Un «piquete» en el Comité de la Federación de Servicios de UGT motivó el expediente a Cedrún

No es así para la Federación, que tras desvelar El Diario el expediente de expulsión, ha remitido una dura carta a sus afiliados explicando unos hechos que define como «escandalosos» y, más aún, apunta que la salida de Cedrún de UGT es «definitiva», salvo que el último órgano superior, la Comisión de Garantías confederal, o los tribunales, dicten lo contrario.

El área de Servicios Públicos, al que la Comisión Ejecutiva Federal decidió este lunes retirar la Gestora y nombrar presidente a Frederic Monell, secretario de Organización de UGT Servicios Públicos en España; y vocal a Matilde Candel, informa a los militantes que «los escandalosos hechos ocurridos el pasado mes de noviembre en nuestra sede de Camargo han tenido como resultado la suspensión de militancia por seis años de seis afiliados a UGT Servicios Públicos». La Federación lleva meses con una falta total de entendimiento con el resto de órganos de UGT Cantabria.

Sentada esta premisa, la misiva entra en materia, con un «relato detallado y objetivo de lo ocurrido». De entrada, se retrotrae a noviembre, cuando «se convoca en la sede de Camargo un comité regional de UGT Servicios Públicos, con la intención de completar una ejecutiva de la que habían dimitido varios miembros. A la entrada de la sede se había establecido un piquete en el que se identificaron seis personas que, con unas listas inventadas, pretendían controlar la constitución del citado comité, impidiendo que el secretario de organización acreditara a los delegados convocados, como es su cometido. Esto ocurre en presencia de dos miembros de la Ejecutiva estatal, desplazados desde Madrid, que ante la constatación de que no es posible celebrar el comité (que es el máximo órgano entre congresos) y de que no sería posible convocarlo en otra fecha, deciden suspenderlo y denunciar ante nuestro órgano estatal interno de garantías que nuestra federación regional había sido víctima de este piquete, que impidió el ejercicio de un derecho de los delegados».

A iniciativa de la Ejecutiva estatal de servicios públicos se incoa el expediente, además de nombrar una comisión gestora, «como indican los estatutos, para dirigir nuestra federación hasta el congreso ordinario en septiembre», prosigue la misiva.

En la denuncia de la Ejecutiva estatal se consideraron estos hechos como «muy graves». «La Comisión de Garantías estatal se ha tomado un tiempo para examinar la documentación aportada, deliberar y, el 12 de junio, emitir una resolución que convierte en definitiva la suspensión de militancia de estas seis personas. Obviamente esta resolución tiene posibilidades de recurrirse al órgano superior (el último), la Comisión de Garantías confederal, lo cual no impide que la suspensión se haya convertido en definitiva. Aún quedará la posibilidad de acudir a los tribunales ordinarios para aquellos que estimen que no se han contemplado sus posturas. Nuestros estatutos no contemplan ningún otro tipo de reunión o componenda al margen de lo establecido en este procedimiento sancionador», insiste la Federación, que desmiente el discurso de otras fuentes del sindicato, que confiaban en un arreglo en las próximas semanas.

La Federación añade que «existen canales para establecer la discrepancia (alegaciones, impugnaciones...) sin impedir un derecho democrático de unos delegados elegidos y convocados legalmente».

Como cierre, un lamento por el hecho de que «en cuestiones de orden interno haya personas que prefieran hacerlo público antes que reconocer que actuar en contra de nuestras normas tiene consecuencias que son graves e indeseables, máxime si incluyen a personas que tuvieron cierta relevancia en UGT».