Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga

La trepidante jornada judicial acabó con el actual diputado del Grupo Mixto saliendo en solitario de la sede del alto tribunal con las mismas medidas cautelares con las que entró: prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales para fichar ante un órgano judicial. Su cara de alivio tras recoger el auto que confirmó su libertad después de tres largas horas de espera era el de un tenista que salva una bola de partido.

Ello pese a que la resolución de nueve páginas introduce una seria advertencia del instructor con vistas a futuro: los graves delitos se mantienen, el primer juicio por la causa de los contratos de las mascarillas está cada vez más cerca y los indicios son cada vez más «robustos» de que Ábalos movía «cantidades importantes de dinero opaco, tal vez en metálico». Un escenario que abre la puerta a que el juez, más pronto que tarde, probablemente cuando procese al exdirigente socialista por esta pieza principal de la causa, pueda adoptar «medidas cautelares más gravosas», en clara referencia a su posible ingreso en prisión preventiva.

En este sentido, el magistrado, pese al silencio del imputado, hizo suyo nuevamente el criterio del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, en esta suerte de concierto común para seguir sosteniendo la tesis acusatoria del procedimiento tanto en la causa de las mascarillas como en la pieza separada de los contratos de obra pública. Es decir, que Ábalos recibió dádivas del empresario Víctor de Aldama en el primer caso y que se benefició, siempre presuntamente, de las mordidas que repartiría Santos Cerdán de manos de empresarios adjudicatarios del Ministerio de Transportes en el segundo asunto.

Ayer, el mismo fiscal que abrió la puerta al encarcelamiento el pasado 30 de junio de Cerdán, quien fuera sustituto de Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE, rechazó emprender el mismo camino para Ábalos. Ello pese a reconocer en la vistilla de medidas cautelares, celebrada tras la breve comparecencia del exministro, que los indicios delictivos son cada vez más contundentes y que existe un «creciente» riesgo de fuga, aunque no lo suficiente para privar de libertad al exdirigente socialista.

El PP, en nombre de ocho de las nueve acusaciones populares personadas, reclamó sin éxito la prisión incondicional o, de forma subsidiaria, el abono de 650.000 euros para eludirla. Su abogado, Alberto Durán, argumentó para defender su postura de máximos el riesgo de reiteración delictiva y la posible destrucción de pruebas, habida cuenta de que el parlamentario sigue sin revelar el origen de ese supuesto patrimonio oculto que movía.

En suma, Ábalos decidió no responder a ningún tipo de pregunta ya que, adujo en un breve intercambio con el juez de apenas unos minutos, se «siente indefenso» después de que el lunes rompiera definitivamente con su abogado, José Aníbal Álvarez, por pérdida de confianza y solicitara un letrado de oficio mientras busca a uno de su interés. «El fraude de ley, su señoría, hubiera sido haber renunciado al acta de diputado», vino a contestar ayer al juez para poner en contexto las diferencias «irreconducibles» con su antiguo defensor, presente en el acto por orden también del instructor Puente.

El motivo es que Álvarez, según las fuentes consultadas, trató sin éxito de que su cliente recapacitara, reconociera los hechos para aliviar una futura y posible condena y dejara su acta de parlamentario. Una propuesta que Ábalos rechazó de plano y que hubiera supuesto la pérdida del aforamiento, de sus ingresos como diputado y que la causa pasara del Supremo a la Audiencia Nacional, donde otro juzgado instruye las ramificaciones del 'caso Koldo', por la pérdida de competencia de la Sala Segunda del alto tribunal para continuar con el caso.

Ayer, el juez tomó nota de que las prisas no son buenas consejeras para solventar una situación inaudita, agravada tras su auto del martes en el que obligó a comparecer a un investigado del calibre de un aforado que horas antes le había notificado la ruptura con el abogado. Quizá Puente fue consciente de la delgada línea roja en la que se movía con esta decisión, criticada desde sectores jurídicos por la vulneración del derecho a recibir una defensa «real y efectiva», tras escuchar al letrado Álvarez reconocerle que no estaba en posición de asesorar a su excliente y que no se había preparado el interrogatorio. Hoy le toca el turno a Koldo García, quien fuera asesor ministerial de Ábalos.