Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»

Antonio Bello lleva dos años alquilando un piso en Santander, en una zona cercana a El Sardinero. Está «preocupado» porque se encuentra ubicado en una segunda planta y el ayuntamiento de la capital sólo está dispuesto a otorgar el ansiado permiso a aquellos que estén en plantas bajas o que tengan un acceso independiente desde el exterior. «Hay que regular, pero no castigar», afirma. «Este decreto persigue a los pisos legales, no a los ilegales», se lamenta. Algo parecido le sucede a Isabel Zurita, dueña de otro piso turístico en la calle Burgos desde el año 2019, también en altura. «A ver cómo regulan lo de la compatibilidad urbanística porque Santander está llena de consultas de médicos, de abogados, de asesorías..., todas ellas actividades también económicas, que se encuentran ubicadas en pisos en altura sin acceso exterior como va a exigir el consistorio», relata. «Tenemos ocho meses para adaptarnos a una norma a la que no nos podemos adaptar. Es imposible, no se sostiene», recalca.

Los propietarios de Santander, a la espera de lo que hacen el resto de 101 ayuntamientos de la comunidad, son los que más temor manifiestan. «El objetivo es eliminar esta modalidad de alojamiento vacacional por el que apuestan mayoritariamente las familias», considera Mariate Villanueva, propietaria de un piso turístico y gestora de este tipo de propiedades en la capital. Villanueva se ha formado académicamente en Turismo y ha trabajado en cadenas hoteleras nacionales e internacionales. «Sinceramente, creo que las viviendas de uso turístico generamos valor, empleo, economía y damos una imagen de sostenibilidad y calidad a Cantabria», asegura. «Nos están demonizando y nos han metido a nosotros, los legales, en el saco de los ilegales. Suena fuerte, pero es que parece que gestionamos narcopisos», afirma rotunda.

Hasta el momento, sólo Santander y Arnuero han anunciado cómo aplicarán la nueva norma legal. El resto de municipios, incluso tras la reunión de esta semana con el consejero de Turismo, no saben aún cómo lo harán. Arnuero, en cambio, va a exigir que cada propiedad tenga una plaza de aparcamiento por habitación. Hugo Nieto regenta una vivienda de uso turístico en Santa María de Cayón, en la localidad de la Penilla. «El problema es que el texto deja al libre albedrío de los ayuntamientos los requisitos. Los que no estamos en lugares tan turísticos, a priori, no tenemos tantos problemas», considera. «Pero esto puede cambiar, porque las opiniones de los municipios y de sus dirigentes puede variar con el tiempo», concluye.

Otro de los «peligros» de los que advierten los propietarios es de lo que puede suceder si, por ejemplo, Santander cumple a rajatabla las exigencias y no otorga el certificado a los pisos que están en altura –la gran mayoría–. «Tanto los hoteles como las viviendas de uso turístico ya estamos casi al cien por cien de capacidad. Si el próximo marzo, tras los ocho meses de plazo, desaparecen las gran mayoría de pisos, ¿dónde se van a alojar todos los turistas que venían hasta ahora a nuestros pisos y casas? La economía regional se verá bastante afectada», vaticina Ignacio Diestro, que regenta una vivienda vacacional en Suances.