La reunión entre Turismo y alcaldes no disipa las dudas sobre el control de pisos turísticos
Los ayuntamientos más críticos se quejan ante el consejero de que «el Gobierno regional nos ha pasado la patata caliente» | El encuentro, de apenas una hora, sólo reúne a regidores y técnicos de 30 de los 102 municipios
«El Gobierno regional nos ha pasado la patata caliente de las viviendas turísticas a los ayuntamientos», decía la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda, al ... acabar la reunión, convocada por la Consejería de Turismo, para aclarar a los regidores todas sus dudas sobre el nuevo decreto que las regula. Era, poco más o menos, la misma idea con la que entró al salón de actos del Pctcan, donde se celebró el encuentro. Si el consejero Luis Martínez Abad ha venido insistiendo, desde la presentación de la nueva normativa, en que «no va a haber 102 decretos» de pisos turísticos, ésa sigue siendo la sensación de buena parte de los alcaldes de la región, ya que cada cual deberá fijar las normas que ha de cumplir la actividad sin que tengan por qué coincidir con las del resto de ayuntamientos. Tampoco esto tendría que ser una sorpresa: Martínez Abad ha dejado claro desde el principio cuál es el ámbito competencial de su departamento, el de fijar un marco general a un fenómeno desbordante que deben regular en detalle los consistorios.
No fue lo que se dice un éxito de convocatoria, con una treintena de municipios (de un total de 102) representados por alcaldes, concejales o técnicos para atender las explicaciones de los responsables regionales del área de Turismo. Sirva como justificación para la ausencia de algunos destacados –como Noja, donde han proliferado las viviendas turísticas como setas–, el hecho de que se haya programado esta sesión informativa en pleno agosto, temporada de vacaciones para algunos y de intenso trabajo para los que reciben más visitantes. Algunos de la zona sur se excusaron por la complicada circulación en la autovía de la Meseta, que los obligó a darse la vuelta.
Las frases
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Javier Camino, Federación de Municipios «La Consejería tiene que ver que hay problemas y nos debe ayudar, por eso ha cogido buena nota de todas las peticiones»
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Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas «No nos han aclarado absolutamente nada. Nos dejan a los ayuntamientos con toda la problemática para que la resolvamos»
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Charo Urquiza, alcaldesa de San Vicente «Quieren que seamos los municipios los que modifiquemos los Planes Generales para poder aplicar la nueva norma»
Los ocho meses de plazo con que cuentan las 6.475 viviendas de uso turístico legales que hay en la región para adaptarse a la nueva normativa –que en la mayoría de los ayuntamientos ni siquiera existe aún–, permitirá a muchos municipios esperar a ver qué hacen los de referencia, como Santander.
Y, a propósito de Santander, y teniendo en cuenta que los requisitos para expedir el obligatorio certificado de compatibilidad urbanística dejarán fuera de juego a la mayoría de los pisos turísticos que funcionan en la capital (unos 2.000), no hace falta ser adivino para augurar la lluvia de demandas que se avecina por parte de los propietarios que vean cómo se corta su fuente de ingresos.
Al término de la reunión, que comenzó con retraso y tras poco más de una hora finalizó a las dos y media de la tarde, se formaron corrillos.
«Nos pasan la pelota»
«Uno de los municipios costeros más turísticos es Comillas. Su alcaldesa, Teresa Noceda (PRC), se mostró crítica tras la reunión. «Es que no nos han aclarado absolutamente nada», afirmó. «Nos dejan a los ayuntamientos con toda la problemática y somos nosotros los que tenemos que resolverla», subrayó.
En ese sentido, los regidores más críticos se quejaron de que les han pasado «la pelota» con la aprobación del decreto. «Lo que el Gobierno defiende es que lo que han querido es garantizar la autonomía municipal», explica Charo Urquiza (PSOE), alcaldesa de San Vicente de la Barquera. «Quieren que seamos nosotros los que modifiquemos los Planes Generales de cada municipio para aplicar el nuevo decreto», relata. «Pero eso, ya saben, lleva mucho tiempo: lo que he preguntado y he insistido es en si van a poner en marcha alguna herramienta desde el propio Gobierno regional para poder agilizar los trámites de modificación», subrayó. «Modificar un Plan General no lleva menos de dos años. Eso es una barbaridad de tiempo», apostilló su homóloga Noceda.
El Gobierno recordará a los propietarios la obligación de adaptarse a la nueva normativa
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte enviará requerimientos a todos los propietarios de viviendas de uso turístico que ya estén registradas para informarles de la necesidad de adecuar su actividad al nuevo decreto que la regula y con el objetivo de ayudar a los consistorios; asimismo, comunicará a cada ayuntamiento de la pérdida de permiso de aquellas que no cumplan con los requisitos. El consejero, Luis Martínez Abad, anunció también que se elaborará un protocolo que agilice la comunicación interadministrativa entre Turismo y las administraciones locales.
Martínez Abad subrayó que, dado el plazo de adaptación con que cuentan los propietarios para ajustarse a la normativa, que entró en vigor el pasado 25 de julio, los efectos del decreto de regulación de las viviendas de uso turístico tardarán todavía meses en percibirse. «El objetivo es regular este servicio turístico y poner coto a las viviendas que pretendían ejercerlo de manera irregular», explicó el consejero, quien subrayó que «la puerta de la Dirección General de Turismo va a estar abierta para seguir ayudando tanto a los propietarios de viviendas como a los ayuntamientos en la adaptación al decreto».
La nueva normativa, que deben cumplir tanto las viviendas ya registradas como las que quieran salir a ese mercado, respeta la autonomía municipal en materia urbanística e incorpora, entre otras novedades, la exigencia de incluir en la declaración responsable para el inicio de la actividad un certificado de compatibilidad urbanística, que únicamente se expedirá a aquellas viviendas que cumplan todos los requisitos que marque cada ayuntamiento. Como nuevas condiciones de carácter esencial, el nuevo decreto regulatorio obliga a disponer, en cada vivienda, de un detector de humo, un sistema de monitorización de ruido –que permitirá al propietario comprobar si sus huéspedes cumplen unas mínimas normas de convivencia–, así como de un botiquín de primeros auxilios.
Santander es el municipio que más viviendas de uso turístico tiene. El Ayuntamiento ya ha anunciado su intención de exigir a todos los pisos turísticos que estén en planta baja o tengan acceso exterior. El concejal de Turismo, Fran Arias (PP), presente en la reunión, propuso que el Gobierno cree «un protocolo de coordinación entre administraciones ante posibles infracciones para ir todos a una».
Castro Urdiales también se quejó de «la carga de trabajo extra» que la nueva normativa reguladora provoca. «Es que recae en nosotros tanto la emisión de los informes preceptivos, como la inspección o la manera en que regulamos estas viviendas», explicó Susana Herrán (PSOE). «Otras comunidades han aplicado criterios más globales y homogéneos porque la libre interpretación de aquí nos lleva a que pueda haber 102 normas regulatorias distintas, y en esto último no estoy de acuerdo», recalcó.
La Federación de Municipios es consciente de todas estas dudas y del malestar generado. Por eso, su presidente, Javier Camino (PP), explicó al término del encuentro que «la Consejería tiene que ver que tenemos problemas y que nos tiene que ayudar». En este sentido, el también alcalde de Mazcuerras subrayó que Turismo «ha cogido buena nota de todas las peticiones».
Por esto motivo, para ahondar más en el fondo de la cuestión, el alcalde de Reocín, Pablo Diestro (PRC), sugirió «otra reunión quizá más centrada en los técnicos municipales para ver cómo podemos proceder con las autorizaciones».
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