El exjefe de Acciona justifica los pagos por servicios a Servinabar y niega mordidas a Cerdán

El peso de las comparecencias lo llevó Justo Vicente Pelegrini, director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la compañía cesó y canceló todos los contratos con Servinabar tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ponía en el foco varias obras adjudicadas a la UTE.

El investigado declaró por espacio de hora y media y al finalizar su intervención la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez la imposición de medidas cautelares, que éste aceptó. Se trata de la retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en una sede judicial. Las acusaciones populares unificadas en el PP se han adhirieron a la petición, mientras que la defensa lo rechazó.

Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, Pelegrini contestó al juez, al fiscal y a las defensas sobre los contratos con la empresa de Antxon Alonso, Servinabar, y el papel de Santos Cerdán en las dos reuniones a tres bandas identificadas por la UCO en su último informe.

En líneas generales, justificó los memorandos firmados con la mercantil navarra dentro de la UTE y el pago de una media del 2% del total de los contratos por los servicios prestados por aquella, que el investigado consideró reales. Negó que se pactaran comisiones ilegales con Alonso y con Cerdán y, sobre las reuniones mantenidas con ambos en primavera de 2019, las enmarcó en la amistad que mantiene con el primero. Unas citas a las que se unió el exdiputado socialista para valorar como «un agente social más», describió, el impacto económico que las adjudicaciones iban a tener en Navarra, la circunscripción a la que representaba Cerdán.

El magistrado también interrogó este miércoles a Tomás Olarte, responsable de la zona norte de Acciona Construcción y subordinado de Pelegrini. Olarte, suspendido temporalmente de sus funciones, negó el pago de mordidas para ir en UTE con Servinabar y aseguró que esta empresa prestó los servicios acordados para la prevención de riesgos laborales. También negó conocer a Cerdán. Al igual que su exjefe, el juez le impuso las mismas medidas cautelares. La comparecencia de otro investigado, Manuel José García Alconchel, responsable de la zona sur de la constructora, se pospuso al 15 de diciembre porque su abogado no podía acudir este miércoles a la cita en el alto tribunal por motivos de salud.

Según consta en las pesquisas, Cerdán llegó a ser propietario del 45% de las participaciones de Servinabar en 2016, cuando estuvo a punto de dejar la política, junto a su socio y «amigo» Antxon Alonso y, posteriormente, a un tercer socio (al 4%) que la policía judicial identificó como Jon Aritz Santamaría.

De acuerdo con los investigadores, la relación entre Servinabar y Acciona comenzó en 2015 a raíz del proyecto de Mina Muga (Navarra). De hecho, la UCO no solo sitúa ahí el origen de la UTE sino de la presunta trama de comisiones, una de las dos causas que investiga el instructor del Supremo (la otra versa sobre la compra de mascarillas en plena pandemia, en la que están procesados el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el «conseguidor» Víctor de Aldama).

Los agentes precisan en su último informe que Acciona y Servinabar firmaron ese año, a los pocos días de constituirse esta última, un acuerdo marco para «explorar futuras oportunidades de negocio» por el que la segunda mercantil se llevaría un 2% por los servicios prestados en el contrato. Ese acuerdo fue suscrito por Pelegrini, por parte de Acciona, y Alonso, en nombre de Servinabar. La UCO relata que la relación empresarial se canalizó a través de ambos pero también de Cerdán, Olarte y García Alconchel.

Acciona Construcción ha negado «pagos de facilitación» a ninguna de las personas señaladas en la causa, indicando que se reserva el derecho a ejercer las acciones legales oportunas si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo para la compañía como consecuencia de la actuación de los investigados o de cualquier otro.

Los investigadores también aluden a obras desarrolladas por la UTE: una autovía en Logroño, la reforma del puente V Centenario en Sevilla y el tren de Sant Feliú (Barcelona), cuyas adjudicaciones sumaron más de 245 millones. La UCO explica que tanto Olarte como García Alconchel figuran como firmantes de los Memorándum de Entendimiento que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar al hilo de dichas adjudicaciones.

En la causa consta investigado otro exresponsable de Acciona Construcción, Fernando Merino, a quien la UCO achaca una estrecha relación con Koldo que habría repercutido en las supuestas adjudicaciones irregulares a la UTE. Además, el instructor cree que también se habría beneficiado de ello la constructora OPR, perteneciente a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, los cuñados de Merino, igualmente investigados.

Puente ordenó registros en los domicilios de Merino y sus cuñados, así como de Pelegrini y sedes de Acciona y OPR a través de dos operativos, el último acometido este mismo noviembre. Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden «al menos» a 6,7 millones de euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8,9 millones.

La UCO identifica como claros beneficiarios de la presunta trama a Cerdán y su familia, mediante el cobro de nóminas, el pago de alquileres hasta octubre de 2019 y una tarjeta de crédito de la que se pudieron gastar más de 33.000 euros entre 2018 y 2024. En total, unos 180.000 euros en ocho años.