La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
El Ministerio apunta a un cambio normativo para justificar el aumento, pero los sindicatos creen que hay que poner el foco en la prevención
Las bajas laborales, el absentismo y la siniestralidad en el trabajo son cuestiones que han ido ganando peso en el discurso de administraciones y agentes ... sociales en los últimos tiempos. Desde la necesidad de mejorar la prevención hasta el embudo en la gestión y seguimiento de los casos, el asunto se ha situado como una de las prioridades políticas, empresariales y sindicales. Al crecimiento ya conocido de las ausencias por incapacidad temporal -contingencia común o accidentes laborales- se suma en los últimos tiempos un fenómeno no tan conocido como es el incremento en las incapacidades permanentes. En el caso de Cantabria, desde marzo de 2024 hasta el pasado julio el repunte alcanza el 9,3% al pasar de 12.682 casos a 13.876, una subida de 1.190 personas.
Las fechas no son baladí, pues en marzo de 2024 se produjo un cambio normativo que, según el Ministerio de Seguridad Social, justifica dicha variación en la tendencia, que hasta entonces tenía sentido descendente. Desde el pasado año España tiene más de un millón de incapacidades permanentes más, un alza del 8%, aun así por debajo del aumento cántabro.
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13.876 incapacidades permanentes registraba Cantabria a 1 de julio de 2025.
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17,5 millones al mes le cuesta a Cantabria el pago de dichas incapacidades.
El cambio en la norma al que alude el Ministerio, según avanzó Cinco Días, reposa en una extensión de la edad para convertir a los pensionistas con una incapacidad permanente en pensionistas de jubilación derivada de dicha incapacidad. Esta ampliación pasaba de los 65 años a 66 años y medio. Dicho retraso, aducían desde la Seguridad Social, justifica ese engrosamiento del colectivo.
El Ministerio ha abundado en que la variación «sólo tiene efectos estadísticos» pero la realidad es que de momento la partida de gasto crece. En Cantabria, de media, estas incapacidades suponen a 1 de julio de 2025 1.263 euros. Dicho de otro modo, la factura mensual tras el incremento alcanza los 17,51 millones.
Falta de consenso
Ahora bien, no hay consenso a la hora de afirmar que dicha modificación explique todo ese avance. Desde Mutua Montañesa opinan que «observamos un incremento muy fuerte en los procesos de contingencia común con una duración superior a 365 días de duración. También un incremento en el número de incapacidades permanentes en vigor que suponen una subida del 10,41% de coste, llegando ya a 17,5 millones en Cantabria».
Desde el punto de vista de los trabajadores, Mariano Carmona, secretario general de UGT, cree que «un cambio normativo no puede generar grandes variaciones estadísticas, y más en una cuestión como ésta vinculada a la salud porque, por mucho que se cambie la normativa, las personas afectadas y su salud están ahí después de un largo y penoso proceso para que se reconozca su situación».
A su juicio, «el problema más bien habría que buscarlo en su origen y en una prevención de riesgos laborales en muchos casos no respetada, que infravalora las enfermedades profesionales u olvida los riesgos psicosociales y que no ha evitado que la accidentalidad laboral crezca en los últimos 15 años en Cantabria».
Para Laura Lombilla, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, «el incremento es una realidad preocupante que pone en evidencia la falta de medidas eficaces para proteger la salud y la seguridad de las personas trabajadoras. Desde CC OO consideramos que este aumento no es casual, sino que refleja las condiciones laborales en muchos sectores, donde la precariedad y la falta de prevención son el pan de cada día».
Mercedes Martínez, secretaria general de USO, sostiene que «el relevante incremento obedece a varias causas. Por un lado y la más importante, el cambio legislativo que eleva en 18 meses la conversión de pensionistas por incapacidad permanente a jubilados por esa incapacidad. Otras causas con una clara proyección de aumento son cambios en las condiciones laborales, con mayor estrés, trabajos más precarios, envejecimiento de la población activa y más enfermedades mentales».
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