Investigan a cuatro bodegas de Valdepeñas por engañar con los vinos vendidos

El proceso se ha abierto después de que el juez José Luis Calama haya admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía para investigar si las bodegas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro (así como sus administradores) hayan podido cometer esos delitos. En un auto con fecha de 5 de abril, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 admite la denuncia por si los hechos fuera constitutivos de los delitos publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.

La denuncia presentada, argumenta el juez, pone de manifiesto cómo las etiquetas de las botellas comercializadas indican que su contenido es vino de las características «reserva o gran reserva» y tal especificación es una información «relevante y engañosa» sobre las características del producto dirigida al consumidor, puesto que el contenido de tales botellas «se ha elaborado sin haber respetado los tiempos de envejecimiento en barrica que señala el pliego de condiciones».

En el auto, acuerda librar requerimiento a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para que practiquen diligencias con el fin de continuar con la investigación y poder conocer las ventas de estas bodegas entre los años 2010 y 2019, ambos inclusive. Quiere saber tanto las ventas como las categorías de esos caldos (crianza, reserva o gran reserva), y la cantidad de botellas, así como los precios de compraventa.

El juez recuerda que la denuncia se dirige concretamente contra Félix Solís SL, Félix Solís Avantis SA y Félix Solís Yáñez en su condición de consejero delegado y presidente del consejo de administración de ambas; J. García Carrión SA, Grupo Vinartis SA, y José García Carrión Jordán en su condición de administrador único; Bodegas Navarro López SL y Francisco Navarro López en su condición de administrador único; así como contra Bodegas Fernando Castro SL, Fernando Castro Alcarazo y Fernando Castro Parrilla en su condición de administradores solidarios.

Señala que esas empresas denunciadas «vienen operando en el sector vinícola desde hace años, y el propio relato de hechos punibles sitúa a las mismas en una actividad empresarial importante y lícita, compaginándose la actividad legal con la delictiva».

Esa actividad delictiva se habría concretado «en la puesta en el mercado de cantidades de vino con Denominación de Origen Protegido Valdepeñas por encima de las declaradas al correspondiente Consejo Regulador, sin cumplir las condiciones de elaboración que tal denominación requiere y, por tanto, no respondiendo a la calidad dispuesta en el propio etiquetado del vino embotellado».

El juez apunta además que los hechos relatados en al denuncia del Ministerio Público vienen avalados por la existencia de expedientes sancionadores de la Consejería de Agricultura, en relación con la investigación del órgano administrativo encargado de control de los vinos. «En efecto, el hecho de que las bodegas declaren a la administración autonómica una cantidad de vino vendida a los clientes y que estos declaren cantidades diferentes, muy superiores a los declarados por las bodegas, supone un indicio de falta de trazabilidad del vino, así como de irregularidades en la comercialización», dice.