La Asamblea francesa suspende la subida de la edad de la jubilación impuesta por Macron

Casi un mes después, el Parlamento ha dado su visto bueno a esta promesa con un sabor amargo para el macronismo. 255 diputados han votado a favor y 146 en contra de la suspensión hasta enero de 2028. La congelación temporal de la subida de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años ha salido adelante gracias a los votos de los socialistas, verdes y de la extrema derecha de Marine Le Pen, mientras que han votado en contra los representantes de la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos), el Partido Comunista, la derecha tradicional de Los Republicanos y de Horizontes (macronistas). La mayoría de los representantes de Renacimiento -partido creado por el jefe del Elíseo en 2016- se ha abstenido.

La heterogénea mayoría de esta tarde resulta un buen ejemplo de los complejos debates presupuestarios, que tienen lugar en la Asamblea y el Senado hasta finales de año. De hecho, el voto de este miércoles no significa la ratificación definitiva de la suspensión de la reforma de las pensiones. Para que esta medida entre en vigor, ambas cámaras deberán adoptar los presupuestos de la Seguridad Social para 2026. Y actualmente Lecornu no tiene garantizada una mayoría que le permita sacarlos adelante.

Pese a este complejo rompecabezas parlamentario, los socialistas han preferido ver el vaso medio lleno. «Debemos suspender (la medida de 2023) para reformar mejor el sistema de pensiones y hacerlo en el marco de un debate democrático», ha defendido Jérôme Guedj en el hemiciclo. Según este representante del PS, la congelación permitirá «reabrir el debate en la próxima campaña presidencial» sobre «la cuestión social, del trabajo y del financiamiento de la protección social». En cambio, otros representantes de izquierdas han considerado insuficiente esta concesión y así han justificado su voto en contra. «Votar a favor de la suspensión temporal es sinónimo de votar a favor de la jubilación a los 64 años», ha dicho la insumisa Mathilde Panot.

El ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, nombrado a mediados de octubre, ha reconocido que «hace falta consenso sobre una cuestión como esta y que resulta complicado imponerse por la fuerza». Estas declaraciones contrastan con el método utilizado hace dos años por el Gobierno de Macron y Élisabeth Borne para subir la edad mínima de jubilación a través de un polémico decreto gubernamental y sin votación en la Asamblea, a pesar de enfrentarse a una oleada de protestas sindicales multitudinarias.

Aceptando la suspensión temporal, Macron evita su derogación como deseaba una mayoría de los diputados en la actual Cámara Baja. Este mal menor, sin embargo, resulta doloroso para el jefe del Elíseo. Le obliga a resignarse con que quede descafeinada la única reforma estructural que ha impulsado durante su más que accidentado segundo mandato. Terminará su presidencia habiendo logrado aumentar la edad mínima de jubilación solo hasta los 62 años y nueves meses, edad en que quedará fijada hasta enero de 2028 cuando volverá a elevar de manera progresiva (tres meses cada año) hasta los 64, salvo que el próximo jefe del Estado opte por una política distinta.

Pese al impacto final moderado de esa reforma -una subida de nueve meses-, ha tenido un coste político muy elevado para Macron. Fue a partir de ese pulso con los sindicatos durante el primer semestre de 2023 cuando su popularidad sufrió una caída significativa. Y actualmente se encuentra bajo mínimos históricos. Apenas el 11% de los franceses confía en el actual jefe del Estado, según sondeos recientes. Un dato que lo convierte en el presidente más impopular en la historia de la Quinta República junto con el socialista François Hollande.