La industria cántabra de defensa ya sufre en la aduana los reparos de España al comercio con Israel

Las dificultades para aprobar las exportaciones, de hecho, no han aparecido súbitamente en las últimas semanas, a raíz de las declaraciones públicas del Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de calmar a algunos socios como Sumar o ERC. Al contrario, según fuentes conocedoras del mercado exterior y del sector de defensa, las trabas vienen 'in crescendo' desde hace meses. Las tribulaciones cántabras, por ejemplo, arrancan antes de que el 'bloqueo' llegara al debate público.

El nuevo celo supervisor no es una cuestión única de las ventas desde Cantabria, sino que afecta a toda la industria de defensa española. Así lo confirma a El Diario Alfonso Couce, director del Departamento de Derecho Público y Regulatorio y corresponsable del Grupo de Defensa y Aeroespacio de Andersen, despacho que es miembro del Clúster de la Industria de Defensa, surgido y con sede en Cantabria, además de ejercer como asesor legal del mismo.

En su opinión, «la problemática tiene su raíz en el endurecimiento progresivo de los controles sobre el comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, conforme a la Ley 53/2007, su reglamento de desarrollo (RD 679/2014) y el Reglamento (UE) 2021/821. En la práctica, este refuerzo de los controles responde a un contexto internacional en el que se han erosionado las bases del multilateralismo, que tradicionalmente ofrecía un marco más predecible para este tipo de operaciones. Hoy en día, el destino final del material importa, y mucho», detalla.

Porque en la práctica la normativa permite denegar autorizaciones cuando existan indicios racionales de que los productos puedan ser usados para perturbar la paz o la seguridad regional o internacional, exacerbar conflictos, violar derechos humanos o vulnerar compromisos internacionales asumidos por España. La controversia llega, según Couce, cuando «este margen de apreciación subjetiva, aunque jurídicamente válido, puede derivar en paralizaciones sin una base técnico-material clara. Además y quizás por esa erosión del multilateralismo, porque el destino final importa y mucho, se ha observado una expansión reciente de las exigencias de licencia a productos que, hasta hace poco, no requerían o no estaban sometidos a control alguno, lo que ha generado gran incertidumbre entre los operadores».

Para estos casos, los protocolos que siguen despachos como Andersen para desatascar la situación dependen del punto donde se produce la paralización del envío. Si se deniega el despacho en aduanas se puede interponer recurso en vía administrativa (ante el Departamento de Aduanas de la AEAT), alegando la improcedencia del bloqueo y, si procede, justificando que el producto no está sujeto a control. Por otro lado, si lo que se ha denegado es la autorización previa de exportación, cabe recurso de alzada ante el Ministro de Industria y Turismo. La resolución de este recurso puede prolongarse durante tres meses o más, especialmente en casos complejos.

Según el experto, en ambos supuestos, además de los cauces formales previstos es aconsejable mantener un contacto técnico fluido con los órganos competentes, en particular con la Secretaría de Estado de Comercio y, en su caso, con la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, con el fin de facilitar una mejor comprensión del caso concreto y propiciar una resolución diligente. «Ahora bien, aunque estos canales están operativos y en numerosos casos se han conseguido desbloquear situaciones gracias a una adecuada preparación jurídica y técnica de la operación, lo cierto es que la resolución depende en gran medida del tipo de producto, el destinatario y el uso final declarado».

Todo ello deriva en retrasos considerables. «Nos consta que hay envíos paralizados en aduanas desde hace más de tres o cuatro meses, sin resolución clara. El plazo para obtener una licencia de control de comercio exterior puede alcanzar los seis meses, a los que se suma el eventual tiempo de paralización en aduanas si se entiende necesario solicitar dicha licencia una vez la mercancía ya está en tránsito. En la práctica, la demora total puede ascender a siete u ocho meses, con el evidente y significativo perjuicio en términos económicos, contractuales e incluso, en muchos casos, también reputacionales para nuestra industria», lamenta.

millones en ventas exportó Cantabria rumbo a Israel el pasado año.

firmas cántabras exportaron en 2024 hacia Israel; 15 de ellas operan de forma regular.