Fundinorte ya tiene plan de liquidación a la espera de un inversor de última hora

Instalaciones de Fundinorte en San Felices de Buelna. /DM
Instalaciones de Fundinorte en San Felices de Buelna. / DM

El Gobierno gana el primer duelo judicial al Grupo Vela por los avales para recuperar parte del dinero público destinado a la planta de San Felices

Jesús Lastra
JESÚS LASTRASantander

Los acreedores de Fundinorte ya tienen encima de la mesa el plan de liquidación elaborado por los administradores concursales para vender la unidad productiva, de forma íntegra o en lotes, de la antigua Greyco, la fundición enclavada en San Felices de Buelna.

El documento traza a lo largo de 30 páginas la hoja de ruta para poner fin a una nueva etapa de un complejo industrial 'maldito' que, además, ha sido objeto recurrente de las ayudas públicas. Sin ir más lejos, en esta última aventura impulsada por el Grupo Vela el Gobierno PRC-PSOE ha comprometido 3,3 millones de euros, que ahora trata de recuperar en parte por la vía judicial.

Con un ERE para los 53 trabajadores en plantilla ya ejecutado -aunque la fábrica solía albergar muchos menos al estar el personal sometido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sujeto a la producción-, la administración concursal «urge la aprobación» del plan de liquidación y «la realización más rápida posible de los bienes y derechos». La falta de tesorería impide hacer frente a los suministros corrientes, incluida la energía, así como cualquier medida para la conservación de los bienes y derechos del inventario.

La sociedad no tiene fondos para suministros ni para la conservación de los bienes y derechos

El diagnóstico cuantifica la finca en 1,43 millones -750.000 euros el terreno y 682.225,43 euros las construcciones- que está sujeta a varias cargas. La primera, una hipoteca del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) para responder por el principal de 700.000 euros de financiación otorgada más 49.700 euros de intereses; 105.000 euros para gastos judiciales; y otros 35.000 para costas extrajudiciales. El Ayuntamiento de San Felices también tiene derecho en función de una deuda por IBI de 3.434,19 euros.

El dato

3,3
millones comprometió el Gobierno en el proyecto.

En relación a las instalaciones (191.561,45 euros), la maquinaria (1,59 millones) y el utillaje (451.661,96 euros), Sodercán también tiene una carga hipotecaria para responder por los 300.000 euros del préstamo concedido a la fundición más intereses. La Seguridad Social igualmente tiene gravados estos bienes como consecuencia del aplazamiento del pago concedido por 687.862,45 euros.

El plan cuantifica en 1,43 millones la finca y las construcciones; en 1,59 millones la maquinaria

Este plan de liquidación se presenta después de que hasta la fecha hayan fracasado los intentos por captar a un inversor que pudiera relanzar la factoría o se hiciera con toda o parte de la unidad productiva. El único interesado en los últimos meses, un fondo de inversión alemán, se retiró de la carrera por la fábrica tras una visita realizada en noviembre. Como adelantó este periódico, una mayor inversión que la prevista y «contingencias ambientales» que dificultarían la actividad productiva enfriaron al potencial ofertante.

Batalla en el juzgado

Mientras la compañía prosigue su camino hacia la disolución, el Ejecutivo y el Grupo Vela mantienen su pugna en sede judicial para dirimir si los empresarios tienen que responder con sus avales personales ante la firma pública Sodercán por el fallido de Fundinorte. A este respecto, mientras el ente regional inició las acciones legales pertinentes para exigir el cobro de las garantías, los dueños de la planta interpusieron demanda para que fueran los tribunales los que resolvieran el conflicto y, en segundo término, demorar el cobro del erario cántabro.

En este sentido, Sodercán se ha apuntado el primer tanto tras una sentencia reciente del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander en la que desestima íntegramente la demanda incidental presentada por Fundinorte para que el crédito del millón de euros de la empresa pública cambiara su calificación al variar los avales personales por hipotecas mobiliarias. El tribunal ha rechazado tal pretensión.

Aún con todo, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santander tiene pendiente decidir sobre otra demanda impulsada por los empresarios.