El juez no acepta la petición de Valoria de reanudar la actividad de la empresa

Pese a las preguntas de El Diario Montañés, desde el Ayuntamiento camargués no han profundizado en este asunto más allá de la información remitida hace unos días, tras el cierre. En dicha explicación, trasladaban desde el equipo de Gobierno encabezado por el popular Diego Movellán que el precinto de la compañía se trataba de una medida avalada por una sentencia firme del juez y ejecutada «tras años con acopios de residuos en el recinto que incumplen lo autorizado en la licencia tanto en volumen como en tipología». Eso unido a «reiteradas quejas vecinales» que han llevado a aplicar esta decisión «que es siempre una mala noticia que cualquier Ayuntamiento quiere evitar, pero la seguridad no es negociable».

Por su parte, desde la empresa insisten en que ahora «la pelota está en el tejado del regidor». En su caso, siguen vinculando el cese obligado de la actividad a los daños causados en la nave producidos en un incendio que tuvo lugar hace tres años, y no al almacenaje de residuos no permitidos. Unas afecciones que, insisten vehementemente, «ya están subsanadas». Por eso mismo, trasladan que ahora el Ayuntamiento debería realizar una inspección que compruebe dichas mejoras y permitir la reapertura del recinto.

Responsables de la empresa aseguran al mismo tiempo que se han mantenido reuniones con la Consejería de Medio Ambiente para intentar fraguar una solución, pero «también nos trasladan que está en manos del Ayuntamiento». Un extremo que, no obstante, no aclaran a preguntas de este periódico desde el Gobierno de Cantabria, que únicamente se limita a afirmar que «hay otras empresas en la región que se dedican a gestionar este tipo de residuos y desde la Consejería estamos trabajando para lograr que se preste el mejor servicio».

No obstante, desde Valoria explican que desde su cierre «estamos recibiendo llamadas de manera continuada, hay preocupación en el tejido industrial porque somos de las pocas autorizadas para la gestión de residuos no peligrosos susceptibles de valorización y con una capacidad tan amplia». Por lo que, resumen, «no hay alternativas inmediatas en la comunidad».

La asociación de Excavadores de Cantabria (Aexca) se pronunció ayer públicamente al respecto en un comunicado en el que remarcan que «esta decisión supone un grave perjuicio para numerosas entidades del sector y restringe mucho el día a día de todas las empresas», por lo que piden a «todas las partes actuar desde el diálogo para restablecer este servicio esencial de forma rápida, segura y respetando la normativa vigente».

Por su parte, desde la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria también han reconocido sentir «inquietud ante esta situación» y aseguran que «estaremos atentos a su evolución». También lo estarán otras empresas industriales como Solvay y Aspla y de transporte, como Hermica y Depuram, que forman parte del listado de clientes de Valoria.