Lágrimas, tensión y rebelión laborista en el Parlamento británico

El resultado pone en entredicho el ascendiente del primer ministro, Keir Starmer, sobre los suyos y abre una incógnita financiera difícil de resolver. El 'premier' intentaba ahorrar 5.775 millones de euros con las reformas sobre las prestaciones sociales. Sin embargo, tras verse obligado a renunciar a esa parte del proyecto legislativo, el Ministerio de Hacienda deberá compensar ahora esa cantidad obteniéndola de otros apartados. Algunos parlamentarios dan por hecho que el Gobierno deberá aumentar los impuestos en otoño.

La presión se ha extendido hasta este miércoles en la Cámara. En una jornada parlamentaria marcada por la tensión política, la incertidumbre fiscal y un inusual episodio emocional en los escaños del Gobierno, la ministra de Economía, Rachel Reeves, se convirtió este miércoles en el centro de atención con un momento que ha dejado al descubierto la fragilidad de un equilibrio político que el Ejecutivo de Keir Starmer intenta preservar a toda costa. En una escena insólita para los estándares del Parlamento británico, Reeves lloró durante la sesión de preguntas al primer ministro, después de ser objeto de duros reproches por parte de la líder conservadora, Kemi Badenoch.

Aunque Downing Street se apresuró a subrayar que Reeves no presentará su dimisión y que cuenta con el respaldo «total» de Starmer, la imagen de la ministra llorando en el banco del Gobierno detrás del 'premier' ha avivado las especulaciones sobre las tensiones internas en el gabinete laborista, tan solo un día después de que los comunes aprobaran una versión descafeinada de la controvertida ley de reforma del bienestar social del Ejecutivo, tras un significativo amotinamiento entre sus propias filas.

La escena se desarrolló bajo el telón de fondo de un repliegue estratégico forzado por la magnitud del descontento dentro del Partido Laborista. El Gobierno se vio obligado a retirar la parte central del proyecto legislativo, que estaba diseñado para ahorrar hasta 5.000 millones de libras anuales de aquí a 2030, pero, según han señalado analistas del Instituto de Estudios Fiscales (IFS), con las modificaciones introducidas, el texto resultante no solo ha sido «completamente vaciado de contenido», sino que, previsiblemente, implicará un coste neto en lugar de un ahorro.

En ese contexto, la líder conservadora Kemi Badenoch, en un tono incisivo, calificó a Reeves de «escudo humano» de una política económica que describió como errática, acusando al Ejecutivo de no tener un plan fiscal coherente tras el viraje legislativo. «¿Puede el primer ministro confirmar que la ministra estará en su cargo en las próximas elecciones?», preguntó Badenoch. Starmer, en lugar de dar una respuesta directa, enumeró una serie de medidas económicas tomadas bajo la gestión de Reeves, evitando la confirmación explícita que le exigía su interlocutora.

Mientras el líder laborista hablaba, Reeves, visiblemente abatida, no pudo evitar el llanto. Angela Rayner, viceprimera ministra y también diputada laborista, pareció dirigirle unas palabras de consuelo. Al concluir la sesión, Reeves fue vista abandonando el hemiciclo acompañada por su hermana Ellie, también diputada laborista y presidenta del partido.

Consultado sobre el episodio, un portavoz del ministerio de Economía declaró escuetamente que el motivo del llanto se trataba de «un asunto personal». Sin embargo, medios británicos como la BBC informaron que, según testigos en los pasillos del Parlamento, Reeves habría mantenido una tensa conversación previa con el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, a raíz de posibles incumplimientos del protocolo parlamentario. Una fuente parlamentaria citada por The Guardian aseguró haber escuchado a la ministra decir: «Estoy bajo muchísima presión».

La naturaleza exacta de esa presión no ha sido confirmada públicamente, aunque se da por descontado que el abrupto giro legislativo en materia de bienestar social ha colocado a Reeves en una posición especialmente delicada. La ministra, que desde el inicio del mandato ha abogado por una política fiscal prudente y ha prometido respetar las reglas fiscales vigentes, se enfrenta ahora al reto de cuadrar las cuentas tras el rechazo de su propio grupo parlamentario a una medida con la que pretendía demostrar disciplina presupuestaria.

La rebelión fue significativa: 49 diputados laboristas votaron en contra del proyecto de ley incluso tras la eliminación del componente más controvertido. Es más del triple del mayor número de deserciones que el Gobierno había sufrido hasta la fecha.

El dilema ahora es evidente: para cumplir sus promesas de inversión en servicios públicos sin incurrir en mayor endeudamiento, una línea roja autoimpuesta, el ejecutivo podría verse obligado a contemplar reformas fiscales, como más subidas de impuestos, que Starmer se negó a descartar.

El proyecto, conocido oficialmente como Universal Credit and Personal Independence Payment Bill, tenía como principal objetivo reformar los criterios de acceso a la prestación por discapacidad conocida como PIP (Personal Independence Payment ), una ayuda económica dirigida a personas con discapacidades o enfermedades crónicas que les dificultan realizar actividades cotidianas. Según la redacción original, a partir de noviembre de 2026 los nuevos solicitantes de esta prestación habrían tenido que alcanzar una puntuación mínima de cuatro puntos en una sola actividad diaria para poder demostrar su grado de discapacidad y acceder al subsidio. En el sistema actual, la puntuación exigida es de ocho puntos, pero puede distribuirse en varias tareas, lo que permite reconocer formas más complejas de limitación funcional.

La reforma despertó una oposición inmediata dentro del propio Partido Laborista, especialmente entre los diputados del ala más progresista. Estos acusaban al Gobierno de promover un recorte encubierto de derechos, bajo el argumento de la contención del gasto público, y alertaban del posible impacto negativo que tendría sobre miles de personas vulnerables. Una de las principales voces críticas fue la diputada Rachael Maskell, que llegó a presentar una enmienda para tumbar por completo el proyecto de ley. Aunque esa enmienda fue rechazada, recibió el apoyo de 149 diputados, una cifra significativa que refleja la profundidad del malestar dentro de las propias filas laboristas.

Ante la amenaza de una rebelión que habría comprometido no sólo la viabilidad del proyecto, sino también la autoridad del primer ministro y la cohesión de la mayoría parlamentaria, el gobierno optó por una rectificación sustancial. En una intervención inesperada durante el debate en los Comunes, el responsable de Discapacidad, Stephen Timms, anunció que se retiraba por completo la cláusula del proyecto que establecía los nuevos criterios de elegibilidad para el PIP. Según explicó Timms, los cambios no se introducirán hasta que se haya completado una revisión exhaustiva del sistema de evaluación, revisión que él mismo liderará.

«Durante este debate, diputados de todos los grupos han expresado su preocupación de que los cambios al PIP se estén proponiendo antes de que se conozcan las conclusiones de la revisión que encabezaré», afirmó Timms en la Cámara de los Comunes. «Hemos escuchado esas preocupaciones y, por ello, puedo anunciar que eliminaremos la cláusula cinco del proyecto durante su paso por comité. Procederemos directamente con la revisión más amplia, y solo haremos cambios a los criterios del PIP una vez que esa revisión haya concluido».

La decisión fue interpretada por muchos como una capitulación del Ejecutivo de Keir Starmer ante la presión parlamentaria. El diputado conservador Stuart Anderson llegó a ironizar que Timms estaba haciendo un «trabajo admirable defendiendo lo absurdo», en alusión al giro del último minuto que desactivó una parte fundamental del proyecto. Otros diputados calificaron el proceso de «lamentable» y «caótico», mientras que varios sectores de la prensa británica hablaron directamente de una «farsa legislativa».

La modificación se suma a una concesión ya anunciada la semana pasada: que todos los beneficiarios actuales del PIP seguirán recibiendo sus ayudas sin cambios, de modo que cualquier endurecimiento futuro afectará únicamente a los nuevos solicitantes. Esta salvaguarda fue clave para que algunos diputados laboristas que inicialmente se oponían al texto retiraran su rechazo y permitieran la aprobación del proyecto en una versión muy diluida.

El resultado supone una agridulce victoria parlamentaria en términos formales para el Gobierno, y deja una estela de interrogantes políticos y estratégicos. La oposición no provino únicamente de la bancada laboral: varias organizaciones sociales, incluidos grupos como Scope, que defienden los derechos de las personas con discapacidad, criticaron con dureza la falta de claridad del proceso y advirtieron que los cambios propuestos, incluso si se aplazan, generan incertidumbre y ansiedad entre los potenciales afectados. La fundación Resolution Foundation, especializada en políticas sociales y fiscales, apuntó que los posibles recortes proyectados inicialmente habrían empujado a unas 150.000 personas más hacia la pobreza, mientras que el ahorro presupuestario ha quedado seriamente comprometido. De los 4.800 millones de libras que se esperaban ahorrar con la reforma inicial, ya sólo quedarían menos de la mitad, y con la retirada de las cláusulas más restrictivas ni siquiera eso está garantizado.

Desde el Gobierno se insistió en que el rechazo no representa una derrota, sino una muestra de responsabilidad y de escucha activa ante las preocupaciones de los ciudadanos y sus representantes. Sin embargo, expertos como Rob Ford, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Manchester, apuntan que es muy poco habitual que un primer ministro con mayoría absoluta tenga que renunciar tan rápidamente a una de sus reformas más importantes. «Esto revela una falta de preparación política y técnica para gestionar temas sensibles dentro de una mayoría heterogénea», afirmó Ford en declaraciones recogidas por la prensa británica.