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Hace unas semanas, los aspirantes a una oposición de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para técnicos de plantas potabilizadoras reclamaron ante la dificultad del examen que se les había planteado. Tal y como publicó a mediados de abril este periódico, los candidatos lamentaban que había «preguntas imposibles» y temían un suspenso masivo, que se ha cumplido. «Tan sólo uno ha conseguido aprobar y con una nota muy baja de 16 sobre 30», apunta el sindicato mayoritario del sector público, CSIF, que se une a la queja y aprecia en el «proceso irregularidades» al tiempo que lamenta que no se hayan podido cubrir ocho de las nueve plazas ofertadas ni crear una bolsa de empleo como se pretendía.
El sindicato critica que el examen de la oposición, celebrado el 5 de abril, «no se ajustó a la categoría ni a las funciones del puesto» y eso, a su juicio, es lo que ha motivado este «resultado insuficiente». El suspenso generalizado hace que no se puedan atender las necesidades que tiene el servicio de planes hidrológicos, en el que actualmente hay 86 técnicos «a los que hay que sustituir en sus bajas, vacaciones y permisos». Ante el resultado de la oposición, insiste que ahora hay «ocho puesto de trabajo fijo que no pueden ser ocupados por no haber nadie que hubiese superado el mencionado examen», en el que critica que había preguntas para técnico superior cuando las plazas eran para técnico medio.
«Entendemos que es más que necesario no solo cubrir el 100% de las plazas convocadas, sino también dotar al servicio de una bolsa lo suficientemente amplia para atender las posibles necesidades que pudieran surgir». A la par, remarca que se trata de una categoría «muy castigada» y ya en oposiciones anteriores «se obtuvo una bolsa de nueve personas que obligó a recurrir a bolsas abiertas y permanentes para cubrir las plazas vacantes y sustituciones del personal».
Desde CSIF hacen hincapié en que «el acceso a estas bolsas no exige examen previo, teniendo como único requisito la posesión de la titulación correspondiente». Por ello, no comprende «la excesiva dureza en unos exámenes que da como resultado final que los puestos se ocupen con personas que no han realizado ningún examen».
CSIF Cantabria exige que se cumpla la ley y que «los exámenes se adecuen tanto a la titulación requerida como a las funciones que se realizan en el puesto de trabajo». Como ejemplo, explican que, en este examen, se han realizado preguntas de electrotecnia, cuando en el puesto de trabajo no se les permite acceso al cuadro eléctrico. Desde el sindicato, apuntan que sospechan, «en nuestro intento de entender esta circunstancia, que existe algún interés por parte del actual Gobierno de Cantabria de privatizar este servicio».
Por todo ello, el sindicato ha reclamado al Gobierno regional una «nueva convocatoria urgente y extraordinaria» para cubrir los ocho puestos fijos que han quedado sin cobertura, que el examen sea acorde a las funciones y trabajo efectivamente realizado, así como que se nombre un nuevo tribunal.
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