedimientos no es necesaria la publicidad, como ocurre a nivel general en otras actividades hasta el límite de 15.000 euros.
Competencia, según fuentes conocedoras del caso, ha intentado cruzar en sus búsquedas posibles acuerdos entre diversas empresas para realizar los trabajos. En todo caso, fuentes del sector precisan el bajo importe de este tipo de contratos menores y el escaso margen que se obtiene de unas obras de este tipo.
De hecho, en caso de que las indagaciones de la Comisión continúen adelante, la posible infracción se solventaría con una multa. «Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia (LDC), que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas», recuerda la Comisión. La cuestión es que entre las grandes compañías de Cantabria este tipo de contratos en muchos ejercicios no alcanzan ni el 1% de la cifra de negocio.
Eso sí, Competencia quiere ver hasta dónde llegarían las posibles alianzas empresariales al margen del mercado. «La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC por la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados».
De hecho, del comunicado de la Comisión se concluye que está ávida de mayor información interna y de posibles 'confidentes'. «La CNMC cuenta con el Programa de clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten pruebas que ayuden a detectarlo. También permite a las empresas que aporten información con un valor añadido significativo, una vez iniciada la investigación, beneficiarse de una reducción de la multa», apunta.
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